Colombia enfrenta un difícil panorama social con altos indicadores de pobreza, desempleo, cierres constantes de la actividad productiva para mitigar los contagios, un nuevo pico de coronavirus y completa ya ocho días de manifestaciones contra el Gobierno Nacional por la reforma tributaria, entre otros factores mencionados previamente por los que la sociedad ha alzado la voz en las calles. 



Tras el amplio rechazo de la reforma ‘Solidaridad Sostenible’, radicada el 15 de abril en el Congreso y <a href="https://twitter.com/jrestrp/status/1389629987083411466">solicitado su retiro oficial del Legislativo este 4 de mayo</a>, el Ministerio de Hacienda arrancó un nuevo capítulo este lunes bajo el liderazgo de José Manuel Restrepo, quien antes se desempeñaba como ministro de Comercio y reemplazó en el cargo al ministro saliente, Alberto Carrasquilla. 



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En medio de la incertidumbre que agobia al país en términos sociales y fiscales, el ministro habló con Forbes sobre la nueva ruta que toma la tributaria, cuáles son los tiempos que se plantean, cómo va el paquete social y envió un mensaje a la ciudadanía e inversionistas.



Ministro usted tiene un reto enorme y es evitar que el desequilibrio de las finanzas del país y la desigualdad se vuelvan un problema más grande, con $14 billones que esperan recaudar, ¿cuánto iría a programas sociales y cuánto al ajuste fiscal?



Son tres retos: el social, la estabilidad fiscal y el crecimiento económico. Lo que se ha pensado es propiciar un diálogo constructivo con diferentes actores de la sociedad para identificar tanto los usos como las fuentes de recursos. En una primera aproximación, las necesidades para cubrir programas sociales y el déficit fiscal es del orden de $14 billones que irían el 50% para cada uno de estos rubros. Es decir, $7 billones para programas sociales y otros $7 billones para el ajuste fiscal. 



<h5 id="h-si-el-recaudo-no-es-de-14-billones-sino-de-menos-corta-subsidios-o-hace-menos-ajuste-fiscal">Si el recaudo no es de $14 billones sino de menos, ¿corta subsidios o hace menos ajuste fiscal?</h5>



No, lo que hay que hacer es tratar de encontrar esa fuente de recursos porque con ello se garantiza una estabilidad de largo plazo tanto en el manejo de la deuda pública como en el déficit fiscal y sería un mensaje de responsabilidad fiscal de Colombia.



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O sea, sí o sí ustedes apuntan a mínimo $14 billones…



Digamos que eso es un ejercicio, yo la verdad llegué hace poco, estamos haciendo ese análisis, pero más o menos los puntos de consenso, incluso con distintos actores, alrededor de las necesidades programas sociales y déficit fiscal oscilan el orden de eso, $14 billones.



Con esos recursos y conociendo las cifras oficiales de pobreza que ya alcanzan a 21 millones de personas, ¿qué tanto buscan mitigar o reducirla con la nueva propuesta? Además, ¿se mantienen las ayudas a crear empleo?



Esa es una pregunta importante porque a través de estos instrumentos sociales, Colombia lograría recuperar o volvería de nuevo al nivel de pobreza absoluta que tenía antes del covid, o sea que esto permite realmente una respuesta a la problemática de pobreza absoluta que se generó como resultado del covid. Esa es la importancia de esos programas sociales. 



Simultáneamente, además de eso, se diseñan instrumentos que van encaminados a propiciar esa reactivación. Instrumentos como el fondo de empleabilidad para los jóvenes de 18 a 28 años, para las mujeres de más de 40 años y personas en situación de discapacidad, eso ha sido parte de la discusión que se ha recogido desde distintos actores, algo de eso podría incluirse en esta iniciativa como instrumento de reactivación del empleo.



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Cuando usted dice que se volvería a niveles prepandemia de pobreza ¿sería volver a niveles del 35% en pobreza monetaria de 2019? ¿Más o menos en qué periodos se volverían a recuperar esos indicadores?



Recuperaríamos los indicadores de pobreza absoluta y para eso tendría que darse el periodo de tiempo que se contemplaría en la duración del Ingreso Solidario.



¿O sea que aún no tienen metas específicas?



No porque también se trata de construir con distintos actores, no es que esté la propuesta armada. Pero sí, la iniciativa va encaminada a que la temporalidad del Ingreso Solidario sea suficiente para recuperar los indicadores de pobreza absoluta que teníamos antes de pandemia.



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¿Es suficiente ese monto de recaudo con medidas temporales -como las que anunció el presidente el 2 de mayo- para evitar otra reforma en los próximos dos años? Expertos dicen que no&#8230;



Es una reforma que garantizaría cierta estabilidad de largo plazo. Ya veríamos si se necesitan de pronto recursos estructurales de más largo plazo para incrementar capacidad de inversión en el país.



Cuando usted habla de largo plazo ¿es más o menos a cuántos años?



Por lo menos unos 4 años aproximadamente, pero eso depende al final del monto de recaudo que repito, todavía no está definido.



Ministro, la gente ya no le cree al Gobierno por poco control a la corrupción o amplios gastos en viajes, publicidad, armas, entre otras cosas, ¿qué decirles en esta nueva oportunidad de armar otra reforma bajo consensos?



Que la reforma también tiene componentes en esa línea en por lo menos dos frentes: uno el de austeridad del gasto y el otro, la lucha antievasión. En materia de evasión la intención es continuar con ese esfuerzo de reducir el orden de 1,1% del PIB ($11 billones) por la vía de modernización de la Dian, facturación electrónica, el fortalecimiento de metodología de big data y otros asuntos.



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En la austeridad está el congelamiento de algunos de los gastos de operación, reducir viáticos, controlar algunos costos de arrendamientos. También hay que reconocer que en el país el 80% del gasto es inflexible, entonces es limitado el margen de maniobra. 



Vamos a redireccionar gastos no prioritarios, estamos revisando el Presupuesto rubro a rubro, le he pedido al equipo eso y claramente aquí no hay dinero para aviones de guerra. Esos recursos no van a estar en el Presupuesto sino que se van a dirigir a lo que es un gasto verdaderamente prioritario en este momento que es el manejo de la pandemia.



