Con 89 votos a favor y ninguno en contra fue aprobado de manera unánime este lunes el proyecto de ley que busca eliminar el beneficio de casa por cárcel a quienes sean condenados por delitos de corrupción.



La norma hacía parte de la consulta anticorrupción votada en 2018, que no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada y cuyas propuestas ahora escalan en el Congreso. 



El proyecto establece que cuando cuando una persona sea encontrada culpable por “acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio” en los delitos que afecten el patrimonio del Estado, será enviada a una cárcel ordinaria y no a sitios de reclusión especial ni a su vivienda. 



Además, las empresas cuyos socios o representantes hayan incurrido en hechos de corrupción estarán inhabilitadas para volver a contratar con el Estado. Y, como condición adicional, quienes sean condenados por estos delitos no podrán ejercer la cátedra en colegios o instituciones de educación superior. 



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<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">¡Aprobado! punto 2 de la <a href="https://twitter.com/hashtag/ConsultaAntiCorrupci%C3%B3n?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ConsultaAntiCorrupción</a> Chao sitios especiales de reclusión como bases militares, escuelas de policía, caballería y naval: A cárcel ordinaria irán los condenados de cuello blanco. Estado puede terminar SIN indemnizar contratos obtenidos con corrupción <a href="https://t.co/UbqizU5YI0">pic.twitter.com/UbqizU5YI0</a>&mdash; Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) <a href="https://twitter.com/AngelicaLozanoC/status/1206685298765303808?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2019</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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Ahora la iniciativa pasará a la conciliación de los textos aprobados por Senado y Cámara, que se llevaría a cabo en marzo del 2020.

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Corruptos no tendrán más el beneficio de casa por cárcel

La corrupción es un mal que aqueja a todos los países del continente, principalmente a los que conforman la región latinoamericana. Ya sea por violentar la autonomía de las instituciones, perseguir la libertad de expresión o proteger a funcionarios acusados de peculado o abuso de autoridad, la corrupción avanza de manera alarmante, comentó Luz Daniela Martínez Chávez, abogada y socia del despacho Martínez Ocampo &amp; Chávez Vaca SC.



Y es que según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), el cual evalúa la capacidad de 15 países latinoamericanos para descubrir, sancionar y prevenir estos actos, el combate a la corrupción ha decaído en esta zona, que representa casi el 95 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de toda la región.



Al respecto, la especialista en derecho penal y delitos de cuello blanco destacó que el combate a la corrupción es uno de los mayores desafíos que hay en América Latina, así como uno de los puntos que se debe fortalecer con mayor énfasis. “Existe una visión negativa de la ciudadanía con respecto a los servidores públicos en cualquier país; por ello es necesaria la promoción de la legalidad y la sanción efectiva de los actos de corrupción”, dijo.



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De acuerdo con la información del CCC, Uruguay es el país con la puntuación más alta (7,80/10), seguido de Chile (6,51), Costa Rica (6,45), Perú (5,66), Argentina (5,16), Brasil (5,07), Colombia (4 ,81), Ecuador (-4,77), Panamá (4,55), la República Dominicana (4,38), México (4,25), Paraguay (4,08), Guatemala (3,84), Bolivia (2,43) y Venezuela (1,40), que es al momento el que menos ha obtenido resultados en su combate a la corrupción.



En este contexto, la experta recordó que recientemente Óscar Álvarez Marroquín, expresidente del Banco de Guatemala, consideró que las mismas reglas de la democracia han facilitado la corrupción tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo, cuyas campañas políticas han reportado financiamiento tanto del sector privado, como del narcotráfico.



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="682" src="https://cdn.forbes.co/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-29-at-16.42.09-1024x682.jpeg" alt="" class="wp-image-113066" srcset="https://cdn.forbes.co/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-29-at-16.42.09-1024x682.jpeg 1024w, https://cdn.forbes.co/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-29-at-16.42.09-300x200.jpeg 300w, https://cdn.forbes.co/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-29-at-16.42.09-768x512.jpeg 768w, https://cdn.forbes.co/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-29-at-16.42.09.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Foto: Despacho Martínez Ocampo &amp; Chávez Vaca SC.</figcaption></figure>



Ante ello, la socia de la firma explicó que una alternativa eficaz para combatir este mal que resquebraja el tejido social, es el Compliance gubernamental, el cual contribuye a la celeridad de trámites burocráticos, además de ampliar el margen de transparencia y la profesionalización de los servidores públicos.



