El economista Aurelio Mejía se posesionó oficialmente como nuevo gerente general de Colombia Productiva, por decisión de la Junta Directiva de la entidad.



Su función estará orientada a robustecer la oferta de servicios de Colombia Productiva, encaminado hacia la reindustrialización, desarrollo sostenible y fortalecimiento de la economía popular del Gobierno nacional, para aumentar la productividad y competitividad del tejido empresarial. 



Entre otras, tendrá la tarea de liderar el desarrollo de las diversas iniciativas de la entidad, tales como Fábricas de Productividad; la estrategia para la adquisición de acreditaciones y certificaciones de calidad para la entrada al mercado internacional de empresas y laboratorios; ampliar la oferta de servicios para el crecimiento de los micronegocios y las iniciativas clúster (conglomerados regionales). 



Mejía es egresado de la Universidad de Antioquia, cuenta con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Economía de la Salud de la Universidad de York. 



Se ha desempeñado como director de medicamentos del Ministerio de Salud y Protección Social y subdirector de evaluación de tecnologías en el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). Asimismo, había estado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como viceministro encargado de Desarrollo Empresarial y director de Regulación. 



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Aurelio Mejía, nuevo gerente general de Colombia Productiva

El diagnóstico de Colombia a la hora de buscar competitividad es claro: si bien el país cuenta con un pico de unidades productivas, estas necesitan ayudas para escalar. De lo contrario, &#8220;vamos a estar condenados al pedaleo eterno&#8221;, según comentó la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca. 



De ahí que la directiva reconociera que estamos en un tejido informal muy vulnerable, escenario donde acciones como generar financiación de proyectos productivos desde cada entidad del sector es clave para movilizar muchos más recursos que permitan afianzarlos en un contexto de mayor formalidad.



Unido a ello, el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, asegurara estar en desacuerdo con quienes creen que el sector financiero es un parásito que le quita a la industria y el agro, asegurando que &#8220;el sector financiero es la espina dorsal de la economía colombiana”. 



La afirmación tiene sentido si se tiene en cuenta que hay territorios que dependen de actividades rurales, lo que implica que mover recursos para financiar productos de esa naturaleza sea el camino a la formalidad, de acuerdo con el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.



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El ejecutivo también aseguró que tanto el gobierno como las entidades financieras deben caminar hacia la formalidad al permitir que los colombianos accedan a muchos beneficios que hoy no tienen &#8220;porque son invisibles&#8221;.



Uno de esos beneficios vitales es la inclusión de mujeres en el agro. En el caso de Bancolombia, Mora sostuvo que el banco eligió como foco el tema de campo y la mujer rural para generar oporunidades con la línea &#8216;agro para todas&#8217;, con créditos y apoyo en educación financiera que les permita avanzar en el desarrollo de sus emprendimientos.



Para lograr avances en todo lo anterior, es vital construir un ecosistema que resuelva una de las grandes problemáticas del sector rural, que apunta a la incertidumbre de los precios, de acuerdo con el presidente de Davivienda, Javier Suárez,que a su vez hizo un llamado a &#8220;trabajar de la mano con todos los actores para reducir ese riesgo&#8220;.



Según Maiguashca, esto puede lograrse al elevar la barrera de la formalidad, porque si seguimos poniendo reglas del juego para montar un escenario óptimo lejano para productores o consumidores, se genera exclusión cuando no se logran cumplir esas reglas.



Lea también: <a href="https://editorial.forbes.co/2021/11/16/economia-y-finanzas/bajar-costos-no-laborales-y-ajustar-negociacion-del-minimo-en-la-hoja-de-ruta-del-consejo-privado-de-competitividad/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bajar costos no laborales y ajustar negociación del mínimo, en la hoja de ruta del Consejo Privado de Competitividad</a>



Al respecto, la directiva añadió que se debe hacer un esfuerzo por dejar de imaginar un escenario ideal y construir caminos posibles para una población que adquiere mas cargas a la formalidad, en vez de alejar posibilidades reales de que transiten al crecimiento. 



El otro elemento fundamental de este escenario, según Suárez, es llegar a soluciones costo-efectivas a traves de plataformas digitales. Esto si se tiene en cuenta su importancia ante las dificultades de infreastructura y de vías terciarias que tiene el país.



Sobre ese aspecto, Sarmiento detalló que la conectividad es el camino de la infraestructura y el mundo digital. &#8220;Debemos poder llegar con plataformas digitales mas sofisticadas, ser capaces de instalar plataformas, tener un vínculo directo con las regiones y tener modelos de riesgo que permitan llevar productos financieros&#8221;, dijo.



Incluso, el directivo añadió que la infraestructura representa hasta 1% del crecimiento del PIB del país. Asimismo, mencionó que una inversión que equivalga a 50 puntos básicos del PIB reduce el desempleo en 60 puntos básicos y la pobreza en 50 puntos básicos. 



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Las recetas del sector financiero para crecer en competividad

Datos de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) señalan que un aumento del 1% en el índice de digitalización en un país podría generar un crecimiento económico del 0,3% del PIB mediante un incremento de la productividad. Por otro lado, un estudio de la Cepal sobre los efectos de la penetración del internet en el crecimiento de América Latina señala que un incremento del 1% de la banda ancha fija aumenta el PIB en un 0,31%.



Esta información muestra la importancia de la conectividad para el crecimiento económico de un país y si bien es cierto el Gobierno nacional ha ido aumentando el número de hogares que cuentan con una conexión fija a internet (entre enero y marzo de este año, Colombia registró más de 300.000 nuevos accesos fijos a Internet, llegando a 9,03 millones de conexiones) aún es necesario aumentar esta cifra especialmente en las regiones más apartadas del país en donde este servicio todavía es deficiente.



