La solicitud la hizo el gerente de la organización, Jorge Andrés Carrillo, quien, a través de una carta, pidió que se amplié la fecha que inicialmente estaba prevista para antes del 30 de noviembre.
Con estos pagos, dice la Contraloría, se convertiría en la mayor recuperación de dineros públicos declarados como daño patrimonial que logró ese ente de control.