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En el Plan Financiero se habla de ajustes de 0,2 puntos del PIB ($2 billones) en gastos de funcionamiento, las metas anunciadas antes eran inferiores, ¿cuál es la meta de austeridad con esta nueva reforma? (La gente pide que todos pongamos)



Ese dato exacto no se ha calculado, se está midiendo, pero si va a haber varias acciones que van encaminadas a lograr esas reducciones. Por ejemplo, congelamiento de la masa salarial por cinco años en servidores públicos, eso es un tema importante, significativo, no es un tema menor.



Además de enfocar la reforma en empresas y personas de mayores ingresos, ¿en esta nueva reforma también buscará ajustar la regla fiscal?



En esta reforma se contemplan mecanismos de ajuste a la regla fiscal buscando primero, modernizarla, también que haya una hoja de ruta, un camino para llegar a esa estabilidad en las finanzas públicas y reconocer además la trayectoria que estamos viviendo en el marco de la pandemia.



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¿Las propuestas de la regla fiscal también se van a revisar vs. lo que venía en la propuesta anterior o ya tienen algunas líneas que puedan dar?



Digamos que ahí la línea de consenso no se ha construido, pero claramente lo que estaba en la reforma anterior en materia de regla fiscal seguramente se habrá de retomar. Toca simplificarla de todas maneras, parte de ese capítulo.



<p id="h-se-lo-mencionaba-porque-una-de-las-cr-ticas-a-esas-propuestas-es-que-se-le-daba-mucho-control-en-las-cifras-al-ministerio-a-trav-s-del-confis-respecto-a-como-se-creaban-las-metas-vs-a-como-funciona-en-la-norma-actual">Se lo mencionaba porque una de las críticas a esas propuestas es que se le daba mucho control en las cifras al Ministerio a través del Confis respecto a como se creaban las metas vs. a como funciona en la norma actual&#8230;



Ok, yo creo que es parte de la discusión que hay que hacer sobre esos capítulos, pero claramente si hay intención de sostener un capítulo dedicado a regla fiscal.



También ahí se mencionaba que querían crear un comité con cargos al Presupuesto, ¿eso no iría en contra del principio de austeridad?



Hasta ese nivel detalle no hemos llegado en la propuesta, hasta el momento estamos muy concentrados en fuentes y usos, pero si con la condición de que se necesita un componente de regla fiscal importante en esta iniciativa.



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¿Le preocupa que nos quiten el grado de inversión? Los mercados están muy atentos de lo que pase con la reforma, ¿qué les diría?



No es que me preocupe solo a mi o a cualquiera, creo que a Colombia le interesa tener y seguir teniendo la sostenibilidad fiscal. Creo que es un interés de todos los colombianos de garantizar que eso se logre porque eso es lo que nos permite sostenernos en medio de este escenario y tener la capacidad además de acceso a recursos a nivel internacional y obviamente un mejor comportamiento en la economía del país.



¿Cuál es el cronograma que tiene esta nueva tributaria en radicación y aprobación? ¿Se van al segundo semestre ambas cosas?



Nosotros tenemos que acelerar este proceso para tratar de lograr el propósito de la reforma lo más pronto posible. Creo que hay que hacer el máximo esfuerzo en esta legislatura (que finaliza el 20 de junio a menos de que se vayan a extras en el Congreso) y creo que hay que lograr esos consensos y discusiones con distintos actores también en el curso de las próximas semanas.



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Ministro de Hacienda reitera reforma fiscal  reduciría niveles de pobreza 

Jose Manuel Restrepo 1280x720 Ppresidencia

Nueva reforma tributaria garantizaría estabilidad por 4 años: Minhacienda

El Ministerio de Hacienda estaría preparando ajustes a la regla fiscal en la próxima reforma que llevará al Congreso, mediante la cual buscará además aumentar los ingresos de la Nación vía impuestos y reducción del gasto. 



<h2 id="h-lo-que-debe-saber">Lo que debe saber</h2>



La regla fiscal, creada en 2011 con el fin de fijar metas para tratar de reducir año a año la diferencia que tiene el Gobierno entre los gastos e ingresos de la Nación, fue suspendida durante 2020 y 2021 debido a la magnitud del choque de la pandemia del coronavirus que exigía un mayor gasto público para hacerle frente a la crisis.



Según la ley que creó la regla, la meta del déficit fiscal planteada en el mediano plazo estipulaba que el déficit estructural del Gobierno Nacional Central no debería superar el 1% del PIB a 2022, algo que en la práctica luce imposible de cumplir pues, por la coyuntura económica el déficit de 2020 fue de 7,8% del PIB ($77,7 billones) y este año se estima que subiría al 8,6% del PIB (más de $90 billones). Ambas cifras son históricas desde que existe el mecanismo en mención.



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De retornarse a la regla el próximo año, la meta de déficit planteada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) es de 2,5% del PIB, es decir, tocaría reducir el indicador en 6,1 puntos porcentuales (pps) en apenas un año. Por ello, el Gobierno buscará modificar la regla en la reforma fiscal próxima a presentarse, además, lo hará para hacerle unos cambios que harían más eficiente el mecanismo que actualmente no incluye topes en los montos de deuda pública, por ejemplo. 



<h2 id="h-las-propuestas-de-cambios">Las propuestas de cambios</h2>



Aunque el año pasado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio luces de los ajustes que se le podrían hacer a la regla fiscal, Forbes consultó a expertos en la materia para conocer qué transformación -desde sus criterios- debería tener el mecanismo que entre otras cosas, ha servido para controlar las presiones de gasto del Gobierno. 



Sobre ello, Carolina Monzón, jefe de análisis económico de Itaú, se refiere a cuatro temas puntuales: primero, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal debería dar reportes de su perspectiva con mayor frecuencia, pues cuando estaba vigente la regla lo hacía cada año en marzo o abril, lo cual terminaba sirviendo como insumo al Mfmp. Segundo, &#8220;se debe dar la discusión si otros recursos claves para el Gobierno, como en el caso de las regalías, deben ser incluidos en las cuentas fiscales en la medida que pueden mitigar el efecto de la brecha energética&#8221;. 



