Los mandatarios de las ciudades más importantes del país coincidieron en que temas como la salud, la seguridad y la ejecución de obras públicas están entre los principales aspectos a trabajar con el presidente Gustavo Petro.

Durante la clausura del Congreso Nacional de Infraestructura, los alcaldes electos Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali) y Dumek Turbay (Cartagena) hicieron un llamado al Gobierno nacional para “respetar los derechos de los ciudadanos” y trabajar con todos los mandatarios locales, incluyendo aquellos que no forman parte de sus corrientes políticas.

“Debemos respetar la institucionalidad nacional y presidencial, y también hay que exigir que se respete la institucionalidad local. La nación tiene la obligación de trabajar con nosotros, y estoy dispuesto a hacerlo en ese escenario de respeto donde el Gobierno le cumple a todo el país, y no solo a algunos electores”, sostuvo el alcalde electo de Bogotá.

Hasta el momento, Galán parece ser el único de los cuatro en mostrar avances en esta materia, destacando la reunión que sostendrá con la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, para tratar el asentamiento de unos 300 miembros de la comunidad indígena Embera en el Parque Nacional, que ya lleva más de un mes, y así encontrar alternativas para ubicarlos en un lugar con mejores condiciones.

Desafortunadamente, no ha sido así en los otros casos. Al menos así lo reconoció Federico Gutiérrez, quien aseguró que “a día de hoy, no he tenido contacto con una sola persona del Gobierno nacional“. No obstante, hizo un llamado a mantener actitud responsable con la administración Petro debido a temas del país que ningún alcalde puede dejar de lado. “Esperamos tener relación armónica y respetuosa para que los recursos lleguen. Hay que tomar decisiones con el sentido común”, dijo.

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Para el excandidato presidencial, un factor positivo es que “hay sintonía” entre los alcaldes de las cinco ciudades que más aportan al PIB de la nación, donde se incluye al alcalde de Bucaramanga, Alejandro Char, que no asistió al panel. “Lo que he podido tener en estos días es un diálogo de amigos y respeto. Las ciudades son el motor económico de los países, y la idea es establecer metas conjuntas”, agregó.

Este objetivo es clave si se tiene en cuenta que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena cuentan con 15,4 millones de habitantes y su actividad económica en promedio puede representar hasta 35% del PIB. De ahí que las expectativas de los cinco mandatarios es que exista una relación armónica entre el Gobierno nacional y cada una de estas ciudades. Sin embargo, hay temores de que haya intenciones diametralmente opuestas.

Al respecto, Turbay aseguró que su preocupación va ligada a que la apuesta del Gobierno sea que “no nos vaya bien pensando en el 2026”, escenario que calificó como “complejo”. Con esto en mente, insistió en la necesidad de unirse y alinearse frente al propósito de tener gobernantes en sintonía ante las preocupaciones de la ciudadanía, pues el no apoyo puede significar “el fracaso de nuestro proceso y una desazón ciudadana que afecte la política colombiana en los años venideros”.

Y es que el alcalde electo manifestó que Cartagena tiene dos casos donde la administración de Gustavo Petro tiene un rol clave: el primero es el proyecto de protección costera, en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde el contratista pide adición de recursos sin dar respuestas a la ciudadanía. “Es crucial para la competitividad turística de la ciudad, y si ese mensaje será el mismo en los otros proyectos, será grave”, afirmó.

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El segundo tiene que ver con el riesgo que actualmente enfrenta la declaratoria de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) debido a proyectos inmobiliarios que se encuentran en ejecución. La decisión sobre su futuro, que lleva tres años de espera, no llega todavía.

“El mensaje debería ser que todos los alcaldes son importantes y tendrán el acompañamiento necesario para que los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo lleguen a feliz término. Esperamos que se pueda definir agenda en pocos días, pero lo trascendental es que hay circunstancias de preocupación, y no se puede condenar a una región por diferencias ideológicas, sobre todo si se está haciendo bien la tarea“, complementó Turbay.

Por su parte, el alcalde electo de Cali, Alejandro Eder, recordó que su ciudad tiene el asedio de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de ser la urbe con más homicidios de Colombia y la número 32 del mundo. Al respecto, señaló que “si unimos fuerzas con los otros alcaldes vamos a encontrar soluciones mejores” para el problema de seguridad que aqueja al país. Como posibles soluciones, destacó la viabilidad de cámaras con inteligencia artificial (IA) para las ciudades, así como “pensar en proyectos para sacar adelante con EE.UU. y países europeos”.

