A inicios de esta semana se conoció que el juzgado sexto laboral de pequeñas causas de Bogotá reconoció que existía un vínculo laboral entre un domiciliario y la plataforma Mercadonia, razón por la que se le ordenó a la firma pagar auxilio de cesantías, prima de servicios, vacaciones, entre otros. La decisión, tomada por primera vez en el país, puso sobre la mesa la necesidad de reformar el estatuto laboral tradicional. 



Sin dejar de lado los derechos de los trabajadores, ni terminar afectando los nuevos modelos de negocios que han surgido, como las plataformas de la economía colaborativa, expertos consultados por Forbes plantearon opciones para formalizar a este tipo de trabajadores con reglas que se adapten a alternativas laborales de este siglo. 



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<h2>Lo que refleja la decisión del juez </h2>



Sin mayores rodeos, Mauricio Olivera, exviceministro de Trabajo y director de Econometría, expuso que es necesario &#8220;aceptar que hay nuevos tipos de empleo, nuevas formas de trabajo. Es decir, esto (decisión del juez) nos da señales para que de verdad haya una reforma laboral que busque cubrir con la seguridad social a todos los trabajadores, nuestro código sustantivo del trabajo es bastante antiguo (&#8230;) en general los que están cubiertos por seguridad social son los que trabajan de 8 a 6 en una oficina&#8221;. 



En línea con lo expuesto, Oscar Becerra, docente de la facultad de Economía de Los Andes, dijo que &#8220;la economía colaborativa desnudó una vez más las debilidades de nuestro código laboral. La legislación está pensada principalmente para trabajadores asalariados de tiempo completo. Si yo soy una persona que trabaja cuatro horas los fines de semana ¿tengo que cotizar a salud por un salario mínimo mensual?&#8221;. 



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En línea con lo anterior, Becerra explicó que aplicar una regulación que no está pensada para este tipo de relaciones laborales implica mayores costos para los potenciales empleadores y menores incentivos a participar por parte de los trabajadores, además, termina incrementando la informalidad.



Frente a los beneficios que conllevaría aplicar la actual normativa a las nuevas maneras de trabajo, Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo, mencionó que ayudaría al trabajador porque va a estar cubierto con seguridad social o en otras palabras, se formalizaría el empleo por plataformas. Sin embargo, a renglón seguido planteó que la desventaja es que el trabajo a través de estas herramientas digitales se reduciría. Ello, por los altos costos laborales al no tener reglas que reconozcan las nuevas formas de empleo. 



Para Fernández, la flexibilidad laboral no solo favorecería a las plataformas de la economía colaborativa, sino que aportaría en general al funcionamiento del mercado del trabajo en otros sectores. Para ella, desde la oferta se genera empleo con pocos requerimientos de educación para quienes necesitan flexibilidad en sus horarios, además, favorece la contratación de grupos marginados del mercado laboral como las mujeres, jóvenes y migrantes. 



&#8220;La flexibilidad laboral crea una demanda de empleo que no puede generar el mercado asalariado formal. Este es el caso de las plataformas, pero también el del trabajo agrícola&#8221;, agregó la experta.



<h2>Las propuestas</h2>



En palabras del exviceministro de Trabajo, Olivera, una de las formas de aceptar la nueva realidad laboral es permitir la cotización a pensión por horas, puesto que ya existen personas que trabajan de esta manera, pero que se quedan por fuera de la formalidad porque el sistema no permite aportes de acuerdo a sus realidades. &#8220;Nosotros hicimos un primer acercamiento a través de la cotización por semanas, pero creo que toca moverse más hacia allá&#8221;, resaltó. 



Por su parte, la investigadora de Fedesarrollo comentó que el país se ha caracterizado por tener un sistema laboral asalariado con buena protección, pero inflexible y un sistema laboral independiente con baja protección, pero flexible. &#8220;A mi en realidad me gusta el piso mínimo de cotización, da flexibilidad al mercado laboral asalariado y protección al mercado independiente; aunque tiene una serie de problemas de implementación que habría que solucionar&#8221;, explicó. 