En tercer lugar, Monzón dice que &#8220;los lineamientos de la cláusula de salida también podrían hacer parte de la discusión, para de alguna forma limitar su extensión&#8221;. Por último, menciona que los escenarios de marcado estrés de mercado no están incorporados, por lo cual, variables de condiciones de financiamiento externo también podrían entrar a la discusión de reforma. 



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Desde la visión de Nelson Vera, exvicepresidente de Anif, hay que dividir la discusión de la regla en dos elementos: i) los problemas-debilidades que traía dicho mecanismo antes de la pandemia, &#8220;básicamente no abordar directamente la trayectoria de la deuda pública y la senda de superávits primarios requeridos para su estabilización; y ii) el hecho de tornarse incumplibles las metas de déficit sugeridas por las brechas del petróleo-producto por el golpe del virus&#8221;.



Vera añade que aunque año tras año, se ha cumplido la regla desde sus primeras metas de déficit en 2014, &#8220;la deuda pública en cabeza del GNC prácticamente se ha duplicado del 35% al 60% del PIB y se perfila hacia el 70% del PIB en los próximos años&#8221;, razón por la que es necesario que la regla gire hacia un esquema de &#8220;deuda objetivo&#8221;, haciendo la analogía con la inflación objetivo del Banco de la República. 



En línea con lo anterior, explicó que el nivel meta de dicho mecanismo debería ser más realista respecto a: &#8220;i) su “factibilidad” en términos de lograr credibilidad en las metas por parte del mercado y ii) lograr acomodar inexorables gastos productivos que una economía como Colombia deber hacer en frentes cruciales de infraestructura, educación, justicia, etc., todo ello ahora agravado por tema social en pandemia&#8221;.



Por su parte Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, reitera que aunque no hay una única respuesta, es importante fijar una meta de deuda pública como porcentaje del PIB. &#8220;En algunos países se fijan ciertos topes al gasto público, particularmente al gasto público no financiero, es decir, fuera del pago de intereses, por ejemplo. Creo que podría ser también importante acompañar esos niveles de meta de deuda con ese tipo de medidas que logren controlar en particular el gasto y hacerlo más eficiente&#8221;. 



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También indica que es &#8220;muy importante que los parámetros, que se definan para darle cierta flexibilidad al Gobierno en momentos dados como una crisis, sean muchos más claros y fáciles de cuantificar y no estén supeditados a cierta subjetividad&#8221;. 



<h2 id="h-tras-una-nueva-regla-qu-niveles-de-deuda-y-d-ficit-ser-an-ptimos-fijar">Tras una nueva regla, ¿qué niveles de deuda y déficit serían óptimos fijar?</h2>



Recordando que en la ley que creó la regla fiscal (1473 de 2011) se establecía que el déficit estructural del GNC no superaría el 1% del PIB, se le consultó a los expertos qué nuevas metas deberían fijarse en el mediano plazo tanto de déficit como de deuda pública tras una reforma a la regla. 



Sobre ello, Velandia destacó que es importante apuntarle a reducir la deuda del actual 65% del PIB al 50% del PIB en los próximos 10 años. &#8220;Calculamos que este año la deuda (del GNC) se acercará al 67% del PIB, volver a niveles prepandemia es imperativo&#8221;. En términos de déficit, expone que la meta podría ser cercana al 2% del PIB. Para ello, será necesaria la reforma fiscal que incremente los ingresos en al menos 1% del PIB a partir de 2022 y otro 1% o 1,5% del PIB adicionales al 2024, dice. 



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Al respecto, Vera mencionó que &#8220;habrá que ver cuál es el nivel de deuda pospandemia, pero luce razonable un umbral del 55%-65% del PIB con horizontes a una década. Lo que si lucía incumplible eran metas de largo plazo implícitas del 30-40% del PIB que anualmente se tenían en el Mfmp (sugeridas por la regla fiscal). Esta discusión de la regla debe estar inexorablemente ligada a una reforma tributaria que logre elevar el recaudo en al menos 1% del PIB&#8221;. 



Por último, Monzón explicó que los objetivos de déficit y deuda estarán enmarcados por la capacidad de crecimiento del país, la evolución de las tasas de interés y el stock de deuda actual. &#8220;En ese sentido, un balance primario superavitario al 1% sigue siendo un gran reto, más cuando los niveles de deuda superaron el 60% del PIB con la pandemia (&#8230;) La reducción del déficit primario debe ser acorde con la velocidad de ajuste de los niveles de deuda pública&#8221;.

El ‘revolcón’ que expertos proponen darle a la regla fiscal

Por: Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz



Finalmente, la Reforma Tributaria ha sido aprobada por el Congreso, y surgen hacía el futuro inmediato cuatro preguntas fundamentales: la primera es el destino del recaudo, en qué se va a gastar o invertir el ingreso adicional derivado de la Reforma. La segunda es cuánto del valor recaudado se va a destinar a aliviar el elevado déficit fiscal que nos afecta. La tercera, no menos importante, es cómo la Reforma podría afectar la inversión extranjera y la inversión nacional en los próximos años. Y la cuarta es cómo la Reforma puede afectar el recaudo futuro y la estabilidad macroeconómica de mediano plazo.



La primera pregunta es el destino y la utilización de los ingresos adicionales que serán recaudados. Si bien el Gobierno y la mayoría parlamentaria indicaron inicialmente que los recursos adicionales de la Reforma Tributaria se destinarían a atender deuda pública y a inversión social, ahora se ha indicado que el recaudo de la Tributaria se destinará exclusivamente a inversión social en educación, agua potable, subsidios para madres cabeza de hogar, e inversión productiva en el Banco Agrario.



Muy importante analizar el contenido del proyecto de adición presupuestal que será presentado en las próximas semanas para confirmar el destino y la utilización de los recursos derivados de la Tributaria. En esto, y más en esta coyuntura, no podríamos equivocarnos.