Para 2022 solo el 59,5% de los hogares del país tenía conexión a internet mientras que para los centros poblados y la zona rural el porcentaje llegó solo al 32,2%; la razón principal por la que los hogares no tenían conexión a internet era el costo elevado (52,5%).



Esto muestra la necesidad no solo de llevar internet a todas las zonas del país sino también de bajar los costos de la conexión para que de esta manera se impacte directamente a las comunidades de menores ingresos y de paso se apoye un sector estratégico de la producción como es la economía popular.



La democratización del internet permitirá apoyar el desarrollo de este sector especialmente a través de la inclusión financiera, que es una de las principales herramientas para reducir la pobreza y la desigualdad en el territorio colombiano.



Las bancas de desarrollo como Findeter juegan un papel importante en ambos sentidos; no solo tienen la tarea de crear productos y servicios financieros y no financieros dirigidos a los actores de la economía popular, sino que también, a través de sinergias con otras entidades del Grupo Bicentenario e instituciones del orden nacional, pueden apoyar al Gobierno en la ejecución de proyectos que permitan conectar zonas apartadas del país.



La iniciativa del MinTic Comunidades de Conectividad, en la que Findeter participará implementando las primeras 100 comunidades, es una oportunidad para ampliar la penetración de internet y la comunicación local y regional para reducir las brechas económicas y sociales y, a su vez, generar oportunidades, riqueza, igualdad y productividad.



La meta del Gobierno es llevar conectividad al 85% de la población al 2025, entonces, internet a un costo accesible será un impulso importante para el desarrollo de la economía popular porque permitirá a los actores de este sector acceder a productos financieros, asesoría y soporte técnico en áreas como marketing, producción y finanzas para que puedan tomar decisiones informadas y hacer crecer sus negocios.



Por: <a href="https://twitter.com/juancamunizp?lang=es" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Juan Carlos Muñíz Pacheco</a>*



*El autor es presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter)



Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de&nbsp;Forbes&nbsp;Colombia.



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La competitividad de las regiones y su impacto en el desarrollo de la economía popular

“La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo”, dijo hace algunos años el economista y Premio Nobel, Paul Krugman, al explicar que “la capacidad de un país para mejorar su estándar de vida en el tiempo depende casi completamente de su habilidad para incrementar su producción por trabajador”.



En una coyuntura clave para el futuro de las ciudades, que se encuentran en vísperas de elegir sus nuevos alcaldes, el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario revelaron el Índice de Competitividad de Ciudades 2023, ICC, un insumo para los nuevos gobiernos locales pero también un balance de los salientes.&nbsp;



Según la medición, en 2023 se registra una reducción en la diferencia en puntaje entre el mejor y el peor de la medición en ocho de los trece pilares, y no solo esto, sino que 20 de los 32 territorios evaluados presentaron un incremento en su puntuación general, respecto al recalculo del año pasado; mientras que, tan solo ocho ciudades registraron un deterioro.&nbsp;



Así, el ICC 2023 es liderado por Bogotá D. C. con un puntaje de 7,96 sobre 10, seguido por Medellín A. M. (7,16); Tunja (6,47); Cali A. M. (6,42) y Bucaramanga A. M. (6,31).



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="603" height="811" src="https://cdn.forbes.co/2023/10/ICC-2023.png" alt="" class="wp-image-199377" srcset="https://cdn.forbes.co/2023/10/ICC-2023.png 603w, https://cdn.forbes.co/2023/10/ICC-2023-223x300.png 223w" sizes="(max-width: 603px) 100vw, 603px" /></figure>



El Distrito Capital conserva su liderazgo al ocupar el primer lugar en 7 de los 13 pilares que conforman la medición. Por su parte, el área metropolitana de Medellín continúa en el segundo lugar gracias a sus buenos resultados en la mayoría de los pilares, especialmente en el de infraestructura y equipamiento en el que ocupa el primer lugar.&nbsp;



Tunja se ubica en el tercer lugar. Después de Bogotá D. C., la capital boyacense es la ciudad que lidera más pilares (educación superior y formación para el trabajo, y sistema financiero).



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El ICC destaca el ascenso en tres posiciones de Cartagena. Así mismo, el área metropolitana de Manizales y las ciudades de Yopal y Quibdó avanzan dos puestos, mientras que las ciudades de Tunja, Valledupar, Arauca y Mitú ascienden en una posición.&nbsp;



Por otro lado, las ciudades de Pasto, Montería y Riohacha pierden dos lugares cada una, mientras que las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Pereira y las ciudades de Ibagué, San Andrés, Mocoa e Inírida descienden en un puesto.&nbsp;



Por otra parte, las últimas posiciones de la medición las ocupan: San José del Guaviare (puesto 28 con un puntaje de 3,27); Leticia (2,98 y puesto 29); Puerto Carreño (2,92 y puesto 30); Mitú (2,44 y puesto 31) e Inírida (2,15 y puesto 32).



Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, dijo que la edición 2023 ICC incluye 106 indicadores, conformados a partir de datos duros, no de percepción.&nbsp;



“Se trata de una herramienta de diagnóstico riguroso de la situación de las ciudades, de tal forma que los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector privado, y la academia puedan contar con herramientas para ejercer sus roles de forma informada, oportuna y pertinente”, agregó.&nbsp;



Entre tanto, Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, explicó que el diseño de buenas políticas públicas a nivel subnacional requiere de evidencia, y su implementación debe orientarse a la búsqueda de resultados.

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Bogotá, Medellín, Tunja y Cali, las ciudades más competitivas 

Si hablamos de crecimiento económico en la pospandemia, no cabe duda de que Colombia logró convertirse en un referente regional gracias al aumento de 11% en el PIB de 2021 y 7,5% en el de 2022. Esto unido a la reducción de 3,2 puntos porcentuales en la pobreza monetaria y 2,1 puntos en la pobreza multidimensional a finales del año pasado, dibujaban un panorama prometedor para 2023 a pesar de la desaceleración que se veía venir. Desafortunadamente, los detalles aquí expuestos están lejos de reflejar la realidad de la nación.



