La Junta informó que hace seguimiento permanente a la anunciada imputación y que tomará decisiones oportunas para salvaguardar la gobernanza y sostenibilidad financiera de la compañía.
La Junta Directiva de Ecopetrol expresó su respaldo institucional al presidente de la compañía, Ricardo Roa, luego de que la Fiscalía General anunciara su llamado a indagatoria, y confirmó que desde 2024 activó un protocolo interno para evaluar de manera rigurosa el caso.
En un comunicado fechado el 19 de febrero, el máximo órgano de gobierno señaló que hace “seguimiento permanente” a la anunciada imputación y que, en cumplimiento de su deber fiduciario —establecido en la Ley 222 de 1995, la Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno— mantiene un proceso de debida diligencia orientado a analizar eventuales implicaciones para la empresa.
El protocolo contempla el requerimiento formal de información tanto al presidente de la compañía como a las autoridades competentes. Según la Junta, Roa ha mantenido informada a la alta dirección en virtud de su deber de lealtad, mientras se desarrollan los procesos internos dentro del sistema de gestión de cumplimiento de la petrolera.
La Junta Directiva subrayó que respeta la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso del directivo. Asimismo, indicó que continuará el monitoreo de la situación con el fin de adoptar, de manera oportuna, las decisiones que correspondan para salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de todos los colombianos.
En su pronunciamiento, el órgano reiteró su compromiso con la confianza de los inversionistas y los grupos de interés, así como con la sostenibilidad financiera, los valores corporativos y la gobernanza de Ecopetrol, la mayor compañía del país y principal actor del sector energético colombiano.
Los procesos de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente la audiencia de imputación de cargos contra Barragán por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y por la compra de un inmueble en Bogotá.
La solicitud se estructura en dos líneas de investigación, una de carácter electoral y otra de índole patrimonial, ambas referidas a hechos previos y posteriores a su llegada a la presidencia de la petrolera estatal.
En el primer frente, la Fiscalía imputará a Roa por el presunto delito de violación de los topes de financiación de campañas, en su calidad de gerente de la campaña Petro Presidente 2022. Esta actuación se deriva de las conclusiones del Consejo Nacional Electoral, que determinó una presunta superación de los límites legales por más de $5.000 millones entre la primera y la segunda vuelta presidencial.
El segundo proceso judicial está relacionado con la compra del apartamento 902, ubicado en el sector del Museo del Chicó, en el norte de Bogotá. Según la Fiscalía, el inmueble habría sido adquirido por $1.800 millones, un valor que estaría presuntamente por debajo del precio comercial, lo que dio lugar a una investigación por posible tráfico de influencias.
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