EFE.- El senador Iván Cepeda, contraparte del proceso que tiene en detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, aseguró en una entrevista con Efe que esa medida de la Corte Suprema es &#8220;una severa derrota política&#8221; para el exmandatario, y consideró que, durante su tiempo en el poder, &#8220;Uribe provocó una gigantesca crisis humanitaria con sus políticas&#8221;. 



Tras la detención domiciliaria en un caso que la Corte le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, Uribe renunció a su escaño en el Senado, una consecuencia más del proceso que le enfrenta a Cepeda, cuyo dedo acusador denuncia los presuntos vínculos del exmandatario con el paramilitarismo. 



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Cepeda se refirió al hecho de ser el artífice del caso que tiene a Uribe en prisión, &#8220;creo que ese es un hecho de la mayor importancia, no porque esté ejerciendo ninguna especie de revancha judicial sino porque es un mensaje democrático para la sociedad colombiana, indicó Cepeda. 



&#8220;Uribe es un hombre muy poderoso en términos políticos, muy influyente en muchos sectores y ha sido objeto de muchas denuncias por distintas clases de hechos en los últimos años sin que en ninguno de esos casos se produjera una investigación seria. En esta oportunidad sí se ha producido -y a pesar de las inmensas presiones que él ha desarrollado, que han tenido, entre otros, objetivos de desprestigiar y hacerle un grave daño a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia-, una decisión inédita porque si hay alguna función del Poder Judicial en una sociedad democrática es controlar los desmanes, las arbitrariedades que comete el poder político y más concretamente los políticos, que en la sociedad colombiana han gozado de impunidad, por lo menos los políticos de ese nivel, que ha sido prácticamente cerrada y sin fisuras&#8221;, agregó. 



El senador dijo que valora la decisión de la Corte y espera que exista un desarrollo del caso en materia de justicia. Además, señaló, &#8220;el precedente sentado es muy importante, que no solamente se ha presentado en términos judiciales sino que ha implicado una severa derrota política para el expresidente y exsenador, precisamente porque ha tenido que dejar el Congreso de la República&#8221;.

ivan_cepeda - foto Senado

‘Detención domiciliaria es una severa derrota política para Uribe’: Iván Cepeda

El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue citado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el próximo 16 de septiembre para una indagación preliminar por la masacre de El Aro, perpetrada por paramilitares en 1997 en el departamento de Antioquia, informaron este sábado medios locales.



En un auto del 14 de agosto la Corte determinó seguir con la investigación en la que escuchará, además de la versión libre de Uribe, las declaraciones de varios exparamilitares, y ordenó practicar nuevas pruebas en el caso.



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La defensa de Uribe, presidente entre 2002 y 2010, confirmó hoy que solicitó a la Corte entregar a la Fiscalía General el expediente de esa investigación ya que el exmandatario renunció esta semana a su escaño en el Senado, razón por la que según sus abogados el alto tribunal ya no tiene competencia en el caso.



&#8220;Con ocasión al cese en el ejercicio de sus funciones como senador, otros casos que venía adelantando la Sala de Instrucción de la Corte, entre ellos la investigación relacionada con la masacre de El Aro, debe pasar al conocimiento de la Fiscalía&#8221;, aseguró este sábado en un comunicado su abogado Jaime Granados.



Uribe, en detención domiciliaria desde hace una semana por presunto fraude procesal y soborno de testigos, en otro proceso solicitó a la CSJ que también remita ese expediente a la Fiscalía.



<h2>Competencia de la Corte</h2>



 A Uribe se le vincula a la masacre de El Aro por supuestamente haber apoyado durante su periodo como gobernador de Antioquia (1995-1997) a los paramilitares que asesinaron a 17 campesinos en octubre de 1997 en ese caserío del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste).



Sin embargo, su abogado dijo este sábado que &#8220;ninguna relación existe entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio con las funciones como senador de la República, las cuales empezó a desempeñar en julio de 2014, es decir casi 18 años después&#8221;.



El proceso contra Uribe indaga de manera preliminar su supuesta implicación en la masacre debido a que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la matanza.



Según sus abogados, &#8220;el proceso debe regresar a la Fiscalía en donde se venía adelantando la investigación hasta antes del año 2014, fecha en la cual, en razón de la posesión de Álvaro Uribe Vélez como senador, se remitió a la Corte Suprema de Justicia&#8221;.



&#8220;Vemos con sorpresa que el 19 de agosto, fecha en la cual ya era pública la renuncia de Uribe, (la Corte) nos comunicó un auto del 14 de agosto en donde decide dar impulso procesal a dicha actuación&#8221;, agregó Granados.