Aquí es donde uno se pregunta: si el país creció tanto, ¿por qué se deteriora la situación general en los departamentos del país? Esa es la conclusión a la que llega el último Índice de Participación Departamental de Competitividad, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), documento que refleja un panorama realmente complejo en el que las brechas entre departamentos no han hecho más que ampliarse. 



La presidenta del CPC, Ana Fernanda Maiguashca, explicó a Forbes que, si estamos viendo el efecto de algo, es más valido citar los coletazos de la pandemia de Covid-19 y los deterioros que generó en muchos de los elementos que mide el índice elaborado por la institución, agrupados en cuatro factores de competitividad: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador. 



El factor más preocupante para Maiguashca es el aumento entre la diferencia de puntaje entre los mejores y los peores, así como al hecho de que 20 de los 33 departamentos analizados tuvieron una caída en su puntaje si se les compara con las cifras de 2022. 



“Hemos visto zonas que tienen muchos logros que además son muy difíciles de concretar. Esto es vital para muchos de estos departamentos, sobre todos los que están más en la periferia, pero lo que seguimos teniendo en los resultados nos habla de retos estructurales muy grandes para que el país pueda ser más productivo”, explica Maiguashca.



<h2 class="wp-block-heading" id="h-panorama-actual">Panorama actual</h2>



Mientras que Bogotá, Antioquia, Atlántico, Risaralda y Valle del Cauca se mantuvieron como los cinco mejores departamentos del país en 2023, los peores siguieron siendo Chocó, Amazonas, Vaupés, Guainía y Vichada. El gran problema es que solo Atlántico tuvo un aumento en su puntaje dentro del ‘top 5’, pasando de 6,27 en 2022 a 6,31 en 2023. 



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1011" height="606" src="https://cdn.forbes.co/2023/09/image-126.png" alt="" class="wp-image-197513" srcset="https://cdn.forbes.co/2023/09/image-126.png 1011w, https://cdn.forbes.co/2023/09/image-126-300x180.png 300w, https://cdn.forbes.co/2023/09/image-126-768x460.png 768w" sizes="(max-width: 1011px) 100vw, 1011px" /></figure>



Peor aún es que, cuando miramos los puntajes absolutos, nos encontramos con cifras que nos dejan cosas que desear. Sobre 10, el departamento que mejor puntaje saca es Antioquia con 6,72. A juicio de Maiguashca, “te das cuenta que ese no sería un puntaje con el que uno llegue orgulloso a la casa”.



El presidente del comité intergremial de Antioquia, Nicolás Posada, es consciente de que en Antioquia hay profundos retos en materia de logística, transporte y turismo. Al respecto, el ejecutivo explica que los empresarios antioqueños han sido pioneros en la internacionalización de sus empresas, pero desafortunadamente ese impulso a bajado. 



“Hay proyectos como los nuevos desarrollos agropecuarios especialmente cítricos y aguacate que están impulsando el desarrollo en municipios que antes su actividad estaba basada en actividades comerciales básicas.&nbsp;&nbsp;



Otro gran reto que vamos a tener los empresarios antioqueños es el aprovechamiento de todas las capacidades que traerá en nuevo puerto en Urabá &#8211; Puerto Antioquia.”, aseveró.&nbsp;



En términos de competitividad, Posada también tiene claro que el departamento debe trabajar mucho más en infraestructura, tanto en los grandes proyectos como incluso la ampliación aeroportuaria. “Otro gran reto es sacar adelante la ampliación del aeropuerto José Maria Cordova, el cual se convertirá en el gran dinamizador de la nueva apuesta: región aeroportuaria. Donde múltiples sectores económicos crecerán y se desarrollarán a partir de esta terminal”.



Al mismo tiempo, calificó de “imperioso” revisar todo el tema de seguridad por lo que ha sucedido con las minas de Zijin Continental Gold, que han sido blanco de ataques terroristas durante el último mes que les han obligado a suspender operaciones en las minas ubicadas en el municipio de Buriticá, proyecto catalogado como el desarrollo minero de oro a gran escala más importante de Colombia. 



<blockquote class="wp-block-quote">
&#8220;El reto es poder acelerar los proyectos productivos y asegurar que las empresas tengan un ambiente viable para hacer negocios y crear empleo”
<cite>Ana Fernanda Maiguashca, Presidenta del CPC</cite></blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote">
&#8220;Las dinámicas centro-periferia obedecen a que el mercado está concentrado en ciudades centro y por eso no ha desarrollado su periferia”
<cite>Sergio Guzmán, Director de Colombia Risk</cite></blockquote>



“Lo que más aqueja al sector empresarial antioqueño y a los habitantes de la gran mayoría de los municipios es el recrudecimiento de la violencia y el terrorismo. Bloqueos en las vías, extorsiones, secuestros, aumento del narcotrafico son el sufriendo que se padece a diario en Antioquia”, explicó.



Otras razones que Maiguashca ha tomado en cuenta para explicar la caída en la competitividad de los departamentos son 13 pilares que se desprenden de las cuatro variables ya mencionadas, donde destacan aspectos como instituciones, infraestructura, sostenibilidad ambiental, salud, adopción de tecnologías de la información, presencia en sistema financiero, sofisticación y verificación, innovación, entorno para los negocios, mercado laboral, tamaño de mercado, educación básica y superior. 



“En esos pilares encontramos que la diferencia entre mejor y peor puntaje se aumentó mucho, lo que nos habla un poco de dónde estamos encontrando problemas, que normalmente son aspectos muy estructurales”, añadió la ejecutiva.