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Según Becerra, docente de Los Andes, &#8220;algunas propuestas novedosas en el tema están relacionadas con crear una nueva categoría de trabajadores para ellos, teniendo en cuenta las diferencias que este tipo de contratación tiene. Algo del estilo como &#8216;trabajador independiente en plataforma digital'&#8221;.



Desde el punto de vista de Luz Karime Abadía, directora de posgrados en Economía de la Universidad Javeriana, &#8220;las leyes laborales de nuestro país son obsoletas y no se han adaptado a los avances tecnológicos y a las nuevas relaciones laborales que están surgiendo. Una opción es cobrar impuestos por el uso de la tecnología y con esto cubrir los pagos de seguridad social de los domiciliarios&#8221;.



<h2>La visión desde el Congreso</h2>



Por parte del Legislativo también hay propuestas. Por mencionar algunas, Mauricio Toro, representante del Partido Verde, lidera un proyecto de ley que pretende crear una tercera categoría en el código laboral, el contrato para trabajador digital. A grandes rasgos permitiría: el pago de ARL de las plataformas a sus domiciliarios; la creación de una póliza de lucro cesante que le daría un ingreso promedio al trabajador si se incapacita; y la póliza que cubre instrumentos de trabajo (celular, bicicleta, moto, entre otros). 



De otro lado, el senador, Rodrigo Lara, presentó una iniciativa que tiene dos ejes: definir el vínculo jurídico entre las plataformas y sus colaboradores mediante un contrato de naturaleza civil; y que la base de cotización para los aportes a seguridad social sea del 40% del total de ingresos pagados por la plataforma al colaborador. Con ello, el trabajador pagaría la mitad del aporte a salud y pensión y la &#8216;app&#8217; la otra mitad. 



Aunque la discusión es muy amplia y requiere la participación de los distintos actores de la cadena, los expertos coinciden en que el Gobierno Nacional debe buscar pronto el mejor consenso posible que modernice la regulación aceptando estas nuevas formas de trabajo.

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Condiciones laborales de ‘apps’ reviven urgencia de una reforma laboral

A través del decreto 1174 el 27 de agosto quedó reglamentada la figura del piso de protección social, la cual crea un mecanismo de ahorro y protección para la vejez para aquellos que no alcancen a recibir un salario mínimo mensual como ingreso debido a que trabajan tiempo parcial, dato que en Colombia ascendería a los 9 millones de personas, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo. 



La norma ha tenido voces en contra, entre las que están las de las centrales obreras y las confederaciones de pensionados del país que indican que dicho mecanismo es una reforma laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores, razón por la que demandarán el decreto y convocaron a una manifestación la otra semana. 



Sobre ello, el presidente, Iván Duque, ha dicho que el mecanismo &#8220;no es reforma laboral ni pensional. Tampoco desmejora condiciones de los trabajadores formales y no promueve una nueva forma de contratación; es solucionar una desigualdad histórica de colombianos que no tienen una protección para la vejez&#8221;.



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Pese a dicho debate, dadas las particularidades de la figura que busca brindarle un mínimo de garantías en seguridad social a las personas sin capacidad de pago por su trabajo tiempo parcial, mediante&nbsp;la afiliación a salud subsidiada, la vinculación a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y un seguro, Forbes consultó a expertos en la materia para saber cuáles podrían ser los efectos de dicha medida en las mujeres.



Lo anterior, dado que estas suelen requerir mayor flexibilidad al momento de trabajar para poder ejercer tareas de cuidado del hogar, entre otras, lo cual termina afectándolas y haciendo que se queden en la mayoría de casos por fuera de la formalidad, entendida en gran medida como cotización a seguridad social. 