La masacre de El Aro, al igual que otras a las que Uribe ha sido vinculado, fue declarada como crimen de lesa humanidad por lo que no tiene prescripción. 



EFE.

Dictan medida de aseguramiento contra expresidente Uribe

Corte Suprema cita a Uribe a declarar por masacre de El Aro

La Corte Supremo de Justicia abrió una indagación preliminar contra el senador Gustavo Bolívar por las denuncias que se han registrado en las últimas semanas de que entregó dotación, así como recursos para los manifestantes de primera línea. 



La decisión se tomó luego de una denuncia del abogado Víctor Mosquera y Bernardo Jaramillo, quienes consignaron varias conductas de Bolívar que, en su criterio, serían un delito. La apertura de la investigación fue tomada por el magistrado Francisco Farfán, de la Sala de Instrucción del alto tribunal. 



&#8220;La Corte ordena una apertura de investigación preliminar, encaminada a establecer si en realidad los hechos ocurrieron tal como están relatados por Víctor Mosquera Marín y Bernardo Henao Jaramillo, determinar si los mismos tienen encuadramiento típico en las infracciones punibles a que estos se refieren como adecuación propuesta, y de igual manera, discernir si el imputado está comprometido en los posibles hechos punibles objeto de denuncia&#8221;, dice el auto.



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La Corte Suprema también reunirá pruebas para determinar el alcance de las acciones del senador al recoger recursos para los manifestantes que están en la primera línea. 



Hace unas semanas, Bolívar realizó una colecta con el fin de reunir recursos para donar elementos de protección a los manifestantes del paro nacional. A través de la plataforma Vaki, Bolívar buscaba más de $300 millones para entregar dichos elementos de protección a jóvenes y madres de esta primera línea. 



&#8220;A petición de los donantes hemos ampliado la meta a dos etapas más. Una hasta 200 millones para entregar 100 millones a víctimas de mutilación ocular y una tercera etapa hasta llegar a 300 millones para entregar esos 100 millones restantes a familiares de personas asesinadas dentro del paro desde el 28 de abril”, decía en la plataforma.



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">¡Gracias Colombia! Llevamos 297 millones. Estamos 3 millones de la meta. Mañana nuestros jóvenes tendrán elementos de protección para preservar su salud y sus vidas. Si eso no es políticamente correcto, lo es desde el lado humano. Asumo el costo. Favor RT<a href="https://t.co/9tRaOi38Ya">https://t.co/9tRaOi38Ya</a>&mdash; Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) <a href="https://twitter.com/GustavoBolivar/status/1399518194914693126?ref_src=twsrc%5Etfw">June 1, 2021</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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Gustavo Bolívar 1280x720

Corte Suprema abre investigación contra Gustavo Bolívar por donar recursos a la primera línea

&#8220;El Fiscal primero delegado, ante la actualización de los requisitos objetivos y subjetivos de carácter legal, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, sustituida por detención domiciliaria&#8221;, dijo la Fiscalía General de la Nación este miércoles al referirse a la captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



Gaviria es acusado por presuntas irregularidades en la actividad contractual de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entra La Cruzada Caucasia. Para el Fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, &#8220;aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación&#8221;.



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<h2 id="h-el-caso">El caso</h2>



&#8220;El citado contrato fue suscrito cuando el señor Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663 millones&#8221;, dijo el ente acusador. 



En línea con lo anterior, la Fiscalía explicó que la investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, &#8220;tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa&#8221;.



La Fiscalía agregó que también hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional número 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995 millones, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas. &#8220;Las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos&#8221;.



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Además, resaltó el ente acusador que se identificó la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. &#8220;Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz&#8221;.



La Fiscalía continuó explicando que en el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los $16.000 millones, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva.



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<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><a href="https://twitter.com/hashtag/%C3%9ALTIMOMINUTO?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ÚLTIMOMINUTO</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/Fiscal%C3%ADa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Fiscalía</a> General de la Nación acusa al Gobernador de <a href="https://twitter.com/hashtag/Antioquia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Antioquia</a>, Aníbal Gaviria Correa, ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades de contratación en proyecto de mantenimiento y pavimentación de la Troncal la La Paz. <a href="https://t.co/VJpovB7AYG">pic.twitter.com/VJpovB7AYG</a>&mdash; Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) <a href="https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1367177783395418116?ref_src=twsrc%5Etfw">March 3, 2021</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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Aníbal Gaviria gobernador Antioquia - foto Fiscalía

Capturan al gobernador de Antioquia por presuntas irregularidades en contratación

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió este lunes que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe continuará por el nuevo sistema penal acusatorio. Con esto, el alto tribunal resolvió un conflicto de competencias que había sido elevado por el abogado del senador Iván Cepeda, contraparte del caso. 