Razón no le falta, pues si analizamos la adopción TIC, el país fluctúa de un 2,20 en la Amazonía a 6,44 en Antioquia y el Eje Cafetero, pasando también de 2,38 a 5,65 en los mismos departamentos en presencia del sistema financiero. En materia de innovación, se ven puntajes de 0,6 en los Llanos y la Orinoquía.



Pese a que Colombia sigue siendo un destino muy atractivo para la inversión, los expertos coinciden en que al país le hace falta trabajar en temas como desarrollo de fibra óptica y el tema de 5G, que cada vez se hace más importante para sectores como telecomunicaciones e infraestructura. Además, hacen falta mayores incentivos para la creación de unidades productivas en las regiones, la seguridad en los territorios y la promoción en sectores claves en los que el país tiene grandes oportunidades. 



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“Las dinámicas centro-periferia obedecen a la lógica que el mercado interno está concentrado en las ciudades del centro y por eso Colombia no ha desarrollado su periferia. En medida por el conflicto interno, pero también porque la centralización del sistema político no ha permitido que los departamentos tengan autonomía para determinar su futuro”, dice a Forbes el director de Colombia Risk, Sergio Guzmán.



Uno de los pocos que destaca en el apartado de infraestructura es el Valle del Cauca. Para la directora económica y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Ana María Castillo, el departamento cuenta con una de las mejores redes de vías en doble calzada, conectando con los principales centros de producción y destinos de consumo como son el centro, norte y sur del país, además de conectar con el puerto de Buenaventura, que movilizó 19,7 millones de toneladas en 2022.



En cuanto a proyectos venideros, ya está contratada la culminación del corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga, al que le hacen falta 34 kilómetros por intervenir y poner a punto todo el corredor; mientras que la vía Mulaló-Loboguerrero se perfila como una nueva alternativa de conexión con el puerto de Buenaventura con un trazado de 32 kilómetros y que hoy se encuentra en negociaciones entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario asignado al proyecto para dar inicio a las obras. 



Asimismo, se espera que en el segundo semestre arranque la actualización de los estudios que incluyen el esquema de financiación para la licitación del dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura. Esto con el propósito de mantenerlo competitivo con relación a los puertos sobre el Pacífico suramericano.



<h2 class="wp-block-heading">Posibles soluciones</h2>



A juicio de Guzmán, se deben formular políticas públicas que logren integrar más los territorios. De ahí a que se debe trabajar en infraestructura, pues esto le permitiría al país conectarse y abrir oportunidades de mercado interno.&nbsp;



De ahí que Maiguashca argumentara que es difícil hablar de fortalezas cuando se observan los resultados de la medición. Parte de lo que el CPC busca con los índices es que cada región y departamento se vea al espejo con números y no necesariamente de manera comparativa. Porque no es lo mismo el tamaño del mercado en el Vaupés que en Antioquia, así como la sofisticación y diversificación difieren considerablemente entre el Vichada y el Valle del Cauca.



En este último caso, Castillo reveló a Forbes que el gran reto del departamento se encuentra en la calidad y cobertura en educación básica y media, tema en el que se ubican en la posición 21 a nivel nacional.&nbsp;



“Este es un tema que nos preocupa porque afecta la competitividad de las empresas e impacta socialmente ya que son justamente estos jóvenes que no están saliendo bien preparados los que no encuentran oportunidades en el mercado laboral”, señaló.



Esto es más preocupante aún cuando se observa que el pilar de educación superior e información para el trabajo tiene una calificación promedio de 3,6 sobre 10. Mientras que Bogotá es la ciudad que tiene mayor puntaje con 7,9, el departamento al que peor le va es Chocó, con 0,9.



Lea también: <a href="https://forbes.co/2023/07/07/editors-picks/como-el-poder-empresarial-se-ha-convertido-en-un-motor-para-la-construccion-de-las-regiones">Cómo el poder empresarial se ha convertido en un motor para la construcción de las regiones</a>



Sin embargo, el gran reto en materia laboral es la alta informalidad que ya llega al 50% de los trabajadores en el caso del Valle. Esto a pesar de que las empresas siguen generando empleo y apostándole al país a pesar de los desafíos que presenta el entorno político actual. 



En desarrollo empresarial, la economía del Valle del Cauca presentó una notable recuperación después de dos años difíciles, posicionándose como la más rápida entre los departamentos del país. Durante 2022, su PIB creció por encima del registro nacional con 8,1% gracias a la&nbsp; industria manufacturera, el comercio minorista y el turismo.&nbsp;



En lo que se refiere al tejido empresarial, las cifras también son positivas: para mayo de 2023, había 90.116 empresas inscritas en la CCC, cifra que refleja un crecimiento de 10% frente 2022 y 15,3% frente a 2019. “Estos resultados son una muestra de la confianza de los empresarios que siguen apostando por la región”, dijo Castillo.



A pesar de que tenemos departamentos que hacen realmente unas tareas espectaculares y que además tienen mejorías en el tiempo, todavía tenemos suficiente de qué preocuparnos en términos de aquellas palancas que permiten que la gente pueda tener las condiciones necesarias para mejorar su vida.&nbsp;



Los expertos coinciden en que el objetivo de las autoridades regionales debe apuntar a encontrar dónde están las debilidades y fortalezas con lo que ellos sienten que son cosas realmente importantes para sus departamentos. Con eso en mente, los alcaldes y gobernadores que lleguen en 2024 deberán concentrar sus agendas en mejorar este tipo de factores y otros recursos, así como observar quiénes lo están haciendo bien.



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¿Somos realmente competitivos? Así está el pulso en la Colombia local

En el último año, gran parte de las regiones de Colombia deterioraron sus niveles de competitividad, registrando brechas más significativas en la adopción de tecnologías, el sistema financiero, la diversificación y la innovación. En general, más del 60% de los departamentos del país empeoraron en sus indicadores, por lo que se prenden las señales de alerta hacia dónde deben dirigirse las acciones de política pública en los próximos años. 