Unido a ello, los cuatro alcaldes manifestaron al menos tres temas sociales que, según consideran, los afectan a ellos y a todas las ciudades del país: salud, energía y seguridad. Frente a este último, Gutiérrez subrayó que “mientras desmantelan las fuerzas públicas y hay una entrega total del país a las estructuras criminales, hay un ahogamiento a las EPS y una alianza entre Ecopetrol y PDVSA donde vamos a quedar dependiendo de dictadura para seguridad energética. Nuestro llamado es que haya sensatez y diálogo. Nosotros no nos vamos a quedar quietos ni callados”, añadió.

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Bajo esta perspectiva, Galán llamó la atención por la presencia de organizaciones transnacionales que operan en la ciudad, destacando que cerca de la mitad de las muertes en Bogotá son por sicariato. Incluso, mencionó que 30% de los habitantes de Bogotá no come tres comidas al día, mientras que el número de habitantes de calle se ha disparado por la pandemia de Covid-19, llegando a más de 50.000.

En el apartado energético, Gutiérrez destacó que el nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, respetará el carácter técnico de la empresa y se enfocará en recuperarla. Asimismo, destacó que Afinia, firma perteneciente al Grupo EPM, suma más de seis millones de usuarios en el departamento de Bolívar y Córdoba, departamentos donde su inversión llegará a $4,4 billones durante los próximos dos años. Por ello, dijo que “la empresa debe ser manejada de manera técnica y no política”, por lo que anunció que habrá cambios en la junta directiva y gerente de la misma.

Adicionalmente, detalló que Hidroituango representa hasta 17% de energía del país con 2.400 megavatios si funciona en su totalidad. Hoy en día opera a 1.200 megavatios con cuatro turbinas en funcionamiento. El proyecto, que actualmente está en fase de recuperación, tiene el reto de que entren las otras cuatro turbinas en este cuatrienio, razón por la que el alcalde electo hará presencia en la planta durante la primera o segunda semana de su gobierno.

Posterior a ello, la discusión entró en el terreno de infraestructura, tema que convocó a los cuatro alcaldes al Congreso. Galán fue el primero en opinar sobre el mismo, asegurando que las principales ciudades del país enfrentarán retos sociales complejos, razón por la que el rol del sector privado es clave. “La problemática de hambre es alarmante, y para ello hay que activar la economía y enfrentar retos con obra publica, vivienda y construcción y herramientas que permita lograr que los recursos del Estado lleguen a quienes más lo necesitan”, señaló.

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Ante dicho escenario, reconoció que Bogotá “va a estar en obra en los próximos años”. Además de blindar la primera línea del Metro y avanzar en la adjudicación de la segunda, otros proyectos que están en ejecución son las troncales de Transmilenio por la Av. 68 y Av. Ciudad de Cali, la ampliación de la Caracas en el sur de la ciudad, la Av. Laureano Gómez, el Rincón en Suba, Guayacanes en Kennedy y la Calle 13. Además, dejó en claro la necesidad de complementar los cables y avanzar en la ALO Centro.

El eje de su propuesta es continuar y fortalecer los proyectos que surgieron desde las administraciones de Enrique Peñalosa y Claudia López, detallando además que la infraestructura debe ser el principal jalonador de la reactivación económica. Unido a ello, tiene presente que debe trabajar en la estructuración completa de la tercera linea del metro y el anillo logístico de occidente alrededor del aeropuerto, que se trabaja con Cundinamarca. Asimismo, recalcó que la caída del PIB requiere un plan de choque donde las obras publicas serán clave.

“Hay componentes de obras públicas y vivienda de interés social y prioritaria. Debemos buscar recursos adicionales para construir proyectos que aún no están contemplados, y ahí hay una gran oportunidad. Si bien Bogotá ha aumentado su endeudamiento, tiene unas finanzas sanas, pero también hay que buscar formulas adicionales para lo que requiere la ciudad“, apuntó.

Galán también habló sobre el Corredor Verde por la Carrera Séptima, uno de los proyectos más polémicos de la alcaldesa López, y confirmó que la administración actual decidió no avanzar con el tramo sur del mismo para así revisarlo y replantearlo. Esto con el propósito de que conecte con el resto del sistema de transporte de la ciudad y ponga en consideración las inquietudes de la ciudadanía, teniendo en cuenta que eliminaba el carril mixto y podía crear colapsos en materia de movilidad.

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Con respecto a Cartagena, Turbay sostuvo que ‘La Heroica’ tiene sectores que están haciendo la tarea, como el portuario, industrial y la refinería de Ecopetrol, que implican un aporte significativo al PIB de la nación. El problema de un mal gobierno es que “industrias como el turismo han generado que la pobreza y el desempleo aumenten”, por lo que hizo hincapié en la necesidad de darle a la ciudad la posibilidad de mejorar esos números con el ingreso y el empleo.