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La segunda pregunta no es menos importante que la primera, la pandemia ha incrementado los niveles de déficit fiscal por encima del 7% del PIB, cuando a estas alturas, según el marco fiscal prepandemia, debíamos estar en niveles de déficit del 1% de PIB. La urgencia macroeconómica de reducir el déficit general no da espera. Este fue otro de los principales argumentos para defender la Reforma.



El CARF en su pronunciamiento número 4 sobre el Presupuesto General de la Nación y Marco de Gasto de Mediano Plazo, indicó que los recursos adicionales recaudados por la Reforma, provenientes de ciclos económicos y petroleros positivos, o de transacciones de única vez, deberían ser ahorrados, con lo cual se contribuiría al ajuste ordenado de las finanzas públicas.



Sería interesante y deseable que el CARF se pronuncie sobre la Reforma Tributaria con anterioridad a que se cite a sesiones extraordinarias para someter a aprobación del Congreso la adición al presupuesto general de la Nación para 2023. Ello indudablemente contribuiría al debate legislativo.



La tercera pregunta es qué tanto afectará la Reforma Tributaria la inversión colombiana y extranjera. Según el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la Reforma Tributaria podría generar la caída de la tasa de inversión de Colombia en 2 puntos porcentuales, con lo cual pasaría de 23% a 21%. Si a esto se suman otros factores económicos como el mayor costo de financiamiento (subida de tasas de interés) la tasa de inversión podría caer incluso a 20,2%, indica el informe.



Aquella proyección de caída de la tasa de inversión podría estar generada por los siguientes factores: la elevada tarifa combinada de impuesto de renta y dividendos, las sobretasas sectoriales, las medidas tendientes a limitar la depuración del impuesto sobre la renta para personas jurídicas–incluida la no deducibilidad de las regalías-, y el impuesto al patrimonio, entre otros.



Es importante tener en cuenta que, el CARF indicó que cualquier medida que desincentive la inversión en el sector de hidrocarburos representa un riesgo elevado para la sostenibilidad fiscal y cambiaria de Colombia.



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Finalmente, la cuarta pregunta se refiere a la afectación futura del recaudo como consecuencia de la Reforma tributaria. Según Fedesarrollo, la Reforma Tributaria podría representar una pérdida de ingresos fiscales del 0,12% del PIB, en promedio por año. Lo que generaría mayores presiones a las finanzas públicas del país. Dicha disminución sería consecuencia directa del aumento sustancial y excesivo de la carga fiscal, incluidos sobretasas, incremento de impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio, no deducibilidad de regalías, limitación y condicionamiento de beneficios.



Sin duda, las respuestas a estas cuatro preguntas se irán concretando a lo largo del tiempo. Sinceramente deseamos que sean las más favorables, por el bien del país. El debate en torno a las consecuencias de la Reforma Tributaria apenas comienza.



Columnista invitado*

Gasto

Reforma tributaria y gasto fiscal: cuatro preguntas fundamentales

Dijimos que cumplir el programa propuesto por el presidente Gustavo Petro era caro. Y parece que no nos equivocábamos, teniendo en cuenta que el primer presidente de izquierda de la historia que tiene la república ha atacado las reglas propuestas por la anterior presidencia, en lo que respecta al <a href="https://www.rankia.com/diccionario/economia/gasto-publico" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gasto del Estado</a>, a la vez que ha mostrado su desacuerdo con la rigidez del Gobierno en lo relativo a la emisión de deuda, entre otras herramientas que, de no existir, permitirían incrementar el gasto público, la deuda, en tanto lo vaya necesitando el Gobierno.



Sin embargo, esa rigidez que critica el nuevo presidente, que comenzó a aplicarse en 2012, un año después de su creación, limita la capacidad de Petro para gastar, y ello, de acuerdo con el presidente, lo limita a la hora de cumplir con las promesas realizadas en campaña que le llevaron a hacerse con la presidencia. 



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Sin recursos, no pueden activarse todas esas políticas sociales que, como advertimos, precisaban de fuentes de ingresos o recursos externos. Y como ya dijimos en esta misma columna, hablamos de unas promesas que muy caras, y que, ante esa falta de fuentes, iban a precisar de un mayor endeudamiento público.



La regla fiscal, que es el nombre con el que se conoce a esta rigidez a la que hace referencia Gustavo Petro, es una norma que se creó en 2011, pero que, como hemos comentado anteriormente, se empezó a aplicar en el año 2012. Este mecanismo se creó con el fin de controlar el gasto del país. En otras palabras, el mecanismo evita que el país se gaste todos los recursos en momentos en los que se generan ingresos extra o lo que conocemos como superávit. De esta manera, cuando la situación económica es menos favorable, podemos recurrir a ese ahorro para amortiguar los vaivenes de ciclo económico, reduciendo la incidencia de estos en la economía del país.&nbsp;



Esta regla, en un principio, limitaba el gasto fiscal del Gobierno, limitando su capacidad de gasto y, por ende, el <a href="https://www.rankia.com/diccionario/economia/deficit-publico" target="_blank" rel="noreferrer noopener">déficit fiscal</a>. Atendiendo a esta normativa, el déficit no podía superar un determinado umbral, a la vez que debía reducirse el déficit fiscal cada año. 



La reforma introducida por Iván Duque en 2021, atendiendo a la política introducida, hizo más rígida esta normativa de gasto. Pues, en lo que respecta a la <a href="https://www.rankia.com/diccionario/economia/deuda-publica" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deuda pública</a>, Duque se encargó de introducir un ancla para evitar el sobreendeudamiento y, de esa manera, la puesta en riesgo de la economía por la irresponsabilidad de un Gobierno que no ve límites en gastar por encima de sus posibilidades.



Y para perfeccionar la regla, teniendo en cuenta que hay momentos en los que el ciclo económico requiere estímulos para impulsar la economía, el Gobierno introdujo una medida que permitía suspender el programa durante dos años, pudiendo hacer uso de un mayor endeudamiento y gasto en momentos en los que la economía así lo precise. Pues hemos de señalar que, en esta columna, hasta el momento, nunca se ha dicho que el gasto público y la deuda no puedan ser utilizados en favor de la economía y el <a href="https://www.rankia.com/diccionario/economia/crecimiento-economico" target="_blank" rel="noreferrer noopener">crecimiento económico</a>; aunque sí se haya dicho que, en exceso, es un riesgo para el bienestar de la economía.