Así lo concluye el más reciente<a href="https://compite.com.co/indice-departamental-de-competitividad/"> Informe Departamental de Competitividad 2023</a>, realizado por Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, en el que se analizan 108 indicadores, distribuidos a través de pilares como el mercado laboral, educación, salud, sostenibilidad ambiental, innovación, tamaño de mercado, infraestructura y sistema financiero, entre otros.



A grandes rasgos, el listado de este año no tiene cambios importantes frente al de 2022. En las primeras cinco posiciones de los más competitivos se encuentran Bogotá, Antioquia, Atlántico, Risaralda y Valle del Cauca. 


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<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="519" height="703" src="https://cdn.forbes.co/2023/05/image-23.png" alt="" class="wp-image-181332" srcset="https://cdn.forbes.co/2023/05/image-23.png 519w, https://cdn.forbes.co/2023/05/image-23-221x300.png 221w" sizes="(max-width: 519px) 100vw, 519px" /></figure></div>


La capital del país lidera 10 de los 13 pilares que conforman la medición y logra un puntaje de 8,47 sobre 10. Antioquia llega a una puntuación de 6,72, reduciendo su puntaje en 0,1 puntos frente al año anterior; en el tercer lugar se encuentra Atlántico, que logra un puntaje de 6,31; Luego Risaralda que mantiene su puntaje en 6,22; y, por último, el Valle del Cauca, que redujo en 0,1 su puntaje general, quedando en 6,11 sobre 10.



Aunque el ranking no se ajusta, salvo algunos departamentos que logran avanzar una o dos posiciones, lo que muestra el documento es que en general se ve un deterioro observado del desempeño competitivo en buena parte de los departamentos. 



Lea también: <a href="https://editorial.forbes.co/2023/05/16/actualidad/exito-y-olimpica-tambien-bajaran-sus-precios-por-la-inflacion-juntos-rebajaran-unos-900-productos/">Éxito y Olímpica también bajarán sus precios por la inflación: juntos rebajarán unos 900 productos</a>



&#8220;En términos generales, se registra un aumento en la diferencia en puntaje entre el mejor (Bogotá) y el peor de la medición (Vichada), y no solo esto, sino que 20 de los 33 territorios evaluados registraron una caída en su puntuación, en comparación al recálculo del año pasado&#8221;, destaca el informe. 



El Consejo Privado de Competitividad explica que las últimas posiciones de la medición son ocupadas por Chocó (puesto 29 y puntaje de 3,08), Amazonas (puesto 30 y puntaje 2,96), Vaupés (puesto 31 y puntaje 2,85), Guainía (puesto 32 y puntaje 2,60) y Vichada, en el último lugar, con un puntaje de 1,78.



En términos de pilares, las brechas más significativas entre los departamentos, destaca el CPC, se presentaron en adopción TIC, sistema financiero, sofisticación y diversificación, e innovación, en los cuales la diferencia en puntaje entre el mejor y el peor fue superior a 9,0, en una escala entre 0 y 10. 



De hecho, el comportamiento relativo de los departamentos es bastante heterogéneo en indicadores como: ancho de banda de Internet fijo, inclusión financiera, diversificación de la canasta exportadora, e investigadores per cápita, por citar algunos ejemplos.



&#8220;Estos elementos representan señales de alerta hacia dónde deben dirigirse las acciones de los diversos actores que inciden en la competitividad regional, entre estos los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector privado y la academia&#8221;, destaca el estudio. 



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<h2 class="wp-block-heading" id="h-resultados-por-region">Resultados por región</h2>



El informe también muestra un análisis regional que busca ofrecer un diagnóstico general de los aspectos que comparten los territorios en materia de competitividad, los cuales dan cuenta de sus debilidades, pero también de sus ventajas comparativas frente a otros.



En ese sentido, las regiones líderes del IDC 2023 es la Central, el Eje Cafetero y Antioquia, que presentan oportunidades de mejora en términos de mercado laboral y sostenibilidad ambiental. Algo similar ocurre en la región Caribe, donde también se suman retos importantes en los pilares de sistema financiero e innovación.



&#8220;Por último, aunque la región de Llanos y Orinoquía se destaca en mercado laboral, aún presenta un rezago significativo en cuanto a educación superior y formación para el trabajo. Para el caso de la región Pacífico, mucho de su bajo desempeño competitivo está relacionado con las brechas en innovación&#8221;, concluyen.



<h4 class="wp-block-heading">Desempeño regional por pilares: </h4>


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<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="587" height="555" src="https://cdn.forbes.co/2023/05/image-25.png" alt="" class="wp-image-181359" srcset="https://cdn.forbes.co/2023/05/image-25.png 587w, https://cdn.forbes.co/2023/05/image-25-300x284.png 300w" sizes="(max-width: 587px) 100vw, 587px" /></figure></div>

La empresa colombiana que recoge residuos textiles y los transforma en fibras

Empeora la competitividad en gran parte de los departamentos de Colombia

Gracias a su ubicación estratégica, entre otros factores de competitividad, Bogotá ha sido destacada como el principal entorno de desarrollo para centros de datos en Sudamérica. Así lo afirma el más reciente estudio de Cushman &amp; Wakefield, firma de bienes raíces que evalúa y califica 63 mercados globales para centros de datos primarios y emergentes. 



La capital de Colombia es el epicentro de desarrollo para este mercado en la región, y solo es superada en construcciones de nuevos centros por Sao Paulo —actualmente en Bogotá hay 61 MW de capacidad para almacenamiento de datos que están siendo construidos, una cifra solo superada por los 132 MW que se construyen en Sao Paulo.