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<h2>Impacto en la población femenina</h2>



Según explicó María del Pilar López, docente e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, dado que las mujeres son las que trabajan menos tiempo completo, en principio el piso de protección social va a beneficiar más que proporcionalmente al segmento femenino, como por ejemplo a aquellas que trabajan en servicios domésticos.



Para López, dicho mecanismo intenta atacar la desprotección, uno de los factores que determinan las brechas de género. En sus palabras, esta brecha se da principalmente por tres problemas: exclusión social, menor acceso a distintos recursos; vulnerabilidad, al tener mayores responsabilidades como la economía del cuidado y, por último, la ya citada desprotección, que se traduce en menor acceso de las mujeres a la protección social desde la perspectiva del mercado laboral. 



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Desde el punto de vista de Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo, &#8220;sin duda este mecanismo es beneficioso para las mujeres. No sólo porque facilita la flexibilidad sino también porque beneficia a quienes ganan menos de un salario mínimo, que en su mayoría son mujeres&#8221;. 



En contraste con lo mencionado, Maribel Castillo, directora del programa de Economía de la Javeriana Cali, aseguró que el piso de protección social podría, por ejemplo, terminar impactando negativamente a las mujeres en el servicio doméstico, uno de los renglones más afectados por la pandemia. 



Para ella queda la duda de que aunque &#8220;el Gobierno habla de que no se cambian las relaciones laborales, dado que ya se perdieron muchos puestos de trabajo en dicho sector, ¿al volver a engancharse sería bajo esa modalidad?&#8221;; de ser así, podrían verse desprotegidas bajo las nuevas condiciones. 



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Castillo añadió que &#8220;según el Dane más del 90% de los que ganan menos de un mínimo son informales y casi el 80% aseguran ser independientes, entonces el aporte del 15% recaería más sobre el trabajador y no sobre el empleador como se pretende mostrar&#8221;.



Para Jorge Llano, vicepresidente Técnico de Asofondos, aunque es positivo que dicha medida reconoce que hay un gran número de personas en el país que ganan menos de un salario mínimo y busca brindarles una solución, lo que más aportaría a la flexibilidad laboral que necesitan las mujeres, que por ende apoyaría su formalización, sería permitir la cotización al sistema pensional por horas. 



<h2>Propuestas de mejora</h2>



Para Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y director de Econometría, el piso de protección social es una política para todos los trabajadores tanto hombres como mujeres. Aunque debe haber políticas que mejoren el mercado laboral pensando en todos, &#8220;creo que en el tema de desempleo femenino que es uno estructural, se deben estudiar políticas de empleo diferenciales para mujeres, más allá del piso de protección social que es general&#8221;. 



Olivera añadió que en una reforma laboral, se puede buscar &#8216;feminizar&#8217; las leyes laborales, ejemplo, tener horarios flexibles para mujeres con el fin de que puedan cumplir sus labores de cuidado y otras, aunque es complejo para algunas industrias, se podría revisar. La otra línea que debería revisarse está relacionado a una remuneración por la economía del cuidado, dijo. 



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&#8220;En la reforma pensional se ha pensado mucho que, por ejemplo, por cada hijo que tenga la mujer (&#8230;) tal vez se podría crear un subsidio por las semanas que no trabajó para que se cotice en pensiones. Es pensar en políticas con enfoque de género&#8221;, resaltó Olivera.



Por su parte, Llano, vicepresidente Técnico de Asofondos, resaltó que aunque el piso de protección social le da una opción a quienes ganan menos de un salario mínimo mensual para poder acceder a seguridad social, el mecanismo de los Beps mediante el cual se vinculan a un ahorro para la vejez no es el más adecuado para el objetivo final que es que la gente tenga un mayor ingreso en esa etapa de la vida.