“Es a través del Compliance gubernamental que se pueden dar pasos firmes hacia la implementación de políticas que contribuyan a mejorar la vida social y atiendan las necesidades que existen en nuestros países latinoamericanos”, aseguró.



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Corrupción

Reportan crecimiento de corrupción en Latinoamérica: estudio

La Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, anunció hoy la entrada en vigor de tres herramientas que permitirán a la ciudadanía monitorear los avances de la nación en medio de su cruzada anticorrupción, así como la ejecución de los recursos públicos.



“Nuestra meta es afianzar una cultura de la transparencia, partiendo del ejemplo en el sector público; tenemos que encender la luz de todos los procesos, para que no haya lugar a la ilegalidad, al despilfarro de los recursos de todos los colombianos. Y en ese sentido, hemos robustecido el marco normativo y hemos puesto en marcha diversas iniciativas que nos han permitido dar pasos importantes para cortarle los tentáculos a este delito”, afirmó la vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez.



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Entre los anuncios se incluyó la creación del Índice Nacional Anticorrupción (INAC), integrado por mediciones de diversas entidades del Estado en materia de desempeño institucional, rendición de cuentas, contratación, transparencia y acceso a la información, integridad, gestión de riesgos de corrupción, presupuesto público, entre otros. 



A la fecha, se han evaluado 82 entidades del ejecutivo, del orden nacional, divididas en 21 sectores; 64 entidades del nivel territorial, divididas entre 32 gobernaciones y 32 alcaldías de ciudades capitales. agregó la información.



La vicepresidencia también anunció el lanzamiento del Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), que centraliza información relevante para visibilizar de forma dinámica e interactiva la contratación pública, sanciones, multas, denuncias y noticias relacionadas con posibles hechos de corrupción. Se trata de un mecanismo que permite generar alertas tempranas. A la fecha, cuenta con 700 millones de datos y 72.000 ingresos o consultas.



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A su vez, se robusteció la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), que cuenta actualmente con 121 Oficiales de Transparencia de entidades del nivel nacional y 106 del nivel territorial, con presencia regional en Tolima, Risaralda, Casanare, Boyacá, Cesar, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Cundinamarca, Bolívar, Antioquia, Huila, Nariño y Córdoba. 



La intención de estas herramientas también apunta a que la ciudadanía tenga más posibilidades de denunciar posibles actos de corrupción, para lo cual cuentan con las 32 Comisiones Regionales de Moralización del país, que se integran &#8220;como una estrategia para la prevención de la corrupción y la consolidación de la cultura de la integridad, legalidad y trasparencia&#8221;, según la vicepresidencia.



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Marta Lucía Ramírez - foto Vicepresidencia

Vicepresidencia anuncia lanzamiento de tres herramientas para combatir la corrupción

Con robusta agenda anticorrupción, Estados Unidos retoma el liderazgo global. El anuncio de la Casa Blanca el pasado 3 de junio de una nueva agenda en la lucha contra la corrupción fue un vigoroso llamado a los sectores público y privado para revisar la manera de abordar su gestión y manejo de fondos. El mensaje del presidente Joe Biden es claro: su gobierno perseguirá dentro y fuera de su a quien cometa o facilite actividades corruptas.



Al abordar la corrupción como una prioridad económica y de seguridad nacional, la administración Biden-Harris expande el foco de su política exterior y lidera los esfuerzos para lograr una mayor transparencia del sistema financiero global y frenar el avance de sistemas autocráticos. La agenda busca combatir toda forma de financiación ilícita en Estados Unidos y en los sistemas financieros internacionales. 



Se esperan medidas contra paraísos fiscales y estructuras corporativas dudosas; y para reducir el secreto financiero extraterritorial. Se anticipan más investigaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, haciendo vital que empresas e instituciones financieras revisen sus programas para mitigar sus riesgos, en especial aquellas con clientes y socios internacionales o financiadas por multilaterales.