 La nueva capacidad de los centros de datos en Bogotá se sumarán a una red de 30 MW operacionales y 9 MW disponibles para operar. Esta es una red pequeña en comparación con Sao Paulo (301 MW operacionales y 30MW disponibles), Santiago de Chile (190 MW operacionales y 18 MW disponibles) y con Querétaro, en México (115 MW operacionales y 45MW disponibles). 



Sin embargo, Bogotá es un puente de conexión entre América Central y Sudamérica, así como un entorno empresarial estable que ofrece cada vez más incentivos gubernamentales y una amplia conectividad, en comparación con otros países de la región. Esto convierte a la capital en una ciudad ideal para construir nuevos centros de datos y ampliar la red existente, gracias a una serie de ventajas con respecto a otros lugares.



De primera mano, Colombia es el segundo país con más conexiones de fibra óptica de la región, ya que cuenta con diez cables submarinos y dos más en construcción, lo que hacen que las servicios de la nube y el suministro de internet sean continuos y de buena calidad. Es por estas razones que operadores de centros de datos como AWS se han interesado por abrir mercado en la ciudad y controlar desde allí todo lo que sucede a nivel regional. Otros grandes de la tecnología como IBM ya lo hacían antes. 



También las empresas de este mercado se han visto atraídas por las zonas francas de Bogotá, que ofrecen mejores posibilidades para la instalación de nuevos centros de datos. Equinix ya abrió en Bogotá su segundo centro datos, mientras que Ascenty está a punto a estrenarse con dos centros en la ciudad, que estarán en funcionamiento ambos el próximo año. Otras empresas como KIO y Hostdime ya cuentan con una red de centros de datos que supera los 9MW de capacidad.



Otro factor atractivo de la ciudad es la sostenibilidad, ya que en Colombia se considera que la energía para mantener estos centros de datos es más limpia. El 68% de la energía en Colombia proviene de las centrales hidroeléctricas. A su vez, el gobierno nacional planea implementar medidas para la transición energética que busca diversificar las opciones de energías renovables. 



“La diversificación en la generación de energía, combinada con la habilidad de negociar precios en el mercado energético, aporta una flexibilidad esencial y fortalece la seguridad en el suministro de energía&#8221;, afirma Juan Carlos Delgado, country manager de Cushman &amp; Wakefield. &#8220;La generación diversificada, que incluye las fuentes solar, eólica, hidroeléctrica y térmica, permite reducir la dependencia de una sola y mitigar los riesgos asociados con interrupciones o fluctuaciones en la oferta energética. Al mismo tiempo, la capacidad de negociar precios en la bolsa de energía, brinda a las empresas y consumidores la oportunidad de adquirir electricidad a tarifas competitivas, optimizando los costos operativos y mejorando la estabilidad económica.&#8221;



Además, el precio de la energía en Colombia es competitivo, debido al precio actual del dólar y a las estrategias adoptadas por el sector energético para hacerle frente a eventos como el fenómeno de El Niño. Colombia es el tercer país en Latinoamérica con los precios más bajos de energía. 



Bogotá también cuenta con una tasa de vacancia del 15% para la instalación de nuevos centros de datos, casi el triple de las otras ciudades como Sao Paulo, Querétaro o Santiago, por lo que los precios de arrendamiento para establecerse son también muy competitivos. 



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Centros de Datos

Bogotá es uno de los centros de datos más atractivos de la región: estudio

La presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Ana Fernanda Maiguascha, cree que un país competitivo debe priorizar el talento humano, el mercado laboral, la educación y la protección social, por encima de la situación fiscal y la eficiencia del Estado. Su lectura parte de la necesidad de encontrar salidas a una Colombia sumida en la informalidad, que ha sido incapaz de concretar cambios estructurales para mejorar las condiciones de vida: no solo en temas de empleo y pensiones, sino incluso desde momentos como la primera infancia, en los que empieza el desarrollo de las futuras generaciones productivas.



“El país se debe dar cuenta de cuáles son las prioridades. Tenemos crisis de talento humano y no parecemos estar dispuestos a entrar en esas discusiones difíciles”, dice. La ejecutiva, excodirectora del Banco de la República, sostiene que en épocas de cambio, con un gobierno progresista, es momento de incluir a quienes no tiene voz en los debates más álgidos del país. De ahí a que a partir de ahora se deben plantear conversaciones que incluyan a las mayorías, y no las minorías privilegiadas que son los que justamente discuten las normas para su beneficio.



“Hemos pasado la vida regulando para un segmento de la población y eso estaría bien si no fuera porque el efecto es cerrarle la puerta a la mayoría de la población. Entonces la gran preocupación del informe (de competitividad) es que cualquier progreso que hagamos tiene que contar con la participación de toda la gente”, argumenta Maiguascha. “Tú no puedes participar solamente en las discusiones cuando tienes hambre”.



El país acaba de aprobar una tributaria que hace el sistema más progresivo y se hace imperioso entonces entregar las bases que debería integrar una eventual reforma pensional y laboral, tal como lo han anunciado. Por eso, de cara a ser un país más competitivo, se necesitan acciones urgentes que propicien la productividad, otorguen mayor cobertura en protección social y permitan nuevas dinámicas para los informales, quienes son poco más del 60% de los trabajadores en Colombia.



<h2 class="wp-block-heading">Radiografía</h2>



De acuerdo con el Dane, con cálculos del CPC, actualmente en Colombia hay alrededor de 38,4 millones de personas que están en edad de trabajar. De este total, 20,4 millones estaban trabajando para cierre del 2021, de las cuales 44% eran hombres; 31%, mujeres, y 25%, jóvenes entre 15 y 28 años. La mayoría de esta población productiva está en el umbral de la informalidad, que asciende al 62% según los mismos datos. Dicha situación es crítica teniendo en cuenta que a este amplio espectro se suman 2,2 millones de personas “desocupadas” y una población económicamente inactiva de 14,8 millones, compuesta en su mayoría también por mujeres y jóvenes.