En línea con lo que ya había mencionado, Llano reiteró que sería mucho más óptimo que dicha población pudiera cotizar al sistema formal de pensiones mientras se les permita hacerlo mediante la cotización por horas, la cual podría realizarse a través del régimen de ahorro individual con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o el régimen de prima media con Colpensiones. Lo anterior, porque estos podrían ofrecerle mayores beneficios que con los Beps. 



<h2>Pros y contras del piso de protección social</h2>



Para Fernández, la experta de Fedesarrollo, entre las ventajas está que beneficia a cerca de 9 millones de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo y no tienen posibilidades de acceder a los beneficios de seguridad social, a no ser que lo hagan sobre una base muy superior a su ingreso; aumenta la protección para la vejez de estos trabajadores; flexibiliza el mercado de empleo formal, lo que facilita la creación de nuevos trabajos, entre otros. 



En línea con lo anterior, López, docente de Los Andes, expresó que &#8220;es una ley que va a reducir en principio la informalidad laboral porque va a empezar a vincular a las personas a protección social&#8221;. Sin embargo, los contras es que puede tener incentivos malos porque &#8220;va a existir el riesgo de que los empleadores opten por este mecanismo para reducir el tiempo que trabajan sus empleados disminuyendo sus costos y aportes a seguridad social. Se corre el riesgo de precarizar el trabajo formal&#8221;. 



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De acuerdo con Fernández, &#8220;si bien puede generar arbitraje, no es cierto que toda la fuerza laboral se va a volcar sobre el trabajo de tiempo parcial. Ese era el miedo cuando se creó la cotización por semanas y el arbitraje ha sido muy limitado. Lo que se está creando es la posibilidad de cotizar, la posibilidad de trabajar por horas ha existido toda la vida, lo que pasa es que ahora existe la posibilidad de hacerlo de manera formal&#8221;. 



Por último, Olivera dijo que en principio la idea de crear el piso de protección social es buena porque busca cubrir a los que tienen empleo parcial y ganan menos de un mínimo. Pero agregó que &#8220;es necesario aceptar que hay diferentes formas de trabajo, pocos trabajan de 8 a 6 con un ingreso fijo y estable en la oficina y menos ahora con la economía colaborativa (&#8230;) Creo que es necesario que en la siguiente reforma laboral las normas busquen ir en línea con los nuevos trabajos&#8221;, aseguró. 



<div class="wp-block-file"><a href="https://cdn.forbes.co/2020/09/MITOS-Y-REALIDADES-PISO-DE-PROTECCIÓN-SOCIAL-3.pdf">Aquí puede ver el documento que preparó el Ministerio de Trabajo donde responde lo que para ellos son los mitos y realidades sobre el piso de protección social. </a><a href="https://cdn.forbes.co/2020/09/MITOS-Y-REALIDADES-PISO-DE-PROTECCIÓN-SOCIAL-3.pdf" class="wp-block-file__button" download>Descarga</a></div>

Brasil documenta caso de paciente que portó el virus activo durante cinco meses

Los efectos que tendría el piso de protección social en las mujeres

El Gobierno nacional ya ha decretado dos estados de emergencia económica desde que llegó la pandemia del coronavirus al país en marzo, con el fin de hacerle frente a la crisis mediante decretos con fuerza de ley; es decir, con normas que no tienen que pasar por el Congreso. Con base en esto, ¿qué tan oportuna sería una tercera declaratoria de emergencia?



Antes de entrar en detalles, hay que tener claro que cada emergencia no puede exceder el periodo de 30 días calendario y en un año solo se pueden decretar tres de estas; razón por la que en caso de requerirlo el Ejecutivo tendría un as bajo la manga que podría usar en un &#8216;caso extremo&#8217; para adoptar medidas rápidas en medio de la crisis. 



Por lo anterior, es importante encontrar el timing perfecto para poner dicha opción sobre la mesa, decisión que no debe ser tomada a la ligera. A lo dicho hasta el momento hay que sumarle que el Gobierno obtuvo facultades del Legislativo en parte también porque este último estaba haciendo la transición a los debates digitales, panorama que generaba incertidumbre frente a la velocidad con las que se podrían aprobar las medidas urgentes que se requerían. 



