Según MinHacienda, el ajuste protegió la inversión ya que se comprometieron $87,5 billones en este rubro, 16,7% más que en 2023 ($75 billones).

Aunque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), un organismo independiente que supervisa la sostenibilidad de las finanzas públicas, advirtió que el Gobierno sobrepasó la meta establecida en el Plan Fiscal de Mediano Plazo en $21 billones, el Ministerio de Hacienda reveló un documento en el que reitera que la ejecución del Presupuesto General de la Nación, PGN, 2024 se alineó con el cumplimiento de la Regla Fiscal. 

Según la cartera, el recorte de $28,4 billones (1,7% del PIB) subraya el compromiso del Gobierno Nacional con la estabilidad económica y el cumplimiento de la Regla, pese a los retos derivados de la inflexibilidad presupuestal y las fluctuaciones de ingresos.

De esta forma, al cierre de 2024, el monto total de los recursos disponibles ascendió a $475,2 billones. De este total, los compromisos acumulados del PGN fueron del 96%, es decir, $456,5 billones, lo que representa un incremento del 12,5% frente a los $405,6 billones comprometidos al final de 2023. 

Entre tanto, del Rezago Presupuestal 2023 ejecutado en 2024 se obligó $26,2 billones (75,2%) y se pagó $26,2 billones (75,2%). 

Por otra parte, se adquirieron obligaciones por un total de $394,7 billones, de las cuales se pagaron $393 billones, lo que corresponde al 99,5% de lo obligado. De estos pagos, $82,8 billones (4,9% del PIB) se destinaron al servicio de la deuda, lo que representa el 87,7% del total anual programado para este concepto. 

Excluyendo el servicio de la deuda, dice el documento del Ministerio, los compromisos contractuales adquiridos durante 2024 fueron de $365,9 billones, con un aumento del 10,7% respecto a los $330,3 billones comprometidos al cierre de 2023. 

Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, un compromiso presupuestal se refiere a la firma de un contrato o acto administrativo para la entrega de un bien o servicio. Sin embargo, este compromiso no garantiza que se materialice efectivamente. Por otro lado, una obligación presupuestal se genera cuando se realiza la entrega del bien o servicio previamente comprometido.

“La medida económicamente relevante de la ejecución del presupuesto es, por tanto, la obligación, ya que refleja la entrega efectiva del bien o servicio, es decir, la real ejecución del gasto público. Un compromiso presupuestal no necesariamente se convierte en una obligación, lo que subraya la importancia de diferenciar entre ambas etapas del proceso presupuestario”.

Así las cosas, según Fedesarrollo, la ejecución del Presupuesto General el año pasado fue de $395 billones, frente a un monto tal apropiado de $475 billones.

La cifra ejecutada equivale a 83%, por debajo del promedio del último quinquenio, 88%. 

“Ajuste protegió la inversión”: MInHacienda

“Como resultado de este esfuerzo en la gestión contractual, se recibieron bienes y servicios por un valor de $312 billones, lo que representa un incremento del 5,6% respecto a los $295,5 billones recibidos en 2023”, señala el documento del Ministerio.

Para enfrentar los desafíos de caja, la cartera advierte que se adoptó un Programa Anual de Caja (PAC) que garantizó que los pagos por conceptos distintos al servicio de la deuda ascendieran a $310,3 billones, lo que equivale al 99,5% de las obligaciones de este tipo y al 81,5% de la apropiación vigente. 

“El ajuste del gasto protegió la inversión: se comprometió 96,5% del total asignado, 16,7% más que en diciembre del 2023. El menor dinamismo del funcionamiento explicó la desaceleración del gasto sin deuda. La ejecución de funcionamiento (89,7%), medida por las obligaciones de pago, resultó 3,8% inferior a su promedio histórico 2000-2023 (93,5%)”.

Por otra parte, según MinHacienda, el 86% de las transferencias se destinó para el SGP, pensiones, aseguramiento en salud e instituciones de educación superior, en cumplimiento de mandatos constitucionales y legales.

El gasto operacional de la rama ejecutiva fue el menos representativo, dice el reporte de MinHacienda. El 79% de los gastos de personal ejecutados se destinaron a los sectores de defensa, rama judicial, fiscalía y organismos autónomos. Y el 60% de los gastos ejecutados por adquisición de bienes y servicios públicos se dirigieron a los sectores de defensa, rama judicial y fiscalía.

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