Pese a las controversias que se han revelado en los últimos días en torno a la reforma a la salud, los partidos han concordado en la necesidad de un proyecto que haga ajustes al sistema. No obstante, aún hay que esperar a ver si habrá cambios en el articulado antes de los próximos debates.
La jornada de hoy puede calificarse como sorpresiva, y es que a pesar de los múltiples enfrentamientos entre los partidos de coalición ante los reparos del Partido Liberal, Conservador y la U con el proyecto de reforma a la salud, hubo consenso entre las colectividades más cercanas a la administración de Gustavo Petro para darle una nueva oportunidad a la iniciativa.
Y es que luego de que la Comisión de Ética avalara el debate de la reforma a la salud, se procedió a revisar la ponencia negativa al proyecto, presentada por los representantes Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, y Betsy Pérez, de Cambio Radical. Dicha propuesta recibió 17 votos negativos y solo cuatro a favor, por lo que fue archivada.
Al respecto, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró a Forbes que es una votación “muy favorable” que permitirá iniciar discusión de la ponencia mayoritaria, que podría tener lugar el 25 de abril. No obstante, enfrenta una carrera contra el tiempo si se tiene en cuenta que el plazo para tomar decisiones sobre el futuro del proyecto, que de momento logró un segundo aire en medio de las tantas polémicas que han surgido en los últimos días. De momento no hay fecha asignada para ese debate.
Cabe destacar que la discusión en la Comisión Séptima tuvo una amplia representación del gabinete de Gustavo Petro. Además de Corcho y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien se desempeña como presidenta encargada en ausencia del mandatario, también hicieron acto de presencia Jorge Ignacio Zorro, jefe de la cartera de Cultura, Germán Umaña de Comercio, Irene Vélez de Minas, Catalina Velasco de Vivienda, Sandra Urrutia de MinTic y Alfonso Prada de Interior.
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Este último, también vocero del gobierno, se refirió brevemente a los medios presentes en el recinto sobre el desenlace del debate y aseguró que “vamos avanzando”, teniendo en cuenta que los congresistas de los partidos Liberal, Conservador y la U votaron negativo a la ponencia del Centro Democrático y Cambio Radical.
A pesar de ello, todavía varios temas que aún son objeto de controversia dentro del proyecto de reforma y que serán tratados en el próximo debate. Uno de ellos tiene que ver con la poca claridad que hay en el rol de las EPS o ‘gestoras de vida’, además de la forma en que serían financiadas junto con aspectos como la alta y media complejidad. Al ser preguntada por estos temas, Corcho agregó que se revisará de acuerdo a lo registrado en la enmienda del proyecto 339 que se dio a conocer hoy y que cambió mucho frente a la ponencia inicial, por lo que “ya hay un nuevo texto qué hay que revisar y discutir”.
Lo cierto es que la ministra se ha destacado por su silencio durante los debates de esta semana y después de los mismos, que tuvieron lugar ayer y hoy. En ambas oportunidades ha salido fuertemente escoltada de la sala de discusión, dedicando breves segundos a los medios de comunicación para dar impresiones del cierre de los debates. Dentro del recinto, su silencio ha sido protagonista, e incluso abandonó la sala por unos 30 minutos junto con la ministra de Vivienda durante la jornada de hoy.
Todo mientras los representantes de la Comisión dejaban en claro que hay consenso frente a la necesidad de una reforma a la salud que permita garantizar un acceso primordial a un servicio considerado como derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia. No obstante, más importante que el qué, es el cómo, y lo dejaron claro desde la bancada de gobierno, y sobre todo, desde la oposición.
Reforma sí, pero no así
Corzo empezó a exponer su ponencia negativa a las 2:00 p.m., pese a que el debate estaba citado para las 10:00 a.m., y reiteró que su partido está de acuerdo en que debe haber una reforma y mejoras al sistema de salud. Al respecto, recalcó que tanto su colectividad como los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador y la U, junto con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), se han encontrado en debate constante para llegar a un arreglo.
“Este debe ser el camino para buscar un fin común: erradicar de raíz lo que ha impedido que los ciudadanos carezcan del acceso a un derecho fundamental”, dijo el congresista en medio de su sustentación.
Si bien la ponencia del Cambio Radical y el Centro Democrático está de acuerdo con que haya una mayor inversión en red pública, la construcción de centros de atención primaria (CAP), actualización de sistema de información, mejoría de condiciones laborales para los trabajadores de la salud y eliminar barreras de acceso, como las cuotas moderadoras, se oponen a lo que ellos llaman una “estatización burocrática del sistema”, pues consideran que hasta el dia de hoy no hay viabilidad financiera en el proyecto.
Por ello, solicitaron certificar la respuesta de derecho de petición del Centro Democrático al Ministerio de Hacienda, que no ha llegado a la fecha, para tener claridad sobre el impacto fiscal y lo que va a costar esa reforma. “Es muy riesgoso a la hora de asumir responsabilidad de algo que no sabemos cuánto va a costar”, dijo Corzo.
