Aunque el fantasma del racionamiento parece hoy más lejano, el país enfrenta retos estructurales como la lenta ejecución de nuevos proyectos, el alto costo de las tarifas, la delicada situación financiera de las comercializadoras y la falta de una hoja de ruta para la Transición Energética.
“Estamos volando por instrumentos”, advierte con acidez el ex ministro Amilkar Acosta Medina al resumir, en el Foro de Energía Forbes 2024, la coyuntura del sector minero energético.
De hecho, este analista no duda en afirmar que -tal como ocurre con la salud- el país está frente a una crisis inducida por el gobierno que, a juicio suyo, “no ha mostrado la debida diligencia en la gestión del sector”.
En octubre del año pasado, un grupo de ex ministros, entre los que figuraba a Acosta, le envió una carta al presidente, Gustavo Petro, en la que advertían los riesgos de un racionamiento por cuenta de las dificultades financieras de 17 comercializadoras de energía, la lenta ejecución de los proyectos de generación y transmisión, la incertidumbre sobre el suministro de gas para atender la demanda de corto y mediano plazo, y la interinidad en los Comisionados de la CREG.
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“Casi siete meses después, la mayoría de esos temas siguen sin resolverse”, advierte este analista. A la fecha, dice, “al ministro Andrés Camacho lo único que se le ocurrió plantear después de la fracasada Cumbre de Cartagena, fue que estos temas iban a ser motivo del proceso constituyente a propósito del alto costo de las tarifas de energía”.
Mientras tanto, la deuda con las comercializadoras sigue aumentando y a la fecha ya llega a $7 billones, de los cuales el 30% corresponde a obligaciones del Estado, por lo que, a juicio suyo, “hay algo intencional del gobierno para ir llevando a las empresas a una situación de inviabilidad”.
Mientras tanto, el discurso del Gobierno se ha enfocado en la reforma de las leyes 142 y 143 de servicios públicos. Y aunque a la fecha solo se conoce un borrador del mismo, el espíritu del texto de la propuesta -que aún no ha sido radicada en el Congreso- es pasarle todo el poder de regulación que hoy está en cabeza de la CREG al Presidente de la República, agrega.
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En charla con Forbes, el ex ministro y ex congresista analiza el alto costo de las tarifas de la energía eléctrica que afecta especialmente a la Costa Atlántica y que atribuye a varios factores: las deudas de los usuarios por cuenta de la opción tarifaria, el cargo por restricciones, cuyo origen es la lenta ejecución de nuevos proyectos y la decisión de la CREG de imputarle esos costos a los usuarios, así como el robo de energía y las instalaciones fraudulentas, que han llevado las pérdidas técnicas a un 24% (el triple que en el resto del país).
Al ex ministro también le preocupa la falta de una hoja de ruta para la ‘Transición Energética justa’, como la denominó el Gobierno.
“La ex ministra Irene Vélez anunció en noviembre de 2022, en el seno de la COP, que para mayo del año pasado se conocería la hoja de ruta de la Transición Energética justa y todavía la estamos esperando”, dice Acosta con ironía a la vez que señala los riesgos de la decisión del Gobierno de no otorgar nuevos contratos de exploración, mientras que en el mundo no disminuye ni la producción ni el consumo de petróleo y gas.
“Según la Agencia Internacional de Energía, solo hacia 2030 empezará a aplanarse la curva de demanda de petróleo y mientras haya quién consuma petróleo en el mundo habrá quien lo produzca”, complementa. “Brasil, que hoy produce alrededor de 3.5 millones de barriles al día, ha anunciado que aspira a estar produciendo 5.2 millones de barriles para 2028”.
Poniendo el dedo en la llaga, el ex ministro recuerda que el país ya vivió una situación similar en 1975 cuando pasó de ser exportador a importador de petróleo, una situación que se extendió hasta mediados de los 80 cuando fue descubierto Caño Limón.
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Acosta concluyó su participación en el Foro de Energía Forbes 2024 advirtiendo que “tenemos que hacer una transición energética a la colombiana, que no puede ser la misma hoja de ruta para Alemania, que depende de la importación del petróleo, del carbón y del gas, toda vez para Colombia esos renglones siguen siendo sus principales generadores de divisas”.
A ello hay que sumar su importancia desde el punto de vista fiscal para la Nación (representan alrededor del 24% de sus ingresos corrientes) y los departamentos y municipios por cuenta de las regalías.
“Mientras no desarrollemos otros sectores que puedan suplir al petróleo y el carbón como fuente de ingresos y como fuente de divisas para el país, Colombia no puede darse el lujo de no seguir firmando contratos. Del petróleo y el carbón diría que es mejor tenerlos y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos. Y que peor que depender, como dependemos del petróleo y del carbón, es depender de las importaciones de petróleo”, concluyó.