Con estos datos es evidente que la estructura laboral actual genera niveles de desequilibrio insostenibles, que ponen trabas para la reducción de la pobreza o el cierre de brechas. De hecho, una cifra que sorprende es que el 61,5% de los ocupados informales no cotizan a seguridad social, unos cálculos que ascienden al 85% para las zonas rurales. Es decir que parte de la fuerza laboral actual no encontrará una pensión en el largo plazo, lo que generaría mayor presión para una Colombia que apuesta por reducir la población que es pobre o está en condición de vulnerabilidad.



“Se debe pensar en un estatuto que entienda las diferencias entre la ciudad y el campo. Que plantee un régimen para el campo y el campesinado colombiano y un régimen para las ciudades, los oficinistas y los procesos de industrialización que vivimos en la actualidad”, añade Fernando Escandón, director del departamento de derecho laboral de la Sergio Arboleda.



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Actualmente, Colombia tiene una de las mayores tasas de pobreza laboral, así como de informalidad, según el Consejo Privado de Competitividad. Está muy por debajo de pares como Chile, Paraguay, Argentina y Brasil, pero en la misma línea que Perú y Ecuador. Esto se genera debido a que no se construyen mecanismos que promuevan un mayor acceso a ese mercado, por lo que es un sistema que está hecho para que los informales continúen de esa manera, pues no hay incentivos para pasar a ese pequeño grupo que está en el marco de la formalidad.



Un claro ejemplo de esta situación se vislumbra en las discusiones que se hacen cada diciembre con el salario mínimo: hoy la ley excluye de la formalidad a un alto porcentaje de los trabajadores dado que usa el salario mínimo para determinar quién debe hacer aportes al sistema de seguridad social. Eso, de entrada, desconoce que el ingreso laboral del 60% de los trabajadores colombianos es menor a este parámetro, por lo que se cierran las puertas a la mayoría de la fuerza laboral.



“Al revisar los datos se ve que solo el 13% de los empleados superan ingresos laborales de $2 millones dado que la mayoría de los trabajadores son informales. Por ejemplo, de los trabajadores por cuenta propia, el 88% son informales y solo el 6% gana más que un salario mínimo”, resume el más reciente informe de competitividad.



Con esto sobre la mesa, es claro que la regulación actual es ajena a la situación nacional: un porcentaje muy bajo es beneficiada con el aumento del salario, pues en general los colombianos trabajan por cuenta propia, en negocios familiares, o en negocios muy pequeños de baja productividad.



<h2 class="wp-block-heading" id="h-ideas-para-la-competitividad">Ideas para la competitividad</h2>



Aunque tradicionalmente se ha hablado que se deberían reducir los costos que enmarcan la relación laboral, parte de la solución no debe ser solo de la oferta, sino también de la demanda. Al respecto, Maiguascha dice que debe ser un compendio que integra la primera infancia, la educación, la creación y promoción del talento y claramente el aspecto regulatorio.



Manuel Fernández, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, lo resumía así hace unos meses: “Es fundamental replantear esos esquemas regulatorios y tratar de desarticular la financiación de algunos beneficios y la seguridad social de lo que son los costos al trabajo”. Por eso, en ese horizonte, los ejes para lograr un país más competitivo deberían estar en una flexibilización del mercado laboral que responda adecuadamente a los retos de los nuevos sectores y de los ya consolidados. De hecho, un punto central en el que podría iniciar la discusión sería la reforma al régimen de cesantías actual, que de fondo solo está hecho para unos pocos.



Asimismo, en esas mismas discusiones se debería integrar el papel que juega la protección social, pues la relación laboral va en línea con las cotizaciones que realizan los colombianos a pensión. “Se debería proponer que las personas puedan cotizar a su protección social de acuerdo a su ingreso: si ese ingreso es un peso, de acuerdo a un peso; si ese ingreso es un salario mínimo, de acuerdo a un salario mínimo, pero si es medio salario mínimo, de acuerdo a su medio salario mínimo”, destaca Maiguascha. “Estamos jugando un poco el juego de todo o nada, y eso afecta una porción muy amplia de la población, entonces desligar la puerta de la protección social del salario mínimo, es fundamental que podamos hacer aportes que vayan, repito, con el nivel de ingreso”.



El CPC, que estudia cómo Colombia puede lograr ser un país más competitivo en diversos aspectos, destaca también que la protección social no necesariamente debe ir de la mano de ese empleo formal. Por eso ese esquema se debe reestructurar de cara a que esté realmente diseñado para la fuerza laboral colombiana.



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“El hecho que tú puedas cotizar por el pedazo que trabajaste, permitiría que muchas personas encontraran trabajos formales. Si ellos pudieran cotizar por los pedacitos de la semana que pueden trabajar mejoraría el sistema”, concluye la ejecutiva. En resumen, lo que se propone es que una trabajadora doméstica, por ejemplo, pueda cotizar los días trabajados y no por el mes. Sus aportes serían por menos del salario mínimo, pero así mismo entraría al sistema, ahorrando según su capacidad.



Escandón destaca que una reforma laboral en Colombia debe abarcar dos grandes problemas. “En primer lugar, crear un estatuto del trabajo que vaya de la mano con políticas gubernamentales para la formalización el alto número de trabajadores informales y que además permita reducir las altas tasas de desempleo. Una reforma rígida que discuta problemas del pasado y que haga menos competitivo al sector empresarial va a profundizar las brechas sociales y afectar la productividad del país”.



Por ahora las discusiones son amplias, pero las fórmulas están. Ahora le queda al gobierno definir un nuevo salario mínimo para el 2023 y empezar a analizar cuáles serán los ejes de una eventual reforma laboral y pensional. Flexibilización, reforma a las cesantías y nuevas formas de contribución son las claves de esa discusión.