Hoy el nuevo presidente Gustavo Petro se ha topado con esta regla en un escenario en el que sus políticas sociales, así como aquellas promesas emitidas en campaña precisan aquello que esta misma regla impide. Y ante esa “incapacidad autoimpuesta”, Petro ha optado por tratar de modificar la regla y, de esta manera, incrementar esa capacidad para endeudarse, para gastar y, de la misma manera, incrementar los desequilibrios con el único fin de cumplir con lo prometido en campaña. Pues parece que, para Petro, la frase que dice: “Lo prometido es deuda” es un principio en todos los sentidos.



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Sin embargo, pese a los deseos de Petro, cambiar la regla no será tan fácil. La economía se desacelera y las economías de América Latina se exponen a un encarecimiento de los costos del endeudamiento por la situación que atraviesa la economía, así como por los sucesos que perturban su comportamiento. Y este contexto, teniendo en cuenta la tendencia y hacia donde vamos, nos impide ser irresponsables e incrementar sustancialmente la deuda. 



Por muchas campañas que se prometan, la exposición de estas economías suele acentuarse más de lo debido y ello, en un escenario de endeudamiento, puede desestabilizar las finanzas del país; ensanchando con ello los desequilibrios.



En conclusión, la situación no favorece el cumplimiento de los deseos del presidente Gustavo Petro, y ello está limitando su capacidad a la hora de llevar a cabo sus políticas sociales. La economía pierde tracción, y los analistas de las principales agencias de research llegan a mencionar que se avecina una crisis. Y si hay algo, entre las pocas cosas que se ven en el planeta, que ofrece optimismo a los economistas, precisamente, es la capacidad de imponer un sistema riguroso y rígido como la actual regla fiscal.



Por: Francisco Coll Morales* Francisco Coll Morales *El autor es economista, responsable de educación económica y financiera en <a href="https://www.rankia.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rankia</a>. Analista económico en más de 40 medios, nacionales e internacionales.



Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de&nbsp;Forbes&nbsp;Colombia.

Billetes - Banco de la República

La regla fiscal no se toca

El comité que sigue las cuentas fiscales de Colombia dijo el martes que las finanzas del país aún no están en orden, al tiempo que advirtió el riesgo de un eventual aumento del gasto y la deuda, pese a las recientes mejoras en las proyecciones de recaudo tributario.



Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) propuso un cambio metodológico para incluir en la contabilidad un amplio déficit derivado del subsidio sobre los precios de los combustibles.



El organismo aplaudió la mejora de las proyecciones del Gobierno este mes, cuando redujo su proyección de déficit fiscal del Gobierno Nacional Central a un 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB), desde una meta previa de 6,2% del PIB, en medio de un mejor panorama de la economía y el incremento de los precios del petróleo, que significará un mayor recaudo de impuestos. 



<a href="https://editorial.forbes.co/seccion/economia-y-finanzas/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Siga la información de economía y finanzas en nuestra sección especializada</a>



Con el cambio de los objetivos, el déficit del Gobierno Nacional Central pasaría a 75 billones de pesos (18.160 millones de dólares) al cierre de este año, desde uno previamente proyectado de 83 billones de pesos (20.097 millones de dólares).



No obstante, las finanzas del país se mantienen frágiles como efecto de la pandemia de coronavirus, que implicó un fuerte aumento en el gasto de la cuarta economía de América Latina.



&#8220;La casa no está aún en orden. Pese a estos buenos resultados, los déficits producidos en los años de pandemia, la depreciación del peso y la inflación han llevado el endeudamiento del Gobierno a niveles históricamente altos, al punto en que no sería prudente aumentar la deuda&#8221;, indicó el CARF en un comunicado.



El informe se presenta a menos de dos meses de cambio de gobierno en el país, en el que el izquierdista Gustavo Petro reemplazará al centroderechista Iván Duque tras ganar las elecciones de este mes.



Petro -quien es visto con recelo por los inversionistas y los mercados- promete ambiciosos cambios para combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión, enfocando recursos hacia los pobres, parte de los cuales saldrían de una reforma tributaria para conseguir unos 50 billones de pesos (12.109 millones de dólares) anuales.



&#8220;Más de un cuarto de los ingresos tributarios de la nación deberán destinarse al pago de intereses en 2022. Esta obligación disminuye la capacidad del Gobierno de invertir en otros programas&#8221;, agregó el documento.



Adicionalmente, la entidad, que es independiente del Gobierno, propuso un cambio metodológico para que las cuentas del Gobierno Nacional Central incorporen el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que para este año se calcula en 34,4 billones de pesos (8.329 millones de dólares), &#8220;para efectos de evaluar el cumplimiento de la regla fiscal&#8221;.



El saldo en rojo del FEPC se ha incrementado debido al fuerte repunte de los precios del petróleo en medio de las presiones inflacionarias a nivel global.



Reuters

Billetes colombianos, dinero, economía, moneda, dinero en efectivo foto: Diana Rey Melo

Billetes - ph Diana Rey Melo-7 (1)

Comité de la regla fiscal advierte que en Colombia la “casa aún no está en orden”; propone cambios metodológicos

En términos financieros, podría decirse que el país dio un gran respiro. La noticia de la reducción del déficit fiscal hasta 7,6% fue un alivio en todos los sectores, incluyendo el comité de regla fiscal, que celebró dicha reducción.



La noticia también llegço justo antes de que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal tuviera su última sesión formal, después de nueve años de funcionamiento, que sirvió para analizar las más recientes proyecciones del escenario fiscal del Gobierno nacional.



Esta reunión también llega justo antes de que el Ministerio de Hacienda emita los decretos para reglamentar los cambios en el comité de la regla fiscal que entraron en la reforma tributaria, diligencia que se realizará antes de terminar el año.