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Para su implementación, las agencias gubernamentales de Estados Unidos trabajarán en los próximos 6 meses en un plan que cubra, entre otros:



• Atacar la financiación ilícita incluyendo acelerar la creación del registro de “beneficiarios reales” y limitar la capacidad de empresas fantasmas en la compra de activos. • Perseguir a los culpables con mayores acciones penales y civiles, que abarquen la recuperación de activos de cleptocracia. • Hacer alianzas globales para frenar la corrupción emanada de sistemas autocráticos y cleptocráticos, empresas estatales extranjeras y empresas criminales transnacionales • Mejorar la asistencia extranjera y cooperación • Aumentar el apoyo a la sociedad civil y medios de comunicación.



En Latinoamérica el mensaje resonó de inmediato. En su primer viaje a la región, unos días después del anuncio de la directriz, la vicepresidenta Harris, logró el compromiso de 12 empresas —incluyendo colombianas—para apoyar el desarrollo económico del Triángulo Norte con un norte claro: más oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.



En una Colombia sacudida por la agudización del malestar social y con su grado de calificación golpeado, abrir el debate a reformas estructurales que inviten a un mayor liderazgo del sector privado y aterricen el discurso sobre corrupción pudiera abrir la puerta a nuevos consensos.



Contacto



LinkedIn: <a href="https://www.linkedin.com/in/msanchezescobar/">Margarita Sánchez</a>



*La autora es abogada de Washington DC especializada en delitos de cuello blanco, anticorrupción global y disputas transfronterizas (América Latina y el Caribe)



Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de&nbsp;Forbes&nbsp;Colombia.

La corrupción no se combate con discursos

En su intervención en una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para que se fortalezca la lucha contra la corrupción. 



&#8220;Tomemos acciones decisivas en contra del flagelo que es la corrupción que tanto daño hace a nivel mundial. Hacerlo es una obligación moral con nuestras naciones y con las generaciones presentes y futuras&#8221;, dijo el mandatario. 



<h5 id="h-lea-tambi-n-colombia-sigue-entre-los-pa-ses-con-peor-ndice-de-percepci-n-de-la-corrupci-n">Lea también: <a href="https://editorial.forbes.co/2021/01/28/actualidad/colombia-sigue-entre-los-paises-con-peor-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/">Colombia sigue entre los países con peor índice de percepción de la corrupción</a></h5>



Duque agregó que &#8220;es momento de seguir actuando con determinación, vencer la corrupción, derrotarla y afianzar la transparencia es un compromiso indeclinable&#8221;. 



El jefe de Estado manifestó que “la corrupción es uno de los principales y más perversos impedimentos para afianzar la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible, pues erosiona los fundamentos del contrato social entre el Estado y los ciudadanos”. 



<h5 id="h-lea-tambi-n-china-condena-a-muerte-a-exbanquero-en-el-mayor-caso-de-corrupci-n-financiera">Lea también: <a href="https://editorial.forbes.co/2021/01/05/actualidad/china-condena-a-muerte-a-exbanquero-en-el-mayor-caso-de-corrupcion-financiera/">China condena a muerte a exbanquero en el ‘mayor caso de corrupción financiera’</a></h5>



Duque además se refirió a los costos que la corrupción genera en el mundo. &#8220;Su costo es equivalente al 5 por ciento del PIB mundial. Según el Banco Mundial, las empresas y las personas naturales pagan más de US$1 billón en sobornos cada año&#8221;.

Iván Duque - ph Presidencia (2)

‘Es momento de seguir actuando con determinación’, Duque sobre corrupción

El impacto de la corrupción es grande para las empresas colombianas, pero aún así, las juntas directivas y el nivel alto de gerencia mayoritariamente no tienen estos temas en el radar de manera prioritaria. Para complicar aún más el asunto, los esquemas de cumplimiento no son eficientes y en consecuencia no ayudan a enfrentar estos desafíos empresariales.



<a href="https://editorial.forbes.co/2021/05/27/actualidad/los-tipos-de-fraude-en-linea-mas-frecuentes-en-colombia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Este es el panorama que se desprende de los resultados del Reporte comparado de Antisobornos y Corrupción que desarrolló la firma consultora Kroll.</a>



Según explicó Pablo Iragorri, director ejecutivo y jefe de la oficina de Kroll en Colombia, el estudio tiene como fundamento una serie de encuestas desarrolladas a altos directivos de las compañías más importantes del país, donde se les pregunta sobre su percepción acerca del soborno, el fraude y la corrupción.