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Informalidad

¿Por qué los informales y la economía popular son claves en la reforma laboral y pensional?

En un momento en el que se registra una fuerte desaceleración de la economía mundial, con una guerra de por medio, altas tasas de interés y una inflación desbordada, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) entregó las fórmulas necesarias para que Colombia sea más competitiva en un contexto retador. 



Este jueves presentó su informe anual Competitividad 2022-2023, en el que se dan las pistas necesarias&nbsp;para &#8220;avanzar en la solución de los problemas estructurales que aquejan nuestra economía&#8221;, así los ejes claves en los que debería trabajar el gobierno para reducir las brechas, la pobreza, la inequidad y la falta de oportunidades. 



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El CPC analiza 16 capítulos, entre los que se destaca el estudio de la eficiencia del estado, del sistema tributario, de la infraestructura, de la energía, de la educación, la salud, de las pensiones y del mercado laboral, entre otros. En concreto, detallan que la pandemia ha generado que hoy el país sea más consciente de las brechas estructurales, por lo que es necesario que se tomen decisiones de política pública para avanzar en competividad.



<h2 class="wp-block-heading" id="h-sistema-tributario">Sistema tributario</h2>



El recaudo tributario total como porcentaje del PIB en 2020 fue de 18,7%, frente al 21,9% del promedio regional y 33,5% de la Ocde. El documento muestra que los impuestos a las personas naturales solo alcanzan el 1,3% en Colombia, mientras que el promedio de la Ocde es de 8%. 



Una de las recomendaciones que entrega el Consejo de Competitividad es que es necesario ampliar la base de declarantes para mejorar el sistema tributario. Asimismo, concentrar las exenciones de IVA en la canasta que consumen las personas de menores ingresos y continuar con un ambicioso plan de modernización tecnológica en la Dian.



<h2 class="wp-block-heading">Infraestructura, transporte y logística</h2>



Hoy las vías terciarias representan el 69% de la red vial de todo el país. Sin embargo, el 94% de las mismas se encuentran en mal estado, por lo que imponen un reto mayor para el transporte de mercancías o el desarrollo del agro colombiano. De acuerdo con el CPC, se ha avanzando en materia de infraestructura, pero los esfuerzos son insuficientes teniendo en cuenta que en varios departamentos del país se registra un déficit importante en carreteras. 



El informe concluye que son grandes los retos en esta materia. Sin embargo, destaca que es prioritario trabajar en la implementación del nuevo Plan Maestro de Transporte Intermodal, que se estructuró y ejecutó desde el gobierno anterior con las licitaciones de 5G y la apuesta en el transporte ferroviario y marítimo. 



Con esto en marcha, el CPC agrega que se deben también definir esquemas de cofinanciación en la construcción y mantenimiento de vías terciarias, así como permitir que el precio de los fletes se genere en condiciones de competencia y buscando eficiencias. 



<h2 class="wp-block-heading">Energía</h2>



En los últimos meses la industria minero energética ha estado en la discusión pública ante las decisiones de política pública que promete el gobierno de Gustavo Petro. El Consejo de Competitividad dice que hoy las reservas de gas natural alcanzan los 8 años, mientras que las de petróleo 7,8 años. Por eso se hace necesario trabajar en impulsar una mayor exploración y producción al mismo tiempo en el que se trabaja en una transición energética ordenada. 



Una de las recomendaciones del informe es que se debe continuar con el desarrollo del gas natural, que permita precios competitivos en los hogares. Esto permitiría &#8220;potenciar la estrategia nacional de sustitución de leña con fines energéticos&#8221;. 



Aunque Colombia goza de una matriz energética diversificada, insisten que es necesario asegurar la confiabilidad y el suministro de energía a través de la diversificación de la matriz de generación. Ya se han logrado avances en materia de energías renovables no convencionales, pero se debe avanzar aún más hacia un camino que integre nuevas tecnologías: hidrogeno y biomasa, entre otras.



<h2 class="wp-block-heading">Sistema de salud</h2>



Una de las políticas sociales más exitosas de los últimos años es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En menos de 20 años, ha logrado avanzar hacia una cobertura del 98,8% de la población, siendo uno de los mejores sistemas de Latinoamérica. 



Aunque en términos de cobertura se ha avanzado, se siguen presentando barreras en la prestación del servicio, la ubicación geográfica de los centros de atención o la cantidad de trámites. Por eso recomiendan usar sistemáticamente tecnologías digitales para favorecer mejores resultados en la salud. 



De hecho, si bien el gobierno de Gustavo Petro ha hablado de eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) &#8211; en una eventual reforma al sistema de salud-, el CPC dice que se debería introducir un pago por desempeño para las EPS de cara a promover un mejor servicio a la ciudadanía. 



<h2 class="wp-block-heading">Mercado laboral</h2>



En el mercado laboral son varias las conclusiones teniendo en cuenta los retos estructurales a los que se enfrenta. El informe recapitula algunas cifras que muestran cómo está el panorama: 60% de la población colombiana reporta ingresos laborales inferiores al salario mínimo, 20,7% de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo, 27,9% de los trabajadores están en condición de pobreza y se registran alrededor de 2,9 millones de jóvenes NiNi en Colombia (ni estudian, ni trabajan). 



Ante este panorama, el Consejo destaca que es necesario &#8220;actualizar la legislación laboral para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo y responder adecuadamente a los retos de las nuevas economías colaborativas&#8221;. En ese mismo frente, &#8220;recomiendan que se debe reducir los costos laborales no salariales asociados a la contratación formal&#8221;. 



Aunque el Gobierno ha hablado sobre una eventual reforma laboral, se destaca que se podría crear un seguro de desempleo, &#8220;al mismo tiempo que se reforma el régimen de cesantías para dicho rol&#8221;. 



<a href="https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2022-2023/">Acá el informe complejo del Consejo Privado de Competitividad.</a>

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