Más allá de las restricciones en los servicios públicos esenciales o de que sólo contemos con un 3% de municipios colombianos con hospitales de tercer nivel, entre otros críticos indicadores socioeconómicos, tal vez el más grave y preocupante para una Nación que pretenda proyectarse como autosostenible y con un futuro prometedor, es que no cuente con opciones de oferta y de acceso universal de educación en todos sus niveles y para todos sus habitantes.



Algunos dirán que sin salud o con hambre es difícil estudiar, y tienen razón. Pero, en aras del debate, permítanme apostar por la siguiente hipótesis: con más oportunidades de educación, un país está llamado a llevar, gradual y progresivamente casi hasta cero, sus tasas de pobreza (léase, hambre) y de insalubridad, entre otros muchos escenarios de incidencia.



¿No es acaso la educación la mejor estrategia que un Estado puede proporcionar a sus habitantes para que estos comprendan mejor su entorno, favorezcan las relaciones, busquen alternativas para hacer mejor su trabajo, cambien la polarización por el diálogo, y encuentren opciones para una mejora en el diario vivir de su sociedad? 



No en vano, está demostrado que aquellas naciones con mayores niveles educativos presentan muchísimos menores problemas de violencia, de desempleo y de hambre. Con plenas oportunidades educativas, los presos de hoy seguramente hallarán su libertad y una mejor vida en el mañana; los discapacitados encontrarán nuevas y mejores formas de inclusión a la sociedad; y las personas socialmente más vulnerables (por su analfabetismo, segregación de toda índole, pobreza o estigmatización) hallarán formas innovadoras y seguras de protección, pero también de interacción social.



Por todo esto, cuando digo educación “de todos los niveles para todos”, no sólo me refiero a que todos los ciudadanos tengan la formación básica que los lleve a leer y escribir (en Colombia aún hay cerca del 3 % de compatriotas que no lo saben hacer), sino que también puedan disfrutar de la educación como un derecho propio de cualquier habitante de la tierra, protegido constitucionalmente por su Gobierno (así como también debería ser un derecho la posibilidad de acceder al internet, que como el agua, cada día se convierte en algo esencial).



Quiero que, por favor, no se asimile mi defensa por la vivencia plena de las oportunidades educativas con una posición política en momentos en los que el país busca impulsar una ley estatutaria de la educación, con la que expreso mi acuerdo, que busca blindar constitucionalmente el acceso, la equidad y la dignidad de todos los compatriotas, gracias a la educación.



Dar acceso a la educación, no es un asunto de ideología, sino de humanidad, de solidaridad social y de responsabilidad con la evolución histórica de una Nación que, desde gobiernos anteriores, viene comprometiendo más recursos para ello.



Este es un debate mundial y no propio de Colombia. Ahora, la discusión de cómo lograr dicha universalidad educativa (qué niveles priorizar, con qué clase de instituciones, cuál debe ser el rol de lo público y de lo privado, cómo lograr la mejor combinación posible entre modalidades presenciales y virtuales, si debe ser plenamente gratuita o no, o cuáles deben ser los mecanismos de financiamiento, entre otros) sí tiene un fuerte componente político, que hace parte de un debate colectivo necesario, y que por ahora no debe oscurecer el consenso de asegurar la apuesta por opciones educativas plenas.



Hasta aquí algunos, escépticos con mi posición, dirán que podrán estar de acuerdo con la idea, pero que fiscalmente Colombia no cuenta con los recursos económicos para asegurar las debidas opciones para el acceso y graduación. 



Porque es claro, esto demanda grandes inversiones, en infraestructura, en tecnología y en más y mejores docentes de los niveles de preescolar, básica, secundaria, media y superior. Pero, ¿no es muy diciente, y preocupante, que la inversión que hace Colombia en educación -cerca del 5% del PIB- corresponda a una cifra similar a la que se lleva la corrupción?, y eso sin contar cuánto le valen, anualmente, los sobrecostos en las obras públicas, los dineros &#8220;enterrados&#8221; en más de 1.500 elefantes blancos, y las decenas de billones de pesos que deben destinarse a intervención judicial, de salud, de seguridad para atender problemas derivados de intolerancia, violencia, drogadicción y falta de valores que, con permanente educación, podrían disminuirse al máximo. 



Sí, dar más educación, vale más dinero, pero estos recursos son redituables para la sociedad, y con creces, más temprano que tarde.



Vale la pena jugárnosla como sociedad por la educación para todos.



Por:&nbsp;Jaime Alberto Leal Afanador* *El autor es rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).



Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de&nbsp;Forbes&nbsp;Colombia.



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El deber ser de una educación para todos

Una de las condiciones que deben darse para que una nación se considere “civilizada”, de “primer mundo”, “digna y equitativa”, entre otras denominaciones, es que su estructura como país (en cuanto a mecanismos de protección constitucional para sus habitantes, de oferta y acceso a los  servicios públicos, de salud, educación, justicia y posibilidades de trabajo con calidad, entre otros) garantice que todos sus pobladores cuentan con las condiciones esenciales para su desarrollo personal y su crecimiento socioeconómico.