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<h2>Panorama para una nueva emergencia</h2>



Para Rodrigo Galarza, abogado experto en temas económicos y financieros, &#8220;la cuestión es si existen hechos nuevos que la diferencien de la primera y segunda temporada, que por lo conocido públicamente no existen. En esa perspectiva, además, el Congreso tiene plena capacidad operativa para debatir y adoptar las iniciativas que se necesiten&#8221;.



Galarza añadió que no considera que este sea el momento de presentar la tercera emergencia económica. &#8220;Si se pensara estratégicamente, lo deseable es que el Gobierno presente los proyectos al Congreso y sólo si este no opera con eficacia en el trámite, reserve la carta de una tercera emergencia para final del año&#8221;.



Por su parte, Mauricio Olivera, exviceministro de Trabajo y director de Econometría, explicó que &#8220;los esfuerzos que el Gobierno ha hecho son enormes, han salido distintos decretos en los dos periodos de la emergencia que fueron continuos. Lo esperable es que ya esté definido todo lo que hay que hacer frente a la coyuntura y que lo que vengan sean grandes reformas para salir fortalecidos de la crisis. Estas reformas no se pueden hacer decretando un nuevo estado de emergencia&#8221;. 



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Los factores que podrían ser claves para determinar si se declara una tercera emergencia es si el virus continúa creciendo de manera acelerada, si hay rebrotes que requieran de nuevos aislamientos estrictos. &#8220;Desafortunadamente el virus se sigue transmitiendo, se habla de 3 semanas de pico, pero si llegan a ser mucho más, de pronto si va a ser necesario actuar con otra emergencia económica, buscando más recursos y mucha más eficiencia del Estado&#8221;, agregó Olivera. 



En este punto, Galarza aseguró que lo que haría esencial otra emergencia es &#8220;más que factores, insisto, deben ser hechos nuevos o agravamiento de los existentes (rebrote, aumento significativo de contagios, deterioro severo de las condiciones económicas, etc), los cuales no&nbsp;veo presentes ahora&#8221;.



<h2>Las medidas que podrían incluirse</h2>



Para Martha Elena Delgado, directora de Análisis Macroeconómico y Sectorial de Fedesarrollo, más allá de qué medidas debería incluir una nueva emergencia, la pregunta debe girar en torno a qué deben contener las medidas económicas en el mediano plazo. Para ella es fundamental que se mantengan los esquemas de ayuda social, los subsidios y además, de ser necesario revisar los montos de dichos apoyos y también el número de familias alcanzadas. 



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Continuar e incrementar los recursos destinados al fortalecimiento del aparato de salud, es fundamental para Delgado. La experta añadió que además de revisar los montos de los programas de protección al empleo, el Estado debería considerar asumir los pagos de seguridad social durante algunos meses si las firmas están teniendo dificultades por la crisis.



De acuerdo con Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, &#8220;es importante habilitar mecanismos muy rápidos para apoyar la creación de empleo, programas que mitiguen el impacto social de familias vulnerables y facilitar la reconstrucción del tejido productivo y eso lleva a que se requieran herramientas mucho más fáciles de generar normas en este marco&#8221;. 



Sepúlveda agregó que algunas medidas que se tomaron en la primera emergencia se enfrentaron a errores de procedimiento, a sentencias de la Corte Constitucional donde no pasaron, las cuales tienen impacto fiscal importante y &#8220;por lo tanto tenemos que revisar maneras alternativas para impulsar las acciones que esos decretos iniciales estaban impulsando&#8221;. Un ejemplo de las normas tumbadas es la que permitía a las empresas reducir el aporte de la cotización al sistema de seguridad social. &nbsp;



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<h2>Los riesgos</h2>



Según Galarza, una tercera emergencia es de alto riesgo. &#8220;Las decisiones de la Corte han puesto unos límites razonables a los poderes de excepción en el sentido de expresar que no todo se puede porque existen materias que exigen amplia deliberación y consenso democrático (i.e. pensiones) o suponen leyes especiales (i.e. ley 5 del Congreso u orgánicas y estatutarias)&#8221;.