“Mientras la ciudad tiene orden y recuperamos el Centro Histórico, donde el hampa y el crimen dominan, hay que determinar un proceso de inversión pública importante. En ese sentido, hay circunstancias apropiada para mirar con optimismo lo que viene. La ciudad viene aplazando un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para que Cartagena se de la oportunidad de planear a largo plazo, cosa que no ha pasado en los últimos 12 años“, alertó.

Algunos temas clave que abordó el alcalde electo en su intervención estuvo ligado a la recuperación del proyecto del Canal del Dique, así como la construcción de un nuevo aeropuerto para Cartagena, la terminación de vía perimetral y el Estado de las concesiones para las ciudades. “El socio estratégico para esa labor debe ser el sector privado de infraestructura para que Cartagena pueda dar el salto a resolver problemas de movilidad con grandes obras de infraestructura”, agregó.

Gutiérrez también se refirió al POT de su ciudad, que calificó como una “tarea fundamental”, y anunció que requerirá modificaciones en algunos componentes a mediano plazo donde “todos los gremios deben participar”. A su juicio, la gran apuesta de Medellín debe ser el crecimiento en turismo y afianzarse como la capital de entretenimiento a nivel mundial, así como la ciudad líder en nómadas digitales per cápita de Iberoamérica.

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Sobre la gentrificación en particular, el alcalde electo afirmó que “una oportunidad no puede ser un problema”. Si bien reconoció que Medellín tiene vocación de turismo y entretenimiento, es consciente de que “tenemos que poner orden, pues ha sido un crecimiento exponencial sin mucha organización”. Actualmente, la ciudad recibe 1,4 millones de turistas al año, de los cuales casi la mitad son extranjeros. “Hay que evitar que se vuelva un problema para quienes hemos vivido ahí toda la vida, pues lo que hoy sostiene a Medellín es el numero de construcción de proyectos Airbnb”, explicó.

Esto tiene sentido al recordar que la caída en construcción de viviendas de interés social (VIS) es superior al 60% y se profundizará en los años por venir, por lo que hay que “detonar obra pública”. Bajo esta perspectiva, Gutiérrez anunció que extenderá el sistema Secop II a todos los procesos contractuales de obras públicas, a la vez que hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar la corrupción. “Medellín ha sido saqueada y es triste ver como, cuando se llegan algunos gobiernos, no solo destruyen lo que se ha hecho bien, sino que se apropian de los recursos. Eso no puede volver a pasar”, comentó.

Otro de sus cuellos de botella será el Túnel del Toyo, el mas largo de Iberoamérica, pero que “no sirve de nada si no se conectan las obras complementarias”, según reconoció el mismo alcalde electo. Hoy en día, el proyecto tiene vigencias futuras por $20.000 millones, dato que le sirvió a Gutiérrez para recordarle al Gobierno nacional que esta obra conecta a Medellín con los puertos, por lo que “no es solo de Antioquia sino de país”.

“Hay que decirle al gobierno que no tiene sentido que deje a Antioquia sin plata y deje de lado a sus obras como si fueran algo aislado”, señaló Gutiérrez, quien además recordó que Medellín tiene un presupuesto que, en la actualidad, oscila entre $8 billones y $9 billones al año. Además, cuenta con alrededor de $6 billones en inversión directa.

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En el caso de Cali, Eder sostuvo que el proyecto más importante en términos de infraestructura es el Tren de Cercanías, que lleva ocho años trabajándose. Al respecto, reveló que ya hay estudios de factibilidad con apoyo de Francia y Reino Unido, y se espera que entre a licitación en julio. “Se busca avanzar con tecnologías europeas, atrayendo inversiones e industrias necesarias para generar transformación económica de la ciudad”, dijo el alcalde electo, declarando además que el primer tramo puede demorar entre 4 y 6 años para construirse.

Otro de sus focos estará en proyectos como las entradas a Cali, pues hay más de 1.000 km de vías acabados de los que se pueden recuperar 300 con el presupuesto que deja la administración de Jorge Iván Ospina. Esto también requiere una renovación total del sistema de acueducto y alcantarillado, sobre todo en el centro de la ciudad.

Entre los proyectos que debe concluir está la vía Mulaló-Loboguerrero y el dragado de Buenaventura, que por no terminarlo “se está yendo todo el tráfico marítimo para Guayaquil o Panamá”. Asimismo, resaltó que la conexión Pacífico-Orinoquía, una de las iniciativas más ambiciosas del país y que cuenta con 15 años de proceso, estaría ad portas de tener estudios de factibilidad.

Sin embargo, Eder reconoció que uno de los grandes problemas de la actualidad es que Cali está en situación de abandono y mal estado económico debido al sobreendeudamiento y “gastos que no hacen sentido”. A manera de conclusión, sostuvo que “refinanciando deuda y haciendo recortes lo podemos lograr, además de trabajar con el sector privado. No lo vamos a atacar y respetaremos las reglas de juego”.