En el recurso, se consideraba que la ley que debía regir el proceso contra Uribe es la misma con la que venía en la Corte Suprema antes de que el expediente pasara a manos de la Fiscalía. Por esto, según había indicado el abogado, no era la juez 30 de control de garantías quien debía definir la libertad del expresidente, sino la Fiscalía. 



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Sin embargo, la Corte no detalló en qué parte del proceso se encuentra el caso, por lo que la juez 30 de control de garantías sería quien tendría que definir este punto. 



Uribe es investigado por soborno a testigos y fraude procesal, delitos supuestamente cometidos en el 2018 para que paramilitares declararan a su favor y se retractaran de afirmaciones en las que lo han señalado con las Autodefensas. 



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<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true"><a href="https://twitter.com/CorteSupremaJ?ref_src=twsrc%5Etfw">@CorteSupremaJ</a> ratifica competencia de jueza 30 de Garantías de Bogotá para resolver la petición de libertad del exsenador <a href="https://twitter.com/AlvaroUribeVel?ref_src=twsrc%5Etfw">@AlvaroUribeVel</a> dentro del proceso por soborno y fraude procesal. Diligencias que deberán continuar por sistema acusatorio o Ley 906 de 2004.&mdash; Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) <a href="https://twitter.com/CorteSupremaJ/status/1313167563027877891?ref_src=twsrc%5Etfw">October 5, 2020</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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Alvaro Uribe Senado 1280x720

Caso de Uribe seguirá en el sistema acusatorio, jueza de garantías definirá su libertad

La Corte Suprema de Justicia condenó a Avianca a pagar 500 millones de pesos a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) por “perjuicios causados por conductas antisindicales&#8221;. 



La decisión se llega tres años después de la huelga de 51 días organizada por pilotos de la aerolínea, considerada la más larga del mundo. 



En el fallo, el alto tribunal señaló que la aerolínea violó el derecho de asociación sindical, lo que generó daños a la Acdac porque se disminuyó su poder de negociación colectiva “y se comprometió gravemente su existencia y sus fuentes de financiación”.



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En su momento, Avianca dijo que el pliego de peticiones de los pilotos, en el que exigían mejores condiciones laborales y más beneficios para ellos y sus familias, fue exagerado y las autoridades catalogaron como ilegal la huelga. 



Según el tribunal,&nbsp;una investigación realizada demostró que Avianca poseía “una línea de actuar” que tenía como objetivo “menguar el poder de la organización sindical demandante, a través del ofrecimiento a los trabajadores de mejores garantías económicas que las conseguidas a través de la negociación colectiva”, registró la revista Semana.



La Corte concluyó que la aerolínea violaba y condicionaba las libertades de afiliación y desafiliación de sus trabajadores, poniendo en riesgo la existencia de Acdac. Según los denunciantes,&nbsp;las presiones de Avianca hicieron que 210 miembros de Acdac desertaran del sindicato y ayudaran a la aerolínea en medio del conflicto.

Avianca 1280x720 Reuters

Corte Suprema condena a Avianca a pagar $500 millones por conductas antisindicalistas

El juez del Tribunal Supremo Stephen Breyer anunció formalmente su jubilación hoy, allanando el camino para que el presidente Joe Biden nombre a su primer candidato al alto tribunal y lo envíe al Senado para su confirmación.



 Breyer dijo en una carta a la Casa Blanca a la que Forbes tuvo acceso, que su jubilación se hará efectiva cuando termine el actual mandato del Tribunal Supremo a finales de junio o principios de julio, &#8220;suponiendo que para entonces mi sucesor haya sido nominado y confirmado&#8221;. 



<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">It&#39;s official. Supreme Court Justice Stephen Breyer sent this letter to the White House notifying President Biden of his retirement. Here&#39;s what happens next: <a href="https://t.co/QgqZvszfCJ">https://t.co/QgqZvszfCJ</a> <a href="https://t.co/Ux5denjpM0">pic.twitter.com/Ux5denjpM0</a>&mdash; Forbes (@Forbes) <a href="https://twitter.com/Forbes/status/1486753390747082756?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2022</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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Se espera que Biden nomine a la primera mujer negra al Tribunal Supremo, y el Washington Post informa que es probable que nombre a un nominado rápidamente, más rápido que el mes que le llevó al ex presidente Barack Obama nombrar al ex nominado Merrick Garland en 2016.



