Aunque el presidente Petro atribuye al hundimiento de la Ley de Financiamiento un aumento de $400.000 millones en el costo de la deuda, los analistas sostienen que las tasas ya venían subiendo por el deterioro fiscal y factores de mercado.
Durante el Consejo de Ministros del pasado miércoles, el presidente Gustavo Petro responsabilizó al Congreso por el hundimiento de la Ley de Financiamiento y afirmó que la decisión de las comisiones económicas “ya le cuesta” al país.
Según el mandatario, el archivo del proyecto redujo la capacidad de pago de la deuda y provocó un aumento inmediato en el costo de los TES, al punto de estimar que la decisión legislativa habría encarecido el servicio de la deuda en cerca de $400.000 millones, tras un repunte de alrededor de 40 puntos básicos en las tasas.
Petro aseguró que los principales beneficiados del rechazo a la reforma son “los megarricos”, a quienes señaló como los grandes tenedores de la deuda pública. Afirmó que el Congreso actuó “en contra del pueblo de Colombia” al frenar un mayor cobro de impuestos a esos grupos y permitir que continúen obteniendo rentas por el alza de las tasas. También advirtió que la decisión agrava la carga de la deuda —que se paga con impuestos— y cuestionó si los ciudadanos deberían reelegir a quienes hundieron el proyecto.
Como resultado, el Ministerio de Hacienda ya ha dejado entrever que el Gobierno está considerando seriamente declarar la emergencia económica, con el fin de recuperar por decreto los ingresos negados por el Congreso. Esta medida excepcional permitiría crear nuevos impuestos vía decreto y modificar la estructura tributaria sin aprobación legislativa. La cartera aseguró estar realizando revisiones técnicas y jurídicas para “proteger la estabilidad fiscal”, pero reconoce el enorme riesgo que implica esta vía, especialmente por el escrutinio que enfrentaría ante la Corte Constitucional.
Aun así, fuentes del Gobierno señalan que el presidente Petro ya instruyó a su equipo para diseñar alternativas de recaudo por decreto como respuesta directa al revés legislativo.
Pero, ¿qué tan cierto es que las tasas de la deuda han aumentado por el hundimiento de la Ley de Financiamiento?
Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, advierte que el costo de la deuda pública colombiana viene aumentando de manera sostenida desde septiembre. La tasa que paga el Gobierno por los bonos a 10 años ha subido cerca de 1 punto porcentual, un comportamiento que se aparta del resto de América Latina y refleja la creciente preocupación de los inversionistas por el deterioro fiscal del país.
Según Cristancho, Colombia está pagando hoy una de las tasas más altas de su historia reciente: alrededor de 11,2% anual en promedio. En los plazos cortos, como los bonos a dos años, el rendimiento había caído desde 12% hasta casi 8%, pero recientemente volvió a repuntar. En los títulos a 10 y 15 años, el costo se ha mantenido elevado y en semanas recientes ha empezado a subir nuevamente.
Aunque comparada con economías avanzadas muy endeudadas —como EE. UU., Francia, Japón o China— Colombia parece tener un nivel de deuda moderado, el analista subraya que lo relevante es la trayectoria histórica: el país está cerca de los niveles de endeudamiento más altos que ha tenido, lo que aumenta la sensibilidad de las tasas a cualquier señal de desorden fiscal.
De hecho, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que el deterioro fiscal ha sido un factor central tanto en la persistencia de la inflación como en el encarecimiento de la deuda pública. Recordó que el déficit proyectado para 2025 pasó de 5,2% del PIB a más de 7% tras la suspensión de la regla fiscal y las revisiones sucesivas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que debilitó la credibilidad de la política económica.
Villar señaló que este desbalance —impulsado por un gasto público creciente y un contexto de recaudo insuficiente— ha contribuido a las rebajas de calificación, al aumento de los spreads soberanos y al repunte de los TES, pese a los recortes en la tasa de política monetaria. Según el gerente, el aumento del déficit y del endeudamiento público también ha incidido en la dinámica reciente del mercado cambiario y en la presión alcista sobre el costo de la financiación del Gobierno.
Camilo Pérez, gerente de Investigaciones del Banco de Bogotá, señala que, aunque desde mediados de año ya se advertía un déficit fiscal cercano a –7,8% del PIB para 2025, las cifras recientes muestran que el Gobierno podría cumplir -e incluso sobrecumplir- la meta oficial del MFMP, fijada en –7,1% del PIB. Pero ese logro, dice, no refleja una mejora estructural, sino el resultado de una combinación de factores transitorios: un volumen inédito de operaciones de manejo de deuda (OMD) que aplazaron pagos hacia 2026, el uso de un TRS (Total Return Swap) que difirió cupones, compras de TES por parte del propio Gobierno que redujeron el pago neto de intereses, la caída de la tasa de cambio gracias a monetizaciones oficiales superiores a US$5.000 millones y un crecimiento del PIB nominal por encima del 8%, que mejora contablemente la relación deuda/PIB.
Pérez recuerda que el director de Crédito Público reveló que los pagos de intereses para 2025 caerían a entre 3,2% y 3,8% del PIB, muy por debajo del 4,7% originalmente estimado. La diferencia se explica, en parte, por una TRM más baja de lo previsto (casi $400 por debajo de la proyección oficial), lo que reduce la carga por deuda externa en cerca de 0,2% del PIB. A esto se suma que las OMD internas aplazaron más de $4 billones en pagos de intereses y que los títulos usados como colateral en el TRS también movieron cupones de 2025 a 2026.
Sin embargo, subraya que este alivio no se tradujo en consolidación fiscal: el Gobierno utilizó ese espacio para aumentar el gasto, en un contexto de recaudo débil, llevando el déficit primario a niveles similares a los de las crisis de los noventa y de la pandemia. Si la meta de déficit primario se hubiera cumplido, el déficit total caería a 6,1% del PIB, pero Pérez considera esa posibilidad improbable dada la alta ejecución presupuestal. En consecuencia, el desbalance fiscal persiste pese a la ingeniería financiera.
Por su parte, Mario Castro Martínez, estratega sénior de renta fija de BNP Paribas, señala que el reciente aumento en las tasas de la deuda colombiana no está relacionado con la estrategia de manejo de pasivos del Gobierno, sino con factores de mercado. Explica que, en los últimos dos meses, los inversionistas han empezado a anticipar un nuevo ciclo de incrementos en la tasa del Banco de la República, lo que abrió las curvas de rendimiento y elevó los costos de financiación en todos los plazos.
El segundo factor es externo: las tasas de la deuda estadounidense han vivido un sell-off relevante en las semanas recientes, un ajuste que se ha trasladado a los mercados emergentes y ha presionado al alza los rendimientos en toda América Latina. Por esa razón, afirma Castro, el comportamiento observado en Colombia no es un fenómeno aislado, ni atribuible a la estrategia de endeudamiento del Ministerio de Hacienda.
Aun así, advierte que el verdadero determinante hacia adelante será el volumen de emisión que el Gobierno necesite realizar en 2026, en un contexto de déficit fiscal elevado. Aunque no espera una oferta de deuda muy diferente a la de este año, reconoce que las necesidades de financiamiento obligarán a Hacienda a seguir acudiendo con fuerza al mercado. Y subraya un punto clave: no toda la emisión podrá concentrarse en la parte corta de la curva. En algún momento, el Gobierno tendrá que volver a emitir en los tramos largos, lo que podría añadir presión adicional a las tasas si persiste la incertidumbre fiscal.
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