Posteriormente, en el mes de enero, empezará a operar el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Esto llevó a que el Comité Consultivo resaltara el &#8220;importante avance&#8221; que las modificaciones a la institucionalidad de la regla fiscal representan para consolidar la sostenibilidad de las finanzas públicas.



Sobre el diseño del CARF, el Comité también destacó que fortalece el carácter autónomo y experto del cuerpo consultivo de la Regla. A su vez, consideró indispensable que su equipo técnico esté conformado por expertos del más alto nivel, que transmitan confianza e independencia.



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Jose Manuel Restrepo 1280x720

Comité de regla fiscal celebra reducción del déficit fiscal

El Comité de la Regla Fiscal confirmó que ven con buenos ojos el plan financiero del Gobierno Nacional, que contempla mejores cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) fruto de la reforma tributaria, el escenario favorable de ingresos petroleros y un buen desempeño de la economía en 2022.



&#8220;Con los mayores ingresos el gobierno anunció un aumento del gasto primario, además, estos recursos se utilizarán para cubrir el aumento en el pago de intereses, saldar la totalidad del déficit acumulado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en 2022, disminuir los requerimientos de financiamiento interno, al tiempo que se logra reducir el déficit fiscal del Gobierno Nacional y obtener un superávit primario de 0,6% del PIB&#8221;, confirmaron.



El Comité dice que el escenario fiscal planteado en el Plan Financiero cumple con la meta sobre el balance primario del Gobierno Nacional, fijada para 2023 por la senda de transición de la Regla Fiscal. De hecho, reiteran que &#8220;encuentran adecuado el cálculo de los ciclos económico y petrolero, y las transacciones de única vez&#8221;. 



&#8220;Este escenario representa un esfuerzo importante hacia la consolidación fiscal del país y avanza en acercar los resultados fiscales a los requeridos para el cumplimiento de la fórmula de la Regla Fiscal, a partir de 2026&#8221;, sostienen. 



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Pese a las buenas proyecciones del Ministerio de Hacienda, el Comité hace un llamado sobre el alto endeudamiento de Colombia. Dicen que la deuda terminó 2022 &#8220;en un nivel superior al esperado en el MFMP y el Plan Financiero presenta un ritmo para su disminución que sería más lento que el que se pronosticaba a mediados del año pasado&#8221;. 



&#8220;La mayor carga de intereses continúa siendo una fuente de preocupación, con un aumento de $24 billones en 2022 y un nivel de $68,3 billones para 2023. La dinámica de la deuda dependerá críticamente del comportamiento de las tasas de interés de la deuda pública, hoy en niveles altos, y de la tasa de cambio. Una senda de deuda pública más alta limita la capacidad de reacción de la política fiscal ante choques inesperados&#8221;, advirtieron. 



El Comité detalla que el escenario macroeconómico y fiscal seguirá siendo retador en 2023 y altamente dependiente del desempeño de variables económicas. &#8220;Por ejemplo, los choques de precios podrían mantener la inflación alta, de forma más persistente, teniendo efectos sobre los gastos y los intereses de la Nación. El supuesto de crecimiento, si bien es conservador, tiene riesgos a la baja por una mayor debilidad de la demanda externa debido al contexto internacional, y por la posibilidad de que se necesite una política monetaria contraccionista por un período más largo que el previsto anteriormente para anclar la inflación interna&#8221;, destacan. 



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Pesos

Al Comité de la Regla Fiscal le preocupa el endeudamiento de Colombia

En medio de una de las peores crisis económicas y sociales que ha enfrentado Colombia por la pandemia, la necesidad de recursos ha salido a flote y el país se alista para discutir y aprobar una nueva reforma tributaria en lo que resta de año. Controlar la evasión y ser competitivo frente a paraísos fiscales son factores que no se deben olvidar en la discusión.



<h2 id="h-las-cuentas-de-la-dian">Las cuentas de la Dian</h2>



Al año el país pierde más de $40 billones por evasión de IVA y renta de empresas, según previsiones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sin embargo, esta cifra sería mucho mayor, pues según le dijo la entidad a Forbes, esta “no cuenta con una estimación de la evasión de personas naturales”.



En el último año la evasión del IVA fue de $20,7 billones y la de renta de personas jurídicas llegó a $21,6 billones, expuso la Dian al asegurar que dichos cálculos se realizan con base en datos macroeconómicos agregados derivados de las Cuentas Nacionales del Dane y las cifras de recaudo del impuesto correspondiente.



Los $42,3 billones que deja de recibir el país por evasión de impuestos por parte de las empresas al año es el equivalente al recaudo de casi tres reformas tributarias. Esto, teniendo en cuenta que la nueva reforma busca recaudar al menos $15 billones. Sin embargo, en promedio una reforma recauda alrededor de $8 billones. Dada la magnitud de esas cifras se insiste en fortalecer los ‘dientes’ de la Dian para mayor fiscalización.



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De acuerdo con la entidad, en 2017 la tasa de evasión en IVA de personas jurídicas era de 20,2 % y en lo proyectado a 2019 esta habría sido de 23,2 %, mientras que en renta de empresas la tasa era de 37,8 % en 2015 y en lo proyectado para 2018 se estima que fue de 33,8 %.



Sobre las principales modalidades de evasión en Colombia, aunque sin el monto desagregado con el que participa cada una de estas en la cifra total, la Dian dijo que son seis: ocultar ingresos o aumentar gastos; incluir deducciones o gastos ficticios al momento de presentar las declaraciones; disminuir los ingresos de forma deliberada con el fin de reducir la base gravable de los impuestos; vender activos y no incluirlos como ingresos extraordinarios sino como ingresos operativos; no reportar o manipular la información exógena y crear empresas en paraísos fiscales.



Pese a que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2021, presentado en junio pasado, no se detalla una estimación de lo que pierde el país en total al año por evasión de impuestos, en el documento del Mfmp presentado en 2019 se exponía que la evasión tributaria “se estima en niveles cercanos al 30 % del recaudo total”.