El experto agregó que &#8220;así, es muy difícil darle forma a una nueva emergencia que no tenga un sólido sustento en hechos nuevos y extraordinarios no previstos o previsibles&#8221;.



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Para Olivera, &#8220;en la tercera puede verse más en riesgo en la Corte Constitucional, además porque la pregunta es qué más acciones hay que tomar que no se hayan tenido en cuenta en las anteriores declaratorias&#8221;.

Billetes - Banrepública

En estos momentos otra emergencia económica sería inoportuna: expertos

Europa es hoy en día el espejo que tiene Colombia para saber que los rebrotes pueden ser tan fuertes que podrían ser necesarias nuevas cuarentenas para contener la propagación de la covid-19, virus que ha dejado estragos en la economía e indicadores sociales tras su paso por el país y desde el confinamiento prolongado que arrancó en marzo y duró más de seis meses con aperturas graduales.



Todo este contexto para poner sobre la mesa nuevamente, ¿qué podría pasarle al país en materia económica si toca volver a encerrarse? Dado los altos niveles de deuda del Gobierno -para atender los mayores gastos derivados de la crisis-, un déficit fiscal alto y una tributaria anunciada, expertos consultados por Forbes mencionaron que esta última, que pretende aumentar los ingresos en 2 puntos del PIB ($20 billones), podría estar entre los factores afectados por un nuevo confinamiento. 



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<h2 id="h-qu-le-pasar-a-a-la-tributaria">¿Qué le pasaría a la tributaria?</h2>



Para Martha Elena Delgado, directora de análisis macro y sectorial de Fedesarrollo, &#8220;el próximo año se va a necesitar un ajuste porque hay que bajar el déficit y pagar la deuda en la que se incurrió este año. Se necesitan mayores ingresos, ¿cuál va a ser el mecanismo? eso dependerá de cómo se mueva la economía, si hay nuevos confinamientos o no, si se pueden tomar ciertas medidas o no (&#8230;) lo cierto es que se necesitan más ingresos y en la política pública uno tiene que preguntarse qué medidas hay que tomar, independiente de que sea una reforma tributaria u otro tipo de figura&#8221;.



Según Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, de haber algún tipo de cuarentenas se esperaría que fueran focalizadas y no generales como la de marzo y abril. Para él, en ese orden de ideas, no se debería aplazar la tributaria, &#8220;lo que sí es que si llegara a haber algún impacto adicional sobre la economía por cuenta del virus, tal vez la discusión sería menos ambiciosa en términos de la reforma, ya no 2 puntos del PIB, sino algo más moderado en ese sentido&#8221;.



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Desde otra visión, Mauricio Olivera, director de Econometría, aseguró que en caso de que vuelva a ser necesario un confinamiento, habría que aplazar la discusión de la reforma tributaria &#8220;porque las empresas y hogares volverían a dejar de tener ingresos, entonces a quién se le cobra impuestos y a quién se le hace una reforma tributaria si habría llegado otra cuarentena que frena la economía. Decir que la cuarentena nos podría llevar a hacerla en el 2022 es probable, pero lo importante es que ojalá no haya otro confinamiento y eso depende del manejo, no solo del Gobierno, sino del autocuidado&#8221;.



Pese a lo descrito hasta ahora, vale mencionar que debido al tamaño de la crisis el déficit fiscal se ampliará hasta el histórico 8,2% del PIB (más de $80 billones) este año -según estimaciones del Minhacienda- dado las necesidades de mayor gasto y la caída en los ingresos. Además, los niveles de deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) también serían los más altos registrados, al llegar a 65,6% del PIB (más de $650 billones). 



