Desde el sector universitario se ha hecho un llamado al Gobierno para que responda a temas clave sobre cómo debe cambiar la educación superior en el país. Estas son sus peticiones.
Lo dicho por la ministra de Educación, Aurora Vergara, al diario El Tiempo en pasados días, muestra toda la razón al haber afirmado que “nuestra educación es un derecho”, como bien lo estableció la Constitución Política de 1991, pero que se distorsionó en la Ley 30 de 1992 cuando la declaró como un “servicio”.
La apuesta del gobierno de impulsar una reforma integral a la Ley 30 parece apuntar a una interpretación que lleve, por un lado, a reformar sus artículos 86 y 87, en el corto plazo (legislatura que inicia), para mejorar la situación financiera de las universidades públicas, ampliando aspectos como mejora en el bienestar de los estudiantes, entre otros, y de otro lado, afianzar el derrotero de una nueva ley que abarque todos los ámbitos, desafíos, públicos y objetivos que la conviertan en una verdadera política pública, que responda a todas las necesidades y expectativas que la sociedad colombiana tiene pendiente como desafío en todo su sistema educativo.
Es vital no olvidar el reiterado e imperativo llamado del sector universitario para que una nueva ley integral se ajuste a los nuevos tiempos y responda a temas neurálgicos para lo que debe ser una educación superior a la altura del país que todos soñamos.
Debe entenderse que una reforma mirada solo desde lo gubernamental se quedaría corta, tal y como ha pasado en otros gobiernos. Atender las expectativas de solo unos grupos de interés identificados con la ideología del gobierno de turno, hoy ya no es viable, y se puede correr el riesgo de desorientar al país sobre el enfoque de su educación en general, y de la superior en particular.
Baso mi opinión en hechos reales y en toda una vida dedicada a la educación superior. Como rector, diariamente palpo el sentimiento de un país que se aferra a una educación superior que, además de acceso y financiamiento, demanda calidad, pertinencia, empleabilidad, análisis crítico del contexto y visión global de las realidades socioculturales, y que anhela un mejor país para nuestros hijos, con bienestar solidario y extendido. Una revisión de la Ley sólo orientada en los temas mediáticamente planteados, no aseguran que esto último se dé.
La UNAD, que orgullosamente oriento hace cerca de dos décadas, tiene mucho que aportar. Si no fuera por esta Universidad, cientos de miles de colombianos no se habrían podido cualificar y mejorar su entorno. De 300 instituciones de educación superior, la sola matrícula de la UNAD supera hoy los 200 mil estudiantes. Ninguna otra tiene la cobertura nuestra, en más del 90 % de municipios, con estudiantes de todos los niveles socioeconómicos.
A propósito de la reforma, con representantes de la UNAD, de todos los estamentos y regiones, coincidimos en realizar un “Manifiesto al País”, en el que pedimos tanto al Presidente como a la Ministra que el análisis de una verdadera “propuesta de reforma integral a la Ley 30 de 1992”, parta de los siguientes diez principios:
- Que articule una sola ley, estatutaria, para todas las instituciones en todos los ciclos y niveles de la educación.
- Que exista un previo consenso nacional sobre los propósitos y fines de un sistema educativo integral.
- Que la educación superior se piense y gestione con la educación inicial, básica y media, la formación para el trabajo, y las demás modalidades y ofertas.
- Que fomente la democracia, los valores constitucionales, las prácticas de innovación y de emprendimiento, y se privilegie el orgullo del ser colombiano.
- Que haya proyectos innovadores que reconozcan el contexto social y económico de los educandos.
- Que proteja la autonomía en todos los niveles e instituciones.
- Que en todos los procesos asegure el respeto por la diversidad y la inclusión.
- Que en la creación de nuevas instituciones garantice un desarrollo sostenible y sustentable de comunidades, territorios, y micro territorios.
- Que la conectividad y las nuevas herramientas informáticas sean connaturales a todas las instituciones.
- Que la financiación estatal parta del principio de equidad y reconocimiento de esfuerzos, condiciones y logros de las instituciones.
El texto completo de “La UNAD propone una reforma integral de la Ley 30 que responda a la educación que necesitamos y esperamos los colombianos y colombianas“, se puede leer aquí.
Acompañaremos al Gobierno en la ruta que encamine, para garantizar que este derecho vital para la sociedad determine una institucionalidad que actúe como pilar central de una ley concebida desde la educación inicial hasta la superior.
Porque es una responsabilidad de todo el sector educativo afianzar en sus egresados comportamientos que tomen como bandera el valor moral y la ética en la construcción de una nación próspera y equitativa que sepa distribuir sus grandes riquezas y brinde oportunidades ciertas de buena educación a todos los connacionales.
Por: Jaime Alberto Leal Afanador*
*El autor es rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.
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