La Contraloría y el Carf advierten por el lío fiscal que deja el gobierno Petro. El gobierno reconoce que el ajuste requerido es de $60 billones.
La Contraloría y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advierten por el lío fiscal que deja el gobierno Petro. El actual ministro de Hacienda reconoce el problema.
Aunque la confusión sobre la situación fiscal de Colombia es total, hay un punto de convergencia entre todos los incumbentes: el hueco financiero del Gobierno Central es enorme.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la culpa no es de la administración Petro, que “ha tenido que enfrentar durante estos cuatros años un esfuerzo de asfixia fiscal por parte del Congreso de la República y por decisiones que tomaron las Altas Cortes que han impedido la recaudación de ingresos tributarios por cerca de $61 billones”.
La situación parece ser mucho más preocupante, inclusive de lo que dice Ávila. La Contraloría General de la República advirtió la semana pasada que está “pendiente la financiación de cerca de $303 billones, equivalente al 54,5 % del presupuesto, lo que representa un importante desafío para garantizar su financiamiento en 2026”. La pregunta cómo es que el nuevo gobierno va a atender semejante problema.
Las razones de la Contraloría
El diagnóstico del ente de control apunta a varios aspectos. Primero, el recaudo tributario viene cayendo. Dice la Contraloría que “la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo reconoce que no se alcanzará la meta inicial de recaudo tributario para 2026, prevista en $321,46 billones, y la ajusta a $294,28 billones. No obstante, la Contraloría identificó que, con corte al 16 de junio, el recaudo tributario asciende a $138,17 billones, lo que evidencia, por ahora, un déficit de $32 billones”.
El segundo aspecto de preocupación para la Contraloría es que el hueco se ha venido tapando con deuda: “Se evidencia una aceleración en la colocación de deuda, pues, con corte a junio de 2026, se ha comprometido el 76% del cupo de endeudamiento de largo plazo, equivalente a $64,79 billones, frente a $47,28 billones comprometidos en el mismo periodo de la vigencia anterior”.
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Además de advertir sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas para el mediano plazo, la Contraloría señaló que está monitoreando el tema por cuenta de la Función de Advertencia emitida en abril pasado debido al manejo de la política de endeudamiento.
Otros diagnósticos: El Carf
Otra instancia que ha venido advirtiendo sobre el desafiante panorama de las finanzas públicas es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
En el más reciente análisis sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo, esta entidad independiente señala que en 2026 el país alcanzará un saldo de deuda pública neta de 61% del PIB, la más alta en la historia del país. Además, el déficit fiscal total alcanzará el 7,4% del PIB, “claramente insostenible”. Sin medidas de ajuste inmediatas, el Carf ve un déficit primario cercano a 4,3% del PIB.
Definitivamente, el asunto es que el ajuste queda en las manos al próximo gobierno que ya está encendiendo las alarmas porque le va a tocar lidiar con una situación de las finanzas públicas que solo hemos visto en dos oportunidades en la era moderna en Colombia: la transición entre el Gobierno de Ernesto Samper y Andrés Pastrana en 1998 y la crisis fiscal originada por la pandemia de 2020. La salida es clara: un ajuste draconiano cercano a los $60 billones que mencionó el Gobierno Petro y una nueva reforma tributaria.
¿Cómo llegamos aquí?
La crónica de este problema fiscal es muy simple. Si bien el gobierno Petro se queja por la actuación del Congreso de la República y las Altas Cortes, es claro que el manejo de las finanzas públicas ha sido al menos heterodoxo y flexible.
Lo primero que es necesario advertir es que el gobierno Petro ha contado con recursos más que suficientes para adelantar sus programas de gobierno. Solo un ejemplo, los ingresos tributarios que representaron en 2025 el 14,7% del PIB, al alcanzar un monto de 294,4 billones de pesos. Esto representa un incremento de 10,3% frente a la vigencia anterior, lo que significa un crecimiento real de casi 5%. En 2025, el recaudo tuvo una caída de 4% por problemas en la gestión tributaria y en 2023 se sintió el impacto positivo de la megarreforma tributaria que el Congreso le aprobó al entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. En ese año el recaudo tributario creció 22%. La conclusión clara es que el Gobierno Petro no tuvo problemas de ingresos por la falta de decisión del Congreso.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, asegura que el Legislativo no le autorizó el año pasado la Ley de Financiamiento, que es una reforma tributaria atada a un año específico y para cubrir necesidades presupuestarias específicas. Eso es lo que explica el lío fiscal que deja el Gobierno Petro. Sin embargo, cabe recordar que el mismo Congreso o la Corte Constitucional les ha negado leyes de financiamiento a otros gobiernos como el de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Petro no ha sido la excepción en este frente.
Por eso, el argumento de quienes creen que la administración saliente ha sufrido de voracidad fiscal es válido: mientras que otros gobiernos han podido lidiar con problemas fiscales complejos, el Gobierno actual agudizó los problemas al negarse a implementar ajustes efectivos en las finanzas públicas por la vía de recortes en el gasto.
Al ministro Germán Ávila le asiste la razón: “hay un problema fiscal en el país”, dijo recientemente en rueda de prensa en la Casa de Nariño. Eso se expresa en “un déficit primario y un déficit fiscal que debe ser atendido por el nuevo gobierno”.
El país y los mercados están pendientes de los anuncios que haga el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, a quien le tocará lidiar con el lío fiscal que deja el Gobierno Petro. Esto significa una enorme presión para llevar nuevamente las finanzas públicas por una senda de estabilidad y saneamiento.