Si esas estimaciones continúan vigentes, estos serían los recursos perdidos por la evasión en Colombia en los últimos años: $43,2 billones en 2018, $47,4 billones en 2019 y $43,8 billones en la crisis de 2020, si se tiene en cuenta que en esos años el recaudo total fue de $144,4 billones, $157,9 billones y $146,2 billones, respectivamente. Para 2021, la cifra sería de $48,3 billones si se cumple la meta de recaudo total de $161,2 billones que tiene la Dirección de Impuestos.



Aunque Forbes le preguntó a la Dian qué tanto del monto de evasión en Colombia podría dirigirse a paraísos fiscales, la entidad no respondió al detalle dicha información. Sin embargo, explicó qué países o territorios son considerados paraíso fiscal.



Los lugares clasificados como no cooperantes o de baja o nula imposición por parte de Colombia son 37 en total. Algunos de estos son: Qatar, Hong Kong, Trinidad y Tobago, Macao, Yemen, Líbano, Kuwait, Bahamas, Maldivas y Cabo Verde. Entre el listado no se encuentra a Panamá, uno de los países involucrados recientemente en un escándalo de paraísos fiscales.



Hay que tener presente que entre las razones por las que se consideran dichos territorios como paraísos fiscales según el Estatuto Tributario de Colombia está: “inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares; carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten, y falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo”.



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<h2 id="h-las-expectativas-de-la-dian">Las expectativas de la Dian</h2>



Dado el contexto, la entidad se enfrenta a un proceso de modernización que, junto a la plena implementación de la factura electrónica desde 2020, se espera que a partir de 2021 se empiecen a evidenciar de manera gradual las ganancias de recaudo derivadas de estas políticas. Dicho efecto se presentará de forma progresiva hasta 2023.



Así, las ganancias de recaudo derivadas de las políticas de fiscalización de la Dian ascienden a 0,3 % del PIB en 2021, 0,8 % en 2022 y 1,4 % a partir de 2023. En pesos, dichos porcentajes representarían alrededor de $3 billones, $8 billones y $14 billones, respectivamente.



“Aún sin incorporar plenamente el efecto de la modernización, la Dian ha reportado resultados favorables de gestión de recaudo, y en 2020 alcanzó la cifra histórica de $20,8 billones ($13 billones por gestión de cobro y $7,8 billones por fiscalización)”, dijo la entidad al añadir que, en lo corrido de este año hasta mayo, la administración tributaria ha recaudado $6,5 billones por gestión de cobro y $4,6 billones por fiscalización.



<h2 id="h-qu-hacer">¿Qué hacer?</h2>



Javier Mejía, PhD en economía y profesor asociado de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, asegura que el mejor promotor de la tributación es un sistema de recaudo sencillo con tasas bajas. “Por un lado, reduce los costos de recaudo fomentando el cumplimiento, y por el otro, reduce costos de supervisión, lo cual hace más difícil la evasión”.



El experto añade que, como medidas complementarias, podrían aumentarse los recursos financieros y humanos asignados a los departamentos de impuestos. “En Colombia, puntualmente, uno de los mayores retos está en procurar que sectores informales y rurales paguen más. Enfrentar este reto exige innovación. Algo que ha resultado importante en ese esfuerzo ha sido, por ejemplo, la progresiva bancarización de la población colombiana”, comenta.



Por su parte Lina Ortiz, abogada consultora en impuestos, expresa que es necesario establecer definiciones, parámetros y procedimientos claros para que la administración pueda aplicar las medidas existentes. Añade que “actualmente el problema es llevar a la realidad las normas ya dispuestas en la materia, puesto que existe incertidumbre en los contribuyentes y, parece ser, que en la administración también”.



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Sobre los paraísos fiscales, Mejía dice que existe una visión tradicional legalista a la hora de pensar el problema de dichos territorios. “Esta, básicamente, piensa que aprovechar la existencia de lugares con baja tributación viola una suerte de derecho natural que ciertos territorios tienen a una fracción de la riqueza generada por sus ciudadanos. Yo, personalmente, creo que en un mundo globalizado esa visión tiene poco sentido”.



Para el experto, una solución definitiva a los paraísos fiscales requeriría un cambio completo en la gobernanza mundial. No obstante, asegura que las alternativas que tienen países pequeños como Colombia para luchar contra la evasión en paraísos fiscales son realmente pocas. “Quizá la más efectiva sería el fortalecer acuerdos bilaterales de intercambio de información, lo cual exige gran voluntad política y destreza diplomática”.



Según Lina Ortiz, los paraísos fiscales pueden generar inequidades y afectar la sana competencia comercial, lo que incrementa la sensación de injusticia entre los contribuyentes. “Es de gran complejidad lograr desincentivar los paraísos fiscales dada la soberanía de esas jurisdicciones. Sin embargo, esto será posible en la medida en que el efecto en la imposición para el contribuyente sea el mismo y se logren mayores intercambios automáticos de información”.



Por su parte, Liliana Heredia, profesora del departamento de contabilidad y finanzas de la Javeriana de Cali, y experta en temas tributarios, recuerda que es necesario insistir en que los inversionistas no se van de un territorio solo por temas tributarios, sino que la competitividad, la seguridad, la estabilidad jurídica, entre otros, son variables tanto o más importantes que los tributos al elegir dónde invertir el capital.



Desde la visión de Mejía, Colombia debe hacerles la vida más sencilla a las empresas. “Un aspecto importante de esto es, en efecto, tener un sistema tributario más competitivo, lo cual no solo implica menores tasas impositivas para las firmas, sino además una estructura de recaudo más sencilla y mejor alineada con los estándares internacionales. Más importante, sin embargo, es ofrecer garantías de estabilidad jurídica de largo plazo”.



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Mejía complementó su idea diciendo que “las protestas recientes han hecho claro que las empresas están bastante desprotegidas ante diferentes tipos de iniciativas políticas. Consolidar un marco institucional en el que las empresas pueden desarrollar sus actividades sin temor a ser expropiadas o vandalizadas es indispensable para fomentar la inversión. Esto requiere compromisos de las diferentes fuerzas políticas del país”.