Una vez que Biden nombre a un nominado, el Comité Judicial del Senado celebrará audiencias de confirmación, y luego una mayoría simple del pleno del Senado tendrá que votar a favor de su confirmación para que ésta sea aprobada.



El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata de Nueva York), dijo el miércoles que espera que los legisladores confirmen al nominado &#8220;con toda la velocidad deliberada&#8221;, y múltiples fuentes informan que los demócratas del Senado quieren seguir un cronograma apresurado similar al de la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett en 2020, que tomó alrededor de un mes.



Lo que viene



 La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles que el presidente &#8220;mantiene&#8221; su compromiso de nominar a una mujer negra para el tribunal. Hasta el momento, los principales candidatos son la jueza Ketanji Brown Jackson, que forma parte del tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia, y la jueza del Tribunal Supremo de California Leondra Kruger.



<h2>Lo que no sabemos</h2>



Cómo se desarrollará el proceso de confirmación en el Senado y cómo responderán los republicanos al candidato de Biden. Dado que los demócratas cuentan con una estrecha mayoría de 50 votos, más el de la vicepresidenta Kamala Harris, los republicanos no podrán bloquear al candidato de Biden si todos los demócratas votan a favor. Pero los republicanos podrían intentar retrasar el proceso. Los asesores demócratas citados por el Post señalaron que los demócratas y los republicanos están divididos por igual en el Comité Judicial del Senado, sin embargo, lo que significa que los legisladores republicanos en ese comité podrían tratar de utilizar tácticas de retraso para retrasar las cosas. Si bien es probable que el candidato de Biden sea confirmado en el actual Senado, la estrecha mayoría de los demócratas los coloca en una posición precaria, ya que un solo senador que se incapacite inesperadamente o tenga que renunciar cedería inmediatamente la cámara a los republicanos.



<h2 id="h-hechos-sorprendentes">Hechos sorprendentes</h2>



Algunos republicanos ya han empezado a atacar al candidato de Biden como un activista de extrema izquierda incluso antes de ser nombrado. El senador Rick Scott (R-Fla.) predijo en un comunicado que los demócratas del Senado &#8220;caminarían por la plancha en apoyo de un liberal radical con puntos de vista extremistas&#8221;, por ejemplo, mientras que el candidato al Senado por Arizona, Blake Masters, tuiteó que Biden &#8220;nominaría a RuPaul al SCOTUS y se esperaría que lo tomara en serio&#8221;, en referencia a la drag queen y presentadora de RuPaul&#8217;s Drag Race. Sin embargo, de los principales contendientes para el puesto, la confirmación de Jackson en el Senado para el tribunal de apelaciones de D.C. fue en realidad respaldada por tres senadores republicanos, y Reuters informa que Kruger tiene fama de ser un juez moderado ideológicamente. El representante de la mayoría de la Cámara de Representantes, James Clyburn (republicano de Carolina del Sur), también dijo a CNN que creía que la jueza J. Michelle Childs, otra posible candidata, podría obtener el apoyo de &#8220;varios republicanos, incluidos los dos senadores republicanos de Carolina del Sur&#8221;.



<h2>Antecedentes clave</h2>



La decisión de Breyer de abandonar el Tribunal Supremo después de más de 25 años se produjo cuando activistas liberales, juristas y otros demócratas llevaban meses presionando públicamente al juez de 83 años para que se retirara, subrayando la necesidad política de que la magistrada de tendencia liberal dejara libre el camino para un sucesor cuando los demócratas controlen tanto la Casa Blanca como el Senado. La sustitución de Breyer no afectará a la inclinación conservadora del tribunal (6-3), pero contribuirá a garantizar que el puesto siga siendo de tendencia izquierdista en los próximos años, algo que preocupó especialmente a la izquierda después de que la jueza conservadora Barrett sustituyera a la jueza Ruth Bader Ginsburg en 2020. Con la renuncia de Breyer al final de este mandato, el mandato de su sucesor en el Tribunal Supremo comenzará cuando se inicie el próximo mandato el 3 de octubre.



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Stpehen Breyer (Getty)

La jubilación de Stephen Breyer en el Tribunal Supremo es oficial: esto es lo que ocurrirá después

La Corte Suprema de Justicia dijo este martes que la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones es &#8220;sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada&#8221; y ordenó al Gobierno &#8220;adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica&#8221;.



Así lo hizo al responder una acción de tutela (recurso de amparo) presentado por un grupo ciudadano que considera que el Gobierno y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) los agredieron &#8220;sistemáticamente&#8221; durante las manifestaciones de noviembre pasado, lo que ha amenazado su derecho a la protesta.