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Así las cosas, los expertos aseguran que para reducir el deterioro fiscal y social, profundizado por la actual coyuntura, es importante aumentar los ingresos del país y ,además, revisar sus gastos. Por ello, dar la discusión de una tributaria resulta relevante una vez pase la crisis, como lo ha reiterado el Gobierno en distintas ocasiones.



<h2 id="h-otros-puntos-a-revisar">Otros puntos a revisar</h2>



Como se mencionaba anteriormente, la reforma tributaria no sería el único factor que se podría alterar con un nuevo confinamiento generalizado, la deuda del GNC también lo haría, dificultando de esta manera la meta que planteó el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de bajar dicho endeudamiento al 60,5% en 2021. Pese a que es una coyuntura compleja, vale preguntarse cuánto podría tomarle al país reducir esos niveles de deuda por debajo del 50%. 



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Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda, dijo que &#8220;según el Mfmp se estaría llegando a esos niveles en 2026, pero ahí se está asumiendo que se hace un ajuste fiscal de 2 puntos del PIB a partir de 2022 (&#8230;) yo no creo que se vaya a poder hacer de esa magnitud, va a tener que ser mucho más gradual, lo cual quiere decir que va a tomar más tiempo bajar la deuda del 50%. No vamos a tener esos niveles antes de 10 años, sin embargo, ello depende de muchos factores como por ejemplo, si la economía se llega a acelerar más rápido de lo estimado&#8221;.



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="587" height="307" src="https://cdn.forbes.co/2020/11/image-12.png" alt="" class="wp-image-55199" srcset="https://cdn.forbes.co/2020/11/image-12.png 587w, https://cdn.forbes.co/2020/11/image-12-300x157.png 300w" sizes="(max-width: 587px) 100vw, 587px" /></figure></div>



En línea con las estimaciones de Hacienda, Velandia, de Credicorp Capital, considera que para que la deuda vuelva a estar por debajo del 50% va a tardar varios años. &#8220;Probablemente podremos ver eso hacia finales de la década haciendo algunos cálculos, después del 2027, siempre y cuando tengamos una consolidación fiscal. Se han identificado 2 puntos del PIB como necesidad de ingresos a partir del 2022, pero estimamos que eso no va a ser suficiente, que se necesita más. Esto no quiere decir que sea a través de más ingresos fiscales, sino que tiene que haber optimización del gasto público&#8221;.



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Sobre qué tanto podría aumentar la deuda del GNC en caso de que haya un confinamiento, la directiva de Fedesarrollo mencionó que si se revisa la ejecución del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) -creado para canalizar los recursos a los sectores afectados por la pandemia-, va en un poco más del 50%; es decir que aún quedarían unos $14 billones que se podrían usar para atender nuevas necesidades en lugar de recurrir a mayor endeudamiento. 



Delgado añadió que ojalá no se tenga que llegar a una nueva cuarentena porque tiene altos costos para la economía y, en línea con lo ya mencionado, dijo que reducir la deuda depende de varios factores en los que el crecimiento es fundamental. Para Fedesarrollo el crecimiento del otro año sería del 4,4% y en adelante del orden del 3,5% y y 3,7%, cifra que podría ser mayor si el país logra superar ciertos retos que tiene como, por ejemplo, diversificar su aparato productivo.



En palabras de Olivera, aunque disminuir la deuda es importante, no se debe bajar a costa de hacer menor gasto público, dado que ello terminaría afectando aún más el panorama. A lo anterior añadió que &#8220;este no es momento de austeridad, es una crisis enorme en la cual el gasto público es necesario&#8221; y, aunque no dio fechas de cuánto podría tardar llegar a niveles inferiores al 50%, dijo que para lograr la estabilidad fiscal en el mediano plazo la tributaria es necesaria.

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Reforma tributaria se vería afectada si hay un nuevo confinamiento en el país

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