La presidenta de la Fundación, Marcela Astudillo, lidera un modelo donde empresa, comunidad y Estado se articulan para demostrar que la pobreza no es un destino sino una condición que puede superarse.
Cuando a Lina Marcela Cortés le mostraron por primera vez el “semáforo de eliminación de la pobreza”, el tablero parecía una señal de alerta: la mayoría de sus indicadores estaban en rojo. Madre de cinco hijos, habitante del oriente de Cali, había visto cómo uno de ellos se perdía en las drogas y las pandillas. Temía que sus hijas repitieran la historia y, durante años, dejó de enviarlas al colegio por miedo a la calle. Su historia familiar hablaba de ingresos inestables, deudas y pocas herramientas para cambiar esa realidad.
Ese fue el punto de partida del acompañamiento de la Fundación Carvajal, que hoy trabaja con 900 hogares en cinco territorios priorizados del Valle del Cauca y el norte del Cauca: el oriente de Cali (Aguablanca), Buenaventura, Ginebra, Candelaria (Villa Gorgona) y Guachené.
“Les damos formación y acompañamiento; no trabajamos con incentivos monetarios”, explica Marcela Astudillo, presidenta de la Fundación. “Nuestro propósito es contribuir a la superación de la pobreza en los hogares, y lo hacemos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Plan 2030 de Naciones Unidas”.
Con cada familia aplica un proceso estructurado: un semáforo de pobreza que mide seis dimensiones, un plan de vida con metas concretas y un seguimiento mensual que busca algo simple pero profundo: que el hogar crea que puede cambiar.
“Lo primero que hacemos es mostrar que la pobreza no es un destino”, agrega. “Cuando un hogar se transforma, no se devuelve. Trabajamos en generación de ingresos, educación del hogar y desarrollo del ser”.
La metodología fue adaptada de la Fundación Paraguaya y reconoce que la pobreza es multidimensional. No se limita a medir ingresos; pregunta también por nutrición, convivencia, educación, redes de apoyo y proyecto de vida. Al ser un autodiagnóstico, es el propio hogar el que reconoce sus carencias y fortalezas. A partir de allí se construye un plan con tres objetivos prioritarios, los recursos con los que se cuenta y los obstáculos por superar.
Los resultados empiezan a ser visibles. Entre la primera medición en 2023 y la segunda en 2024, la dimensión de “desarrollo del ser” creció 20 puntos porcentuales y el ingreso per cápita promedio de los hogares aumentó 47%, aunque el punto de partida suele ser muy bajo. En el caso de Lina Marcela, el cambio fue tangible: decidió aprovechar un talento heredado de su abuela para hacer postres, priorizó la compra de un horno y hoy tiene dos, un emprendimiento en marcha y un mapa familiar que ya no habla sólo de necesidades económicas, sino de nuevas metas como publicidad y expansión.
Detrás de este modelo hay una decisión empresarial poco común: la Fundación Carvajal, cuyos orígenes se remontan a los años 60, es el principal accionista de la Organización Carvajal, un conglomerado con 121 años de historia y seis generaciones, luego de que la familia donara el 23,5% de la compañía “en vida y a perpetuidad”. La idea se remonta a una frase de Manuel Carvajal Sinisterra, uno de los fundadores: “No puede haber una empresa sana en un medio social enfermo”.
El estallido social de 2021 en Cali se convirtió en uno de los puntos de inflexión para la Fundación. La ciudad vivió semanas de bloqueos, tensión social y ruptura del tejido comunitario, especialmente en el oriente, donde históricamente se concentran la pobreza y la desigualdad.
Durante esos meses, sus sedes comunitarias en Aguablanca fueron protegidas por la misma comunidad, un gesto que, según Astudillo, confirmó la importancia de los espacios dignos, seguros y abiertos al diálogo. Desde entonces, la organización reforzó su apuesta por procesos de escucha, mediación y construcción conjunta, entendiendo que la superación de la pobreza no se logra solo con programas sociales, sino también con la reconstrucción de la confianza entre empresas, instituciones y ciudadanía.
Además de su aplicación territorial, el modelo social de la Fundación ha sido sometido a evaluaciones externas para medir su efectividad. Universidades como Vanderbilt, Harvard y Georgetown han validado distintas componentes de la metodología, incluidas sus herramientas de medición y sus rutas de acompañamiento. Estas evaluaciones han permitido demostrar que los cambios observados en los hogares -en ingresos, capacidades y fortalecimiento personal- no son coyunturales, sino el resultado de un proceso estructurado con evidencia de impacto.
“Somos un país con desafíos sociales enormes, pero también con un tejido empresarial fuerte”, dice Astudillo, una administradora de empresas con especialización en mercadeo de la Universidad Icesi y más de 30 años de experiencia en cargos directivos en el sector público y privado. “El Estado es clave, pero no suficiente. El trabajo social tiene que ser colaborativo: empresas, fundaciones, gobiernos y comunidades. Cada uno desde lo que mejor sabe hacer, luchando por el bien común”.
Historias como la de Lina Marcela se repiten hoy en Guachené, donde la Fundación ya acompaña a cerca de 200 hogares, algunos vinculados a cadenas de valor como la del cacao. La apuesta es que, así como se transforma un emprendimiento o un cultivo, también se puede transformar un hogar. Y que esa transformación, cuando se sostiene en el tiempo, rompe el círculo de la pobreza.
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