Cuando esas situaciones no se dan adecuadamente, como lamentablemente ha sucedido, la distancia entre ricos y pobres cada vez es mayor (entre 15 y 20 millones de compatriotas se hallan en la línea de pobreza); hay municipios a horas de distancia de un centro médico con las debidas condiciones; más de 3 millones de compatriotas no cuentan con agua potable; más de 400 mil hogares no tienen energía eléctrica; son casi 3 millones los colombianos desempleados y otro tanto con trabajos que escasamente les representa un empleo digno; y se estima en miles los encarcelados sin que se les haya condenado formalmente en un juicio, entre otras polémicas situaciones, propias de un país tristemente llamado “tercermundista”.



Algo similar nos ha ocurrido con el sistema educativo, lo cual podría ser positivamente corregido si el país avanza en la propuesta gubernamental de ley estatutaria de la educación, con la cual se podrá convertir el acceso en un derecho fundamental en todos los niveles, desde el preescolar hasta la educación superior. Más allá del asunto político, de si la iniciativa es o no del gobierno Petro, o de debates técnicos en torno al cómo, en cuánto tiempo o cómo asegurar los recursos, quienes sabemos de la urgencia de la humanidad de pasar a la siguiente generación con mayores probabilidades de éxito, estamos convencidos de la urgencia de apostar por la universalización del derecho a la educación.



Y lo mismo debería hacerse con el derecho al Internet. Porque sobradamente está demostrado que la formación virtual, en mucho condicionada por la conectividad y por la posibilidad de acceder (con costo o gratis) a Internet, es y será uno de los más viables caminos del Estado Colombiano para asegurar la universalidad en el acceso a la educación.



Según estimaciones del propio Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el 40 % de la población colombiana (cerca de 20 millones de personas) carece de acceso a internet. Es decir, tienen serias limitaciones para informarse, capacitarse, interactuar, opinar y conocer de mejor manera lo que pasa en su propio entorno. Incluso, cuentan con restricciones para saber en tiempo real lo que puede estar sucediendo con sus seres queridos.



Para explicar mejor mi propuesta, permítame, respetado lector, ir más allá del debate jurídico en torno de la naturaleza, características y clasificaciones de los derechos fundamentales, que a veces dilata y vuelve compleja la discusión sobre cuáles posibilidades de desarrollo humano deben considerarse o no en el marco constitucional como un derecho.



Así como en educación parece estarse superando el paradigma del costo fiscal de la misma para asegurarla como un derecho, algo similar debería darse con el acceso al Internet. Dicho en términos prácticos, es tal la necesidad (de la educación como del internet) para mejorar las condiciones de vida de la población, que el costo fiscal que demande su implementación será compensado, con creces, con su pleno uso.



Así como una sociedad más educada apuesta por la paz y no por la violencia, tributa más y crea más, una sociedad plenamente conectada por el internet no sólo se comunicará y educará más, sino que también vivirá plenamente la democracia participativa, por el ejercicio de su derecho a estar informada, a conocer las decisiones de sus gobiernos en tiempo real e, incluso, de a acceder a orientaciones básicas de telesalud y teletrabajo, entre otros aspectos, para mejorar su calidad de vida.



Hasta ahora, hemos comprobado que los humanos demandamos, necesariamente, del óptimo desarrollo de las dimensiones del Ser, del Hacer y del Tener, para sentirnos plenamente realizados. Esa ha sido una apuesta de los sistemas educativos y de las políticas públicas en todos los ámbitos. Así es como los derechos fundamentales que los diferentes países van reconociendo han ido apuntando a proteger y a garantizar el Ser (como en la Declaración Mundial de los Derechos Humanos), el Hacer (en como el reconocimiento a los distintos derechos laborales) y el Tener (como reconocimiento de los derechos a la propiedad, entre otros).



Pero en un entorno de democracia, de globalidad, de redes sociales, de inclusión y de participación, la plena realización personal y social demanda una cuarta dimensión, la de Pertenecer; es decir, de sentirnos integrantes activos de la Humanidad, de compartir nuestras experiencias, de aprender de las de los demás, y de sentir que nuestra vida adquiere sentido (social, político, espiritual, personal, específico…) porque es reconocida como actuante protagónica en el diseño del propio destino.



Permitir el acceso universal al Internet es una de las mejores formas de inclusión, de reconocimiento y de contribución a mejorar la vida de los colombianos. Y si esto va acompañado de educación, se configura una apuesta estructural, como país, para visualizar el futuro con más optimismo.



Por:&nbsp;Jaime Alberto Leal Afanador* *El autor es rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).



Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de&nbsp;Forbes&nbsp;Colombia.



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Acceso a Internet, un derecho fundamental para todos los colombianos

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