Por último, Ortiz indica que, más allá de tarifas en los impuestos, entre las cosas en las que debe trabajar Colombia está mejorar la estabilidad jurídica y mejorar el diseño del sistema tributario, sobre todo para ser más atractiva y minimizar los riesgos de que los capitales se vayan a paraísos fiscales, o que las empresas dejen de invertir en el país. “Las empresas necesitan poder hacer proyecciones financieras que les permitan desarrollar sus negocios de manera estable”.

Foto: Diana Rey Melo / Forbes Colombia.

Paraísos fiscales y evasión: el billonario hueco en Colombia

En el <a href="https://bit.ly/3pZdNZu">Marco Fiscal de Mediano Plazo</a> (Mfmp) el Gobierno mostró que al déficit fiscal le tomará al menos hasta el 2026 bajar del 3%, lo cual además de reflejar la crisis evidencia la necesidad de ajustar las finanzas públicas y la regla fiscal. 



Para poner en contexto, en un escenario donde se vendan activos estatales el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central pasaría del ya histórico 7,8% del PIB en 2020 ($77,7 billones) al 8,6% del PIB en 2021 ($95,7 billones) y empezaría a reducirse al 7% del PIB en 2022 ($83,5 billones).



Sin embargo, de no lograrse dichas ventas, el déficit fiscal aumentaría a niveles del 9,9% del PIB ($109,7 billones) en 2021 y del 7,6% ($90,6 billones) en 2022. Este panorama muestra que la venta de activos juega un papel importante en las cuentas del Gobierno, sin embargo, el reto es consolidar dicho plan de enajenaciones que hasta el momento contempla la venta de ISA a Ecopetrol. 



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Dado el panorama expuesto en el Mfmp, Forbes habló con expertos para saber qué características debe contener la nueva regla fiscal para que el país retome dicho mecanismo a partir de 2022, luego de que la regla actual fuera suspendida entre 2020 y 2021 por el tamaño de la crisis. 



<h3 id="h-una-nueva-regla-fiscal">Una nueva regla fiscal</h3>



La mayoría de los expertos consultados coinciden en que retomar la regla suspendida tal y como existe el otro año es muy difícil porque implicaría una reducción del déficit hacia niveles cercanos al 2% o 3%, lo cual sería casi que imposible por la realidad de las finanzas públicas tras la crisis. 



Además, los expertos reiteran la importancia de poner metas en términos de deuda porque durante años se cumplió la regla respecto al déficit pero no se estabilizó el endeudamiento, lo cual afecta la estabilidad de las finanzas en el mediano y largo plazo. 



Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, resaltó que independientemente de si se venden activos o no, es indispensable que la regla fiscal agregue un ancla de deuda que permita hacer sostenibles las finanzas públicas a futuro. 



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Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, complementó diciendo que incluir una meta en términos de deuda es relevante porque &#8220;la gran preocupación por parte de las agencias de calificación de riesgo tiene que ver con la evolución de la deuda pública que ha crecido prácticamente de manera ininterrumpida en los últimos 7 u 8 años&#8221;. 



Por su parte, Juan Pablo Espinosa, director de investigaciones económicas de Bancolombia, reiteró que es necesario definir una nueva regla porque intentar volver al mecanismo suspendido por la crisis requeriría que &#8220;se hiciera un ajuste muy fuerte del déficit fiscal, que no es factible dada la realidad del país hoy en día y que indudablemente tendría un efecto negativo sobre la capacidad de recuperación de la economía&#8221;. 



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<h3 id="h-se-retomar">¿Se retomará?</h3>



De acuerdo con un trino del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, eso será una tarea del próximo Gobierno. Puntualmente, dijo que &#8220;la deuda del gobierno seguirá subiendo hasta 2023. El actual gobierno no logrará retomar la Regla Fiscal. Encausar las finanzas hacia una nueva regla será tarea de la próxima administración&#8221;. 



En línea con lo anterior Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, indica que aunque la regla fiscal es un mecanismo útil para controlar las presiones de gasto y los niveles de endeudamiento, &#8220;no deberíamos apresurarnos en retomar la regla fiscal hasta que la economía se haya recuperado. Pienso que no habría problema en regresar a esta hasta 2023&#8221;. 



Reyes añadió que lo más importante ahora es fomentar la recuperación económica del país para que con ello &#8220;haya más posibilidades de tener el recaudo necesario para cumplir con nuestras obligaciones y recaudar los impuestos que necesitamos no solo para pagar la deuda sino para invertir en las cosas que requiere el país&#8221;. 



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<h3 id="h-algunas-consecuencias-de-no-retomarla">Algunas consecuencias de no retomarla</h3>



Espinosa, del equipo de investigaciones económicas de Bancolombia, aseguró que no tomar ninguna determinación sobre la regla haría que la actual siguiera suspendida y en la práctica &#8220;eso implicaría que el mecanismo de control de expectativas fiscales y ancla para el manejo fiscal se perdería por completo y el país entraría en capítulo más agudo de incertidumbre sobre el rumbo de las finanzas públicas&#8221;. 



El experto de Bancolombia añadió que lo anterior &#8220;implicaría la pérdida de confianza por parte de los inversionistas tenedores de deuda, lo cual haría mucho más caro y difícil el financiamiento del Gobierno en los mercados financieros&#8221;. 



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Sobre este punto, Luis Fernando Mejía expuso que no retomar a la regla &#8220;es un escenario que deberíamos evitar a toda costa&#8221;. 



Tanto el ajuste a la regla fiscal como la reforma, en la medida en la que pueda recaudar ese 1,4% adicional junto con medidas de recalibración de metas de mediano plazo e incorporación de meta de deuda pública, serían suficientes para que el país pueda volver a arrancar en la senda de consolidación fiscal desde el próximo año, resaltó el director de Fedesarrollo.



De no logarse lo anterior, Mejía comentó que el país perdería el grado de inversión por parte de Fitch Ratings y Moody&#8217;s, pues ya lo perdió por parte de Standard &amp; Poor&#8217;s recientemente. 



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Qué tan probable es que Colombia no retome la regla fiscal en 2022

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