&#8220;Entre las medidas (&#8230;) está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará &#8216;Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana'&#8221;, detalló el alto tribunal en un comunicado.



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La Policía colombiana ha sido criticada en los últimos meses por los abusos que ha cometido para dispersar las protestas como lo ocurrido en noviembre pasado, cuando el bachiller Dilan Cruz murió por un disparo de un miembro del Esmad durante una manifestación en la capital.



Igualmente, miembros de la institución son acusados de la muerte de 13 personas por disparos de bala en Bogotá y la localidad vecina de Soacha los pasados 9 y 10 de septiembre durante unas violentas manifestaciones desatadas tras el fallecimiento de Javier Ordóñez, quien fue sometido brutalmente por dos policías durante su arresto.



<h2>Suspendido el uso de escopetas calibre 12</h2>



Cruz murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con &#8220;múltiples perdigones de plomo&#8221; durante una manifestación contra la política económica y social del Gobierno del presidente Iván Duque, según el dictámen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



En ese sentido, la providencia de la Sala de Casación Civil de la Corte ordenó al Esmad suspender el uso de ese tipo de escopetas &#8220;hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento&#8221;.



También manifestó que el Gobierno deberá mantener &#8220;la neutralidad&#8221;, incluida la no estigmatización de quienes protestan, y que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tendrá que disculparse &#8220;por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019&#8221;.



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El alto tribunal recalcó que la Constitución no protege la protesta &#8220;intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio&#8221;.



Por ello aclaró que, tras aplicar &#8220;un test de sistematicidad a diversos episodios registrados en las principales ciudades del país y denunciados en la acción de tutela, la Sala encuentra elementos comunes de equivocado uso de la fuerza para controlar las movilizaciones&#8221;.



&#8220;Hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas (&#8230;) al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente&#8221;, añadió la Corte en su sentencia.



<h2>&#8220;Serios problemas&#8221;</h2>



La Sala de Casación Civil, al estudiar la tutela, manifestó además que ese caso reveló &#8220;serios problemas&#8221; en temas como la ausencia de una &#8220;Ley Estatutaria que desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública&#8221;, así como &#8220;allanamientos masivos, por parte de la Fiscalía General de la Nación, a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas&#8221;.



También hay una &#8220;desatención a las obligaciones convencionales del Estado respecto de los Derechos Humanos&#8221;, además de &#8220;ausencia de vigilancia y control de las actuaciones de las autoridades demandadas, en relación el derecho de reunión&#8221;.



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&#8220;El vacío que supone como institución del Esmad que no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas&#8221;, agregó la información. 



EFE

Colombianos mantienen vivas protestas contra Policía a través de la cultura

Corte Suprema dice que intervención policial en protestas es ‘arbitraria’

En relación con la decisión de trasladar el proceso contra el exsenador, Álvaro Uribe, a la Fiscalía General de la Nación, la entidad informó este miércoles que acata la determinación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. &#8220;En el momento en el que el proceso sea trasladado, la Fiscalía General de la Nación estará facultada para asignar el proceso&#8221;, agregó. 



Además, instó a la sociedad y a los diferentes actores públicos a respetar el rol autónomo e independiente que cumple la entidad, y cada uno de los funcionarios como parte de la Rama Judicial.



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Otro de los puntos que comunicó es que una vez se asigne el proceso, &#8220;el fiscal, a quien corresponda el caso, asumirá con autonomía, adelantará las acciones investigativas y tomará las decisiones necesarias con absoluta responsabilidad y rigor, en estricto respeto por las garantías constitucionales que les asisten al procesado, las víctimas y demás involucrados&#8221;. 



Por último, dijo que el procedimiento para el traslado del proceso fue acordado en reunión cumplida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con los honorables magistrados de la Sala de Instrucción. El trámite se realizará en los próximos días, informó. 



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Vale decir que el senador, Iván Cepeda, anunció este lunes que recusará al fiscal general, Francisco Barbosa, y pedirá uno ad hoc para el caso que tiene en prisión domiciliaria al expresidente Uribe. La razón para la recusación es un probable conflicto de intereses ya que el fiscal Barbosa es amigo de vieja data del presidente, Iván Duque, del partido Centro Democrático, fundado por Uribe en 2014.



El congresista pedirá además que este sea ternado por la Corte Suprema de Justicia, proceso que suele realizar el Presidente de la República. Para Cepeda, el presidente, Iván Duque, “no ha disimulado en estos días” los “intereses que tiene con relación a este proceso”.

Francisco Barbosa 1280x720

Tras recibir caso Uribe, Fiscalía pide respetar el rol autónomo de la entidad

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