El representante también hizo varias peticiones en su sustentación, como mantener el sistema mixto, que funciona con temas como la afiliación, aseguramiento y prestación acorde a necesidades de los colombianos. A su vez, subrayó que no es una postura positiva desconocer avances de 30 años después de la ley 100 en materia de cobertura, que llega a casi 99%. “No permitirle al ciudadano decidir o elegir quien va a ser su prestador es restringir libertades. Hay EPS a las que se les debe seguir a lupa pero otras hacen bien su trabajo”, acuñó.
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Otro de los temores que citó Corzo fue la sobrecarga que tendría la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en sus funciones, obligando al ministerio a llevar a cabo una excesiva contratación de personal. Además, recalcó que no hay seguridad de que pueda responder con lo que se le pide. “Quieren que haga el pago directo de las facturas del sistema al mes. Con 50.000 del SOAT no ha podido, imaginense cuando reciba más de dos millones”, sentenció.
Por su parte, Pérez sostuvo que el trámite actual de la reforma no es adecuado, pues a su juicio se debe hacer a través de ley estatutaria y no ordinaria, aunque reconoció que este es un aspecto que debería dirimir la Corte Constitucional. Y es que el proyecto del gobierno modifica aspectos esenciales del derecho a la salud, como la libre escogencia, pero también puntos estructurales en temas de movilidad, funciones de entidades aseguradoras y elementos inherentes a formas de acceder a los servicios.
“En 1993, la salud no tenía rango constitucional de derecho fundamental y por eso podía hacerse en ley ordinaria. Tan importante es esta reforma que requiere mayoría calificada, pero ahí será la Corte Constitucional la que decida qué trámite le dará el congreso”, dijo.
Para la representante, también es preocupante que la ponencia asigne competencias y funciones al Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 119, además de que define una transición de dos años en las EPS para entregar afiliados y subrogar contratos. A su juicio, este último aspecto va a ser muy difícil, sobre todo porque “llevamos 15 años en este proceso en Barranquilla”, ciudad natal de la congresista de Cambio Radical.
“Lo que puede pasar en esos territorios con grandes poblaciones es grave si se hace borrón y cuenta nueva. Ha habido procesos interesantes donde además se puede aprender, pero puede haber una fragmentación de la salud. Y es que las direcciones territoriales de salud no llegan a 80% del cumplimiento en el país, con algunas que no alcanzan ni siquiera 30%”, aseveró.
El debate
Al término de la sustentación de la ponencia negativa, la coordinadora ponente de la reforma y representante de la Alianza Verde, Martha Alfonso, rescató que hay puntos en común entre las bancadas de gobierno y la oposición, como la necesidad de un sistema de información robusto y la utilidad de los centros de atención primaria (CAP). “La reforma del gobierno contiene factores estructurales que pueden transformar el sistema de salud. Ustedes coinciden en que la reforma debe ser profunda”, aseveró.
No obstante, contradijo a sus colegas del Centro Democrático y Cambio Radical asegurando que la reforma no desfinancia la mediana y alta complejidad, sino que garantiza que los recursos de la salud tengan una destinación específica y se complementen con los recursos nacionales que manejaría la Adres. Esta explicación no dejó satisfechos a algunos congresistas como el representante del Partido Conservador, Gerardo Yepes, quien también firmó el texto original como ponente, pero no la nueva versión, pues a su juicio “deben definirse los parámetros. El texto es solo letra, pero le falta operatividad“.
Con esto en mente, la propuesta del Gobierno ha sido considerada por miembros de la oposición como un desbarajuste institucional grave, sosteniendo el argumento de que la reforma debe pasar como ley estatutaria. El representante del Centro Democrático, Carlos Edward Osorio, citó el trámite de la Ley 1751 de 2015, cuyo artículo 6 apuntaba a la libre elección, mientras que el 13 propone una red de servicio. Dichos elementos no estarían claros en el texto de reforma a la salud.
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Sin embargo, la representante del Pacto Histórico, Maria Fernanda Carrascal, recalcó que “esta no es una ley estatutaria y ya lo resolvió la mesa directiva”, y sostuvo que la Ley 1751 de 2015 se desarrolla con esta reforma, por lo que “el proyecto está blindado”. También concordó con Alfonso reconociendo que “tenemos tanto en común que debemos mejorar el proyecto en vez de cambiarlo”.
Carrascal también se refirió a los trabajadores de la salud, y sostuvo que la reforma plantea una línea de trabajo decente para ellos al establecer lineamientos generales del régimen y política laboral, puntualizando que debe ajustarse a los estándares internacionales, especialmente los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Se deben incluir criterios para mejorar las condiciones laborales garantizando que sean justas y dignas, así como la educación continua y actualización de los y las trabajadoras”, añadió.
Al respecto, detalló que el gobierno formulará e implementará incentivos para los planes de la salud en las zonas rurales y remotas. Además, comentó que todos los agentes de la salud deben pagar oportunamente los servicios prestados a las IPS para que puedan pagar las obligaciones laborales, que tendrían prioridad sobre cualquier otro pago. En cuanto a los médicos residentes, afirmó que deben ser vinculados a término fijo como trabajadores de la salud, así como reconocerles el apoyo de sostenimiento educativo.