Según los resultados, en el caso colombiano 80% de los encuestados considera que el impacto de la corrupción es muy grande para sus organizaciones. Igualmente el 58% respondió que tanto los riesgos de fraude y corrupción no son tenidos en cuenta por sus juntas directivas y línea de gerencia mientras que 47% dice que en los casos en que hay programas de cumplimiento y lucha contra el fraude y la corrupción, estos no son eficientes.



Según Iragorri, esto muestra un panorama preocupante sobre cómo las empresas colombianas enfrentan estos riesgos.



El estudio muestra que 72% de las personas en la encuesta creen que hay cierta atención a nivel directivo por estos temas. “Lo interesante para nosotros es que Colombia es el país con el menor nivel de atención frente a las directivas, pues solo 42% de la gente dijo que había atención por parte de estos niveles de la organización empresarial”.



<a href="https://editorial.forbes.co/2021/12/15/actualidad/colombia-entre-los-cinco-paises-mas-preocupados-por-pobreza-desigualdad-y-corrupcion/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prueba de que los temas de fraude y corrupción no están en la agenda es que no hay presupuesto destinado para protección y ataque de estos riesgos. </a>



“Cuando se presenta un hecho de corrupción o fraude, no hay cómo hacer la investigación o el análisis del caso: no se sabe quién lo paga, de dónde va a salir la plata. Ese es un punto relevante. Es claro que las compañías deben empezar por asignar fondos que sirvan para hacer investigación en caso de que se presenten estos hechos”, explicó.



Igual ocurre con la prevención, básicamente, porque los recursos destinados a un rubro así al parecer no presentan ninguna “rentabilidad” o es difícil medir su impacto. Pero los recursos destinados al cumplimiento, dice el experto, son como una póliza de seguro, cuyo beneficio se observará cuando se presente el “siniestro”.



Aunque ha habido mejoras, es claro que todavía las áreas de cumplimiento siguen siendo pequeñas, aún en las grandes compañías.



“Aún así, lentamente estamos viendo unas áreas creciendo, en empresas con unidades de cumplimiento más sólidas. Para muchas firmas las tareas de cumplimiento se volvieron una obligación, porque nadie puede tener una empresa en el mercado público o con inversión extranjera sin que tenga un oficial de cumplimiento”.



Es claro que los riesgos de fraude y corrupción están más vinculados con áreas como tesorería, compras y en algunos casos temas operativos como en las compañías extractivas que tienen presencia en campo.



Durante la pandemia, esto se agravó, pues uno de los riesgos predominantes para los directivos colombianos es la falta de visibilidad de terceros: se trata de personas que sin pertenecer a la estructura empresarial, tienen relación permanente con ella.



Antes con la presencialidad las compañías sabían con quién estaban negociando y cuáles eran los hábitos de sus funcionarios que estaban encargados de relaciones clave como las de proveedores.&nbsp;



“Pero la virtualidad ha aumentado el riesgo, porque es más difícil hacer tracking al tipo de relaciones que se dan entre operaciones de una compañía y terceros involucrados. <a href="https://editorial.forbes.co/2021/09/29/actualidad/reportan-crecimiento-de-corrupcion-en-latinoamerica-estudio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tuvimos un par de grandes casos de fraude cibernético porque en línea todo el mundo es más anónimo</a> y resulta más difícil detectar prácticas irregulares o hacer seguimiento”, comentó.



El estudio muestra que en el mundo, 46% de los encuestados señaló que la falta de visibilidad de terceros era un asunto clave en la organización; en la encuesta de Colombia, 51% de los encuestados se mostró preocupado por este tema.



Dentro de los sectores más afectados por fraude y corrupción se destaca el caso del retail que tuvo un mayor impacto en 2021: antes de la pandemia, todo el mundo estaba comprando en el supermercado y en el centro comercial. Pero en 2020 y 2021 esta tendencia cambia y el impacto se ha sentido a todo nivel con productos como ropa, comida y aparatos de tecnología.



Aunque todavía no hay cifras sobre el aumento del fraude a través de herramientas tecnológicas, Iragorri aseguró que la pandemia sin lugar a dudas implicó un aumento y esos datos se empezarán a evidenciar en 2022 y 2023.



El estudio también revela un dato preocupante: entre el 10 y el 25% de los contratos públicos están perdiendo plata por corrupción. Esto es más grave si se tiene en cuenta que por cuenta de la pandemia todos los gobiernos del mundo tuvieron que aumentar sus niveles de inversión pública para ayudarle a la gente a pasar las cuarentenas o para construir nueva infraestructura con el objetivo de aumentar la oferta de empleo.



<a href="https://editorial.forbes.co/2021/10/01/actualidad/organos-anticorrupcion-deben-ser-independientes-de-la-politica-experta/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Un factor positivo es que cerca del 75% de los encuestados admitió que ya está utilizando datos para análisis de riesgo.</a>



“Cada vez hay más data y más análisis de datos para enfrentar estos desafíos. Eso está pasando en áreas como la financiera que es la que se da cuenta de cualquier irregularidad en una firma. El financiero es el que mira las cifras todo el tiempo y cada vez más hay equipos internos dando cuenta de esos datos”, finalizó.



<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOr5qAsw3ITBAw?hl=es-419&amp;gl=CO&amp;ceid=CO%3Aes-419" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Convierta a Forbes en su fuente permanente de información.</a>

Corrupción corporativa y fraude

Fraude y corrupción: Colombia, con el menor nivel de atención por parte de las directivas empresariales

La organización Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, edición que tuvo como factor importante la gestión de los Gobiernos de la pandemia del coronavirus. 



En este nuevo reporte, Colombia pasó del puesto 96 en el ranking al 92, y mejoró su calificación de 37 a 39 sobre 100, entendiendo que en la evaluación entre más bajo sea al número de la calificación, mayor es el nivel de corrupción. 



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Pese a la leve mejora, el país sigue estando entre los de peor índice. Según el estudio, una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público de un país. Su puntaje es similar al de naciones de la región como Ecuador, 39/100, supera el de Brasil, 38/100 y está por debajo de Uruguay que alcanzó, 71/100, Chile, 67/100, y Argentina con, 42/100.



Entre los países que hacen parte de la OCDE, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México. Los dos puntos más de este año, estadísticamente no son considerados como un avance significativo. Por lo tanto, persiste el estancamiento en la calificación, pues desde el 2012 el país ha estado entre los 36 y los 39 puntos. 



En el listado, los países con peor puntuación son Sudán del Sur y Somalia, con 12 puntos cada uno, seguidos de Siria con 4 puntos , Yemen con 15 y finalmente Venezuela también con 15 puntos. En contraste, los países con mejor calificación fueron Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos, seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza con 85 cada uno.

Colombia sigue entre los países con peor índice de percepción de la corrupción

La vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez presentó este martes la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción (Renoba), una iniciativa que desde ahora tendrá el objetivo de vigilar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos y actuar a tiempo con las debidas sanciones. 



La alta funcionaria reveló que se trata de espacio que contará con expertos académicos y servidores públicos, quienes &#8220;ayudarán al país a estudiar este fenómeno para brindar recomendaciones y lograr mitigar este delito a nivel nacional y territorial&#8221;. 



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“Queremos que esta red se convierta en el termómetro de la transparencia, que nos indique oportunamente qué está pasando en determinadas entidades del Gobierno nacional, territoriales y en el sector privado”, afirmó.



Ramírez también indicó que esta Red es única por su naturaleza, no solo en Colombia, sino en la región. &#8220;Acá tenemos pactos de la transparencia y lucha contra la corrupción con más de 56 gremios del sector productivo nacional, y ustedes nos pueden ayudar a hacerles seguimiento. Necesitamos que la Red levante la bandera amarilla cuando sea oportuno y no estemos llorando sobre la bandera roja de lo que ya se llevaron los corruptos, que lamentablemente nunca se recupera”, dijo Ramírez.



Según explicó la Vicepresidenta, lo que se espera que marque el éxito de esta iniciativa es la articulación entre los observatorios territoriales, que permitirá vigilar temas como la corrupción en la contratación, educación, infraestructura, electoral, entre otros. 



Por su parte, la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño, señaló que esta Red activará unos nodos territoriales, los cuales buscan analizar este fenómeno desde un enfoque territorial.

Marta Lucía Ramírez - Vicepresidencia

Crean red de observatorios anticorrupción para vigilar uso